Microemprendimientos como instrumento de combate a la pobreza: una evaluaci
| Autor | Ramírez Angulo, Natanael |
| Cargo | Empresas de menor tama |
MICRO-ENTREPRENEURSHIP AS POVERTY FIGHTING TOOL: A SOCIAL EVALUATION OF THE MEXICAN CASE
MICROEMPREENDIMENTOS COMO INSTRUMENTO DE COMBATE À POBREZA: UMA AVALIAÇÃO SOCIAL PARA O CASO MEXICANO
LES MICRO-ENTREPRISES COMME DES OUTILS POUR COMBATTRE LA PAUVRETÉ: UNE ÉVALUATION SOCIALE POUR LE CAS DU MEXIQUE
Introducción
Las repercusiones de la crisis económica y financiera internacional de la década pasada se han traducido, en los años recientes, en un incremento en la incapacidad del mercado laboral mexicano para absorber una parte significativa de la población económicamente activa, lo que presiona al alza la tasa de desocupación del país e, incluso, genera un incremento importante en la movilidad de las personas que viven en zonas de alta pobreza y marginación hacia regiones donde estas vislumbran una mejor oportunidad (Mungaray Escamilla, Ramírez y Aguilar, 2014; Dieterlen, 2003).
Una respuesta por parte de este sector de la población, que no encuentra espacio en el mercado laboral o que no está satisfecho con lo que puede obtener en este, ha sido el autoempleo o la conformación de una microempresa mediante la generación de un emprendimiento que les permita, al menos, generar los ingresos necesarios para subsistir (Aguilar, Ramírez y Barrón, 2007). Estos emprendimientos, con los que empeñosamente se busca generar los ingresos que probablemente no se pudieron conseguir en el mercado laboral y que emplean al 40% de la población (Mungaray et al., 2010), suelen contar con promotores con una muy limitada dotación de recursos financieros y baja formación educativa, no obstante representan, en algunos casos, decisiones de vida que van más allá del ámbito económico, aunque no haya muchos estudios empíricos que evidencien su valor social.
Desde una perspectiva económica, los resultados de los programas asistenciales muestran que, a pesar de las circunstancias desfavorables en las que se crean, muchos de estos emprendimientos tendrían la posibilidad de convertirse en microempresas exitosas a su nivel, de contar con el apoyo de programas públicos o privados que les permitan acceder al conocimiento y los recursos que requieren para consolidarse. Por otro lado, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) reconocen en estos esfuerzos una vía de mercado para fortalecer la estructura empresarial y mitigar la pobreza, por su papel como redistribuidores del ingreso (Bellandi y De Propis, 2012).
En el caso de México, estas microempresas generalmente operan al margen de la formalidad, mantienen bajos niveles de rentabilidad económica y presentan restricciones para impulsar su propio crecimiento. A pesar de estos inconvenientes, podrían ser rentables económicamente, pero sobre todo socialmente, ya que el saldo entre los beneficios indirectos y externalidades positivas--que contribuyen, por ejemplo, al abatimiento a la pobreza o la estabilización social de corto plazo--sería mayor que el que representan los costos indirectos y externalidades negativas que generan podrían, por ejemplo, fomentar la informalidad económica o afectar negativamente la plusvalía de zonas residenciales--, sobre todo una vez que han recibido asistencia técnica y económico-financiera, lo que justificaría el apoyo que les pueda brindar el Estado (Mungaray, Ramírez, Ramírez y Texis, 2010).
Bajo ese contexto, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la rentabilidad económica y social de un grupo de microempresas marginadas de la ciudad de Tijuana (México) y probar la hipótesis de que estas pueden incrementarse a través de la asistencia, capacitación y apoyo económico, con el fin de determinar qué tan pertinente resulta el fomento de su desarrollo como complemento a las estrategias de combate a la pobreza y de desarrollo social que se aplican en el país.
Comportamiento de la pobreza en México
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2010) de México, una persona es vulnerable por carencia social cuando no tiene garantizado el acceso a, al menos, uno de los siguientes seis derechos: 1) educación, 2) servicios de salud, 3) seguridad social, 4) calidad y espacio en la vivienda, 5) servicios básicos en la vivienda y 6) alimentación. Por otro lado, se considera que una persona no cuenta con el bienestar económico básico si no supera una determinada línea de ingreso, calculado a través de criterios específicos establecidos en la normativa legal que toma en cuenta desarrollos teóricos disponibles en la literatura y la experiencia latino-americana, combinando mediciones de pobreza por ingresos con las de necesidades básicas insatisfechas.
Según estos criterios, la población se puede clasificar en cuatro categorías: 1) aquellos que se encuentran en pobreza multidimensional, 2) los que son vulnerables por carencia social, 3) los que son vulnerables por ingresos y 4) los que no son pobres o vulnerables (figura 1). La pobreza multidimensional a su vez se puede clasificar en pobreza extrema y moderada. Una persona es clasificada en el rango de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias sociales (umbral de privación extrema) y su ingreso es insuficiente para alcanzar la canasta alimentaria (bienestar económico mínimo), mientras que se encuentra en pobreza moderada cuando siendo pobre multidimensional, tiene entre una y dos carencias sociales o tiene unos ingresos económicos entre el costo de la canasta básica y la línea de bienestar (Coneval, 2014a).
En México, a pesar de diversos programas y políticas públicas que se han venido implementando desde los 70 para atender el problema de la pobreza (1), esta se ha mantenido (Barajas, 2002). A finales de los 80, existían 47 millones de pobres (individuos por debajo de la línea de bienestar), que representaban el 52% de la población total, y 30 años después, en el 2013, la cifra era de 53 millones de habitantes en situación de pobreza, que representaron el 51% del total poblacional; de ellos, el 10% se clasifica en situación de pobreza extrema (Coneval, 2014a).
En el 2012, la pobreza moderada en México se concentraba en 17 entidades federativas, localizadas principalmente en las zonas centro y sur del país, donde al menos el 35% de su población soportaba carencias de este tipo, por lo que sus ingresos no alcanzaban el nivel básico y padecían la falta de al menos uno de los seis indicadores sociales mencionados previamente (figura 2). Destacan entidades federativas como Tlaxcala, Puebla y Zacatecas, en las que alrededor del 50% de su población se encontraba en esta situación en el año referido (tono intenso en la figura 2), mientras que en estados del norte del país, como Nuevo León, Sonora y Coahuila, la incidencia era mucho menor, pues la población que padeció niveles de pobreza moderada no superaba el 25% (tono débil en la figura 2).
En el caso de la pobreza extrema (figura 3), destacan entidades federativas como Chiapas y Guerrero, donde más del 30% de su población padecía este nivel de pobreza en el 2012. Este dato es especialmente preocupante si se traduce en individuos, pues indica que entre ambos estados se concentran 2,7 millones de personas que no cuentan con los ingresos suficientes para satisfacer necesidades tan básicas como la alimentación y la vivienda, y tampoco con muchos de los derechos sociales fundamentales. La cifra anterior equivale al 23% de la población total del país que padece pobreza extrema. La distancia en porcentaje poblacional entre los estados de mayor (74,7%) y menor (23,2%) pobreza multidimensional (Chiapas y Nuevo León, respectivamente) es de 52 puntos, lo que evidencia las fuertes desigualdades regionales que existen en el país. Desde esta perspectiva, Baja California se encuentra entre los cinco estados con menor pobreza; sin embargo, es interesante ahondar un poco más sobre este tema.
En el caso particular del estado de Baja California, la población exclusivamente en condiciones de pobreza moderada fue de 906.895 personas, que tenían en promedio 2 carencias sociales; estas representaban el 28,6% de la población del estado. Esto significa que aproximadamente el 32,1% de la población bajacaliforniana vivía en condiciones de pobreza multidimensional. Por otra parte, había 111.014 personas (3,5%) en clasificación de pobreza extrema (Coneval, 2012b).
Para el caso de Tijuana, en el 2012 había 623.298 personas que recibían un ingreso por debajo de la línea de bienestar por su trabajo; cabe señalar que, en ese año, Tijuana era el quinto municipio con mayor número de población en situación de pobreza en México, con 525.769 personas (32,8% de su población), mientras que Mexicali ocupaba la posición 14 con 282.538 (30,2% de su población). Con respecto a los indicadores de carencia de los derechos sociales, el 55,9% de la población de Tijuana carecía de acceso a la seguridad social (2), el 41%, al de acceso a los servicios de salud y el 17,2% presentaba rezago educativo (Coneval, 2012a).
La pobreza en estados como Baja California suele concentrarse en personas migrantes procedentes de entidades federativas con todavía menores niveles de bienestar, como Chiapas u Oaxaca. El índice de tendencia laboral de la pobreza que estima la Coneval y que mide hacia dónde migra la población con mayor nivel pobreza ubica a Baja California, Nuevo León y el Distrito Federal como las principales entidades receptoras de población que enfrentan este fenómeno.
Emprendimientos sociales y microempresas
En la literatura reciente, el emprendimiento, en términos conceptuales, se concibe como la puesta en marcha de un nuevo negocio, sin que necesariamente se distinga por tamaño o monto de capital invertido para que pueda ocurrir (Lumpkin y Dess, 1996; Morris, Kuratko y Covin, 2008). Por otro lado, autores como Becattini, Bellandi y De Propris (2009) conciben al emprendedor no solo como una persona que invierte sus ahorros y compromete sus habilidades...
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