Libre competencia - 26 de Octubre de 2015 - El Tiempo - Noticias - VLEX 585453670

Libre competencia

Jorge H. Botero*

Pendiente el recurso contra el fallo del Superintendente de Industria y Comercio, que impuso sanciones a un conjunto de empresas y empresarios del sector azucarero por actos contrarios a la libre competencia, me parece inconveniente y prematuro proferir, como otros lo han hecho, exculpaciones o condenaciones públicas. Opto por lo que me parece útil para el país: la defensa del libre mercado y el respeto que merecen las instituciones que velan por su preservación, las cuales deben actuar no solo con rigor y objetividad, sino con independencia frente al Gobierno y al Congreso. Durante siglos, el pensamiento económico trató de establecer los factores determinantes del ‘precio justo’ de bienes y servicios, sin que se llegara a una solución satisfactoria. Una teoría, que estuvo en boga en el siglo XIX y cuenta todavía con algunos adherentes, sostiene que el precio debe ser función de la cantidad de trabajo necesario para producirlo. Sin embargo, ignora que su calidad también importa, al igual que la idoneidad del producto para satisfacer las necesidades de los adquirentes y, en última instancia, la interacción entre oferta y demanda. Además, como ese supuesto precio justo no es por sí solo evidente para los agentes económicos, es menester que funcionarios clarividentes lo definan. Es lo que sucede en Venezuela, en donde existe un ‘Comando Nacional de Precios Justos’ para vigilar que los empresarios no sobrepasen determinados márgenes. El resultado del sistema es funesto: ya sea porque no hay oferta, o porque los oferentes se pegan al límite superior y no hay competencia. En la generalidad de los países se acepta que el precio justo es el que resulta de la interacción de múltiples actores en un mercado libre. De allí la necesidad de sancionar a quienes impidan la formación de precios, bajo las reglas de la competencia leal y transparente. Desde tiempo atrás, Colombia viene empeñada en fortalecer las reglas destinadas a impedir las prácticas no competitivas, como las que derivan de acuerdos colusivos...

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