Mediante proyecto de ley se pretende evitar la salida de 25.000 reclusos de las cárceles
Falta poco para que se apruebe un proyecto de ley que fue radicado por el gobierno y la Fiscalía General de la Nación en el Congreso de la República, para evitar la excarcelación automática de casi 25.000 reclusos el próximo 7 de julio; fecha en que empieza a aplicarse los plazos máximos de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, contenidas en la Ley 1760 de 2015.
Esta ley obliga a que este tipo de medidas de aseguramiento que recluyen a los acusados de algún crimen no excedan de un año o, en casos especiales, de 3 años si se trata de un proceso ante la justicia penal especializada o si se trata de casos de corrupción. Si la medida de aseguramiento excede este tiempo sin que se haya surtido el debido proceso judicial, el acusado será liberado automáticamente.
La norma también menciona que estas medidas privativas de la libertad solo pueden imponerse si se prueba que el acusado podría obstruir el proceso judicial, si constituye un peligro para la sociedad o la víctima; o si pudiera ser probable que el imputado se fugue o no comparezca ante el juez que conozca su caso
Tal término y condiciones comenzarán a aplicarse este próximo 7 de julio y se calcula que casi 25.000 reclusos de las cárceles colombianas recobrarán su libertad a causa de que aún no se les ha aclarado su situación jurídica. Actualmente estas garantías no se están aplicando, lo que lleva a que los acusados permanezcan recluidos con medida de aseguramiento de manera indefinida hasta que la rama judicial conozca su caso y falle respecto a este.
Esta norma fue desarrollada luego de que la Corte Constitucional mencionara que en Colombia no se estaban garantizando principios de derecho tan básicos para el respeto del ser humano como el Habeas Corpus y la presunción de inocencia; por esto en la ley debían fijarse, por lo menos, plazos fijos de las medidas de aseguramiento que priven la libertad de los individuos.
Como ya se aproxima la aplicación de esta norma, la solución de urgencia que avizora el gobierno es que se extienda el plazo para esta misma aplicación. El Estado quiere evitar que los acusados de delitos graves como abuso sexual, asesinato, violación de menores, u otros más mediáticos como los acusados por falsos positivos, los casos de corrupción como las personas implicadas en el carrusel de la contratación o los cerebros del desfalco a Interbolsa, recobren su libertad al comenzar a aplicarse esta ley.
Sin embargo, tal solución estaría negando y...
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