Lucha contra la violencia de género, un compromiso de anuncios y pocos resultados
Connectas (*)Si bien hay administraciones con estructuras eficientes y con algunos resultados, el panorama de los programas liderados por los gobiernos nacionales plantea más interrogantes que certezas. Esto a pesar de que en la región, la segunda década de este siglo fue un momento decisivo en la lucha para prevenir y atender la violencia contra la mujer. Con la mayor participación de los movimientos feministas y la presión internacional, en pocos años surgieron diversas legislaciones. Los primeros fueron Costa Rica y Guatemala, que tipificaron el feminicidio en 2007 y 2008, respectivamente. Luego, entre 2010 y 2016 se firmaron leyes semejantes en México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. El último en la región fue Uruguay, en 2017. También la institucionalidad avanzó. La mitad de los países latinoamericanos cuentan con ministerios de la Mujer. Y, a la vez, se crearon programas específicos en casi todas las naciones enfocados en la prevención de la violencia de género. No obstante estos cambios, el informe Carga de la violencia armada (2015) del Instituto Superior de Estudios Internacionales y Desarrollo de Ginebra, y citado por ONU Mujeres, mostró que 15 de los 25 países con mayores tasas de feminicidio en el mundo estaban en este continente. En ese tiempo El Salvador era el que encabezaba el ranking mundial y lo seguía Honduras. Entre los 25 también estaban: Guatemala (4), Bahamas (5), Guyana (7), Belice (8), Venezuela (9), Colombia (10), Antillas (11), Brasil (13), República Dominicana (16), Panamá (19), Puerto Rico (22) y México (23). En la región, en 2017, hubo al menos 4.298 feminicidios en 17 países de Latinoamérica, de acuerdo con reportes de la Cepal y de ONG. En 2021, hubo 4.225. El aumento de las penas contra este tipo de asesinatos y las acciones de prevención y atención de casos en peligro no ha generado aún una baja relevante en las cifras. Uno de los crímenes que ejemplifican la incapacidad estatal para proteger a las mujeres es el de Mirtha Costaleite, una trabajadora boliviana de San José de Chiquitos en el departamento de Santa Cruz, quien en mayo de 2022 acudió al Servicio Legal Integral Municipal buscando una valoración psicológica para que el fiscal de turno ordenara la aprehensión de su agresor. Pero la única psicóloga para más de 28.000 habitantes le pidió volver otro día porque tenía mucha carga laboral. Cuando la víctima recibió la última amenaza vía teléfono de parte de su expareja fue a buscar al policía de Tránsito que también atendía casos de violencia de género; sin embargo, este estaba de descanso. Su agresor la atacó y asesinó. Otra psicóloga contratada y un equipo profesional más robusto, por ejemplo, podrían haber significado que Mirtha siguiera viva. Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, y Carla Gutiérrez, directora del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, coinciden en que la inadecuada inversión en prevención y atención contra la violencia de género agudizan el problema. Recursos inestables En Bolivia se obliga a las gobernaciones a destinar parte del presupuesto para Seguridad Ciudadana a la atención, construcción y equipamiento de Casas de Acogida para víctimas de violencia. Entre 2013 y 2020, el promedio de ejecución de estos fondos fue del 57,5 por ciento. Además, parte importante del presupuesto de las gobernaciones para violencia de género se consume en viajes, viáticos y refrigerios para el personal. Por ejemplo, en Potosí, en 2021, esos ítems, sumados a fotocopias y publicidad, representaron hasta el 38 por ciento de lo programado. La ley también manda a las gobernaciones a construir casas de acogida y equiparlas, pero solo cuatro de nueve gobernaciones cumplieron, según el Sistema de Contrataciones Estatales. Sánchez, quien además en 2019 fue directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización del Ministerio de Justicia de Bolivia, explica que incluso puede existir infraestructura, mas no atención integral en esas casas de acogida porque no hay equipos multidisciplinarios o no existe un lugar para dormir con sus hijos. Por eso las mujeres terminan yéndose de allí. En Brasil la situación es similar: presupuestos que no se ejecutan y cifras de feminicidio que se mantienen altas. En 2020 hubo 1.738 feminicidios, una cifra récord que ubicó al país como el quinto de la región con mayor tasa ese año. Esta cifra podría ser más grande, pues en Brasil solamente el 34 por ciento de los asesinatos de mujeres son registrados como feminicidios. Ese mismo 2020, el 70 por ciento del presupuesto comprometido para frenar la violencia de género no fue invertido. Al año siguiente, los recursos fueron destinados a pagar compromisos de años anteriores. Para 2022, el presupuesto para combatir la violencia contra la mujer fue el más bajo del mandato del presidente Jair Bolsonaro. Unos ocho millones de dólares, 33 por ciento menos que en 2021. La institucionalidad insuficiente es un factor común detrás de la falta de ejecución presupuestal para la lucha contra la violencia de género en Latinoamérica. Según un estudio del Banco...
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