Introducción
| Autor | Édgar González López |
| Páginas | 27-30 |
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introduccin
Desde la expedición de las Leyes 12 de 199 y 131 de 29, que regularon los servicios
públicos domiciliarios y de tecnologías de la información y las telecomunicaciones, existe
un importante debate doctrinal y jurisprudencial sobre las Comisiones de Regulación y el
concepto y contenido de la función de regulación.
La misma Corte Constitucional ha planteado diversos criterios sobre el concepto de
regulación y sobre las funciones de las autoridades que la ejercen, lo que a su vez ha in-
fluido en la jurisprudencia del Consejo de Estado, sin que pueda vislumbrarse con certeza
el alcance y contenido de estas instituciones y de sus funciones, durante estos 23 años de
la expedición de la primera ley.
Sin embargo, siempre ha existido un relativo consenso en el sentido de que se trata
de una modalidad de intervención del Estado en actividades económicas calificadas como
servicio público y, en otros países, como servicios de interés general económico, ejercida
por autoridades administrativas con ciertas características especiales, como su autonomía
y experticia técnica.
No obstante, no ha existido en Colombia el desarrollo doctrinal y jurisprudencial que
hubiera de esperarse sobre una institución y una función que pareciera permear aspectos
vertebrales de la Constitución, como la división de poderes o la misma organización ad-
ministrativa.
Otra situación, que ha afectado en gran medida el análisis de la regulación y de las
comisiones correspondientes, obedece a los cambios y dinámica de los sectores regulados,
algunos en mayor medida, como el sector de las tecnologías de la información y las teleco-
municaciones, el avance tecnológico y la convergencia de bienes, de servicios, de industrias
y de contenidos, ya que estos han mostrado que el mundo actual resulta bien diferente al
regulado entre 199 y 29.
Muestra de ello, se observa en el sector audiovisual, todavía denominado en Colombia
como servicio de televisión, y el nuevo entorno de las telecomunicaciones y de las tic,
analizado no solo desde su perspectiva de servicio público, sino como instrumento esencial
de la sociedad de la información y del conocimiento.
Irrumpe en este nuevo panorama el concepto del ecosistema digital, que muestra la
convergencia de servicios heterogéneos para la comunidad, como el de transporte, de turis-
mo, y otros contenidos, mediante sistemas virtuales que acercan a los agentes del mercado,
y en su doble función de oferta y de demanda de bienes y servicios, mediante aplicaciones
que suministran empresas cada vez de mayor envergadura. Este nuevo escenario plantea
desafíos a la ciencia jurídica, de si deben regularse estos nuevos espacios del ecosistema
digital y, en caso afirmativo, bajo qué alcance y contenido.
Como se observa, el proyecto de investigación que se presenta a consideración de la
academia, de las entidades que en forma directa o indirecta intervienen en la prestación
de estos servicios o en la cadena de valores de estos, y aún para el estudiante y ciudadano
común, tiene una enorme importancia, pues solo del análisis multidisciplinario de estas
instituciones podrán extraerse las soluciones, o por lo menos identificarse los problemas
jurídicos que encierran, a la luz de lo expuesto por los 36 artículos de esta obra colectiva,
que se ha organizado de la siguiente manera:
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