Introducción
| Autor | Julián Tole Martínez |
| Páginas | 15-17 |
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introduccin
En las últimas tres décadas, el crecimiento de la actividad empresarial a escala
global ha estado acompañado por la tendencia de los países latinoamericanos
de atraer y proteger la inversión extranjera como una estrategia para poten-
ciar el desarrollo de sus economías. Colombia no ha sido la excepción a esta
realidad y desde la Constitución de 1991 ha estimulado la llegada de grandes
empresas trasnacionales a su territorio. De manera que, al día de hoy, un im-
portante porcentaje de los sectores económicos de producción de bienes y de
prestación de servicios se encuentran liderados por estas compañías, despla-
zando al olvidado Estado interventor que por casi medio siglo proveía estos
bienes y servicios, además que logró proteger a los empresarios colombianos
mediante los instrumentos económicos de la denominada “industrialización
por sustitución de importaciones”.
Estas compañías trasnacionales no solo han adquirido gran poder económico
y político; al mismo tiempo, gracias a los distintos movimientos sociales en los
países latinoamericanos e internacionales que abogan por los derechos huma-
nos y la responsabilidad de las empresas, han logrado poner sobre la mesa el
debate de la responsabilidad de las empresas por los efectos de su actividad en
los derechos humanos, que van más allá de las acciones voluntarias de respon-
sabilidad social empresarial. Tales instrumentos, como los Principios Rectores
de las Naciones Unidas, las Líneas Directrices de la ocde y los Códigos de
buenas prácticas de la oit, comportan el marco general de los estándares de
protección de los derechos humanos por parte de las empresas.
Aquí surge la pregunta central que trata de resolver esta obra colectiva, y
que supone una enorme dificultad por resolver en el Estado colombiano: cómo
lograr un equilibrio entre la liberalización de los mercados, los estándares de
protección de la inversión extranjera, las libertades económicas (libre empresa,
libre competencia, etc.) y los mandatos constitucionales y convencionales sobre
la protección de los derechos humanos de la población y los grupos vulnerables,
que frecuentemente se encuentran en conflicto o en tensión.
Este dilema de Colombia representa el reto más imperioso del Estado so-
cial de derecho; precisamente por ello, en esta obra colectiva los autores rea-
lizan un acercamiento a esta problemática desde enfoques académicos de los
distintos grupos de interés (stakeholders), tales como instituciones del Estado
que protegen derechos humanos, consumidores, activistas de los derechos del
medio ambiente, grupos étnicos y académicos, para mostrar diferentes lecturas
de las relaciones de las empresas del sector minero-energético, farmacéutico,
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