Los líos jurídicos que le aparecieron a la consulta antitaurina - 14 de Julio de 2015 - El Tiempo - Noticias - VLEX 577898722
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Los líos jurídicos que le aparecieron a la consulta antitaurina

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Análisis

Carol Malaver Redactora de EL TIEMPO Más enredado que nunca se encuentra el proyecto radicado por un grupo de ciudadanos y el Distrito en el Concejo de Bogotá para darle viabilidad a una consulta popular que ponga a consideración del pueblo si hay o no tradición taurina en la capital. Además de ser un proyecto polémico –le costaría a una ciudad llena de prioridades más de 35.000 millones de pesos–, varios constitucionalistas, académicos y hasta la propia Registraduría Nacional han puesto sobre la mesa las trabas que habría para llevar a cabo la jornada, por lo menos el próximo 25 de octubre. Algunos expertos advierten que el Concejo de Bogotá, al tener solo facultades administrativas, no debería, ni siquiera, discutir la viabilidad de un proyecto que solo le concerniría al Congreso de la República, la única institución encargada de debatir y cambiar lo referente a la Constitución y la ley. Santiago García, abogado experto en derecho constitucional y profesor de la Universidad Javeriana, explica que aunque la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana, no todos los temas son susceptibles de discutirse por esta vía. “El primer escollo es de competencia. Los alcaldes y gobernadores solo pueden proponer consultas sobre temas de su competencia, como el día sin carro o la ciclovía, pero no de temas como un impuesto de renta”. De otro lado, la Ley 916 de 2004 dice que las plazas de toros permanentes se construyen para el uso privilegiado de las corridas de toros, y la sentencia T296 de 2013 ordenó que la Alcaldía no puede hacer actuaciones administrativas que dilaten el regreso de los toros a la Santamaría. “Para contrariar eso habría que tumbar esa ley por medio de un referendo derogatorio, otro mecanismo de participación un poco más complejo. No toda participación del pueblo tiene carácter de poder absoluto”. Aunque García explica que lo que hace el Concejo de Bogotá al discutir sobre la formulación de la pregunta está bien, “la convocatoria del Alcalde está viciada porque el cuestionamiento busca, implícitamente, derogar la Ley 916 de 2004, y eso solo lo puede hacer el Congreso vía referendo derogatorio”. Agrega que no se puede probar la existencia de una tradición a través del ‘sí’ o el ‘no’. “En el caso hipotético de que se aprobara la consulta, sus resultados no tendrían aplicación jurídica. Se invertiría una suma millonaria en lo que terminaría siendo una encuesta solo para enmarcar. Ahí debe haber responsabilidad...

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