Medida del Gobierno divide a pescadores en San Andrés; podrían perderse 350 empleos
santiago bohórquez garrott - Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPOUna resolución de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) estableció que la Junta Departamental de Pesca (Jundepesca) del archipiélago de San Andrés deberá exigir la tarjeta de residencia permanente para el otorgamiento de los permisos para ejercer la actividad pesquera y de acuicultura en su jurisdicción. Sus efectos fueron suspendidos por un juzgado del departamento, fallo que fue impugnado y pasó a segunda instancia, lo que definirá la suerte de la pesca en el archipiélago. Sectores de la pesca artesanal defienden esta medida, otros la califican como "desproporcionada e injusta". Expertos señalan que esta resolución impactaría negativamente a las islas. La Resolución 1972 del 5 de septiembre de 2023 de la Aunap desató la polémica entre quienes defienden la inclusión de personal proveniente de otras partes del país en la pesca del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y quienes abogan por restringir la actividad a pescadores raizales y residentes. Frank Escalona, representante de la pesca comercial industrial del archipiélago en la Junta Departamental de Pesca (Jundepesca), lamentó que la Aunap nunca socializó la eventual implementación de esa medida; complementó diciendo que precisamente se estaba trabajando en mesas de concertación para la pesca sostenible convocadas por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, al momento en que se expidió la resolución de la Aunap. La discusión no es nada reciente. En la década de 1970, se introdujo el sistema de pesca industrial en el archipiélago, lo cual causó rechazo dentro del pueblo étnico raizal en las islas; sectores de este señalan hoy que en ese momento no existió consulta ni diálogo al respecto. Representantes de este sector que defienden la Resolución 1972, como Edgar Jay Stephens, líder de la Federación de Pescadores, señalan que este debate "trata es de los principios básicos para la supervivencia de una etnia y la protección del medio ambiente, de los pescadores artesanales raizales y residentes legítimos, y de los recursos naturales". En reunión de Jundepesca del 29 de septiembre, se aprobó la nueva zonificación de las Áreas Marinas Protegidas (AMP), que no permite la pesca industrial en Serrana, Roncador ni Quitasueño. Un fallo emitido el 27 de septiembre por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó...
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