El modelo económico estatal en la constitución política de 1991 y su influencia en los servicios públicos domiciliarios
| Autor | Antonio Alejandro Barreto Moreno |
| Páginas | 99-125 |
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Antonio Alejandro Barreto Moreno*
Resumen
El presente escrito pretende definir dos aspectos de los servicios públicos
domiciliarios: en primer lugar, identificar los orígenes constitucionales de la
reformulación del concepto de servicios públicos domiciliarios y la fidelidad
de su desarrollo legislativo. En segundo lugar, pretende verificar si con la refor-
mulación del modelo económico iniciado en la Constitución Política (CP)
de 1991 y continuado por la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, estos
fueron repudiados por el Estado en su prestación, pero acogidos con detalle en
su regulación, o si la concepción económica acepta abiertamente que el ente
público actúe simultáneamente como operador y regulador en un mercado
abierto y competitivo normado por el derecho privado.
* Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en Derecho
de Daños de la Universidad de Salamanca, España, máster en Derecho de la Universidad
de los Andes y candidato a doctor en Derecho de esta misma universidad. Miembro del
Grupo de Investigación de Derecho Público de la Universidad de los Andes. Este escrito
hace parte de una investigación doctoral que el autor adelanta sobre servicios públicos
domiciliarios.
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Introducción
La investigación jurídica de los llamados servicios públicos domiciliarios
(SPD)1 estuvo íntimamente ligada al estudio del servicio público y en conse-
cuencia a su tradición doctrinal y legal.
Desde mediados del siglo pasado se ha señalado la notable dificultad
que entraña definir de modo consistente y sistemático la noción de servicio
público, por lo menos como una construcción conceptual y fundacional del
derecho administrativo2. Si bien durante muchos años se sostuvo, de manera
general, que la historia de los servicios públicos era la historia del orden o de
la estructura estatal, a la vez que la del derecho administrativo y, por qué no, la
del derecho público mismo3, hoy esa afirmación carece de validez.
Como construcción conceptual sistemática del derecho administrativo,
el servicio público en la actualidad ni ha desaparecido ni es propiamente el
centro y único objeto de estudio del derecho público; va más allá, dejó de
pertenecer al ámbito jurídico y hoy es una cuestión más económica, política
y social. En consecuencia, se puede hablar sin dificultad de la pervivencia de
la noción de servicio público como concepto social, político y económico que
superó la esfera de lo público. Se han sugerido varios criterios que en mayor o
menor medida han conseguido acercarse a la esencia contemporánea de este
concepto, siempre bajo la perspectiva de su amplia reformulación4.
En ese proceso de amplia reformulación del servicio público y de sus anti-
guas subdivisiones, los SPD han cobrado una autonomía e impulso propio
1 Se entiende por SPD los mencionados en el artículo 1.° de la ley 142 de 1994:
“acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefo-
nía pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural”.
2 “El derecho administrativo, por cuanto estudia los motivos determinantes de las
actividades públicas, la relación que hay entre gobernantes y gobernados y las funciones
de los primeros para satisfacer las necesidades colectivas, es, repetimos, el derecho de los
servicios públicos, resumen y razón de aquellas actividades”. Pareja, Carlos H., Curso de
derecho administrativo, 2.a ed., Bogotá, Editorial El Escolar, 1939, p. 271.
3 “El fundamento del derecho público no es el derecho subjetivo de mando, es la regla
de organización y de gestión de los servicios públicos. El derecho público es el derecho
objetivo de los servicios públicos”. Duguit, León, Las transformaciones del derecho (público
y privado), Buenos Aires, Editorial Heliastra S.R.L., 1975, p. 38.
4 Para una explicación general, ver Ariño Ortiz, Gaspar, Principios de derecho público
económico, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 585.
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