Una obligación perpetua - 5 de Septiembre de 2021 - El Tiempo - Noticias - VLEX 875441973
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Una obligación perpetua

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Vincent

Al resolver una demanda de constitucionalidad presentada por tres ciudadanos miembros del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, la Corte Constitucional dejó sin piso el acto legislativo 01 de 2020, que había establecido la cadena perpetua, revisable a los 25 años, para violadores de menores. En una votación de 6 a 3, el alto tribunal acogió la ponencia de la magistrada Cristina Pardo en dicho sentido, con el argumento principal de que el castigo constituía "un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la garantía de resocialización de las personas condenadas". Para la Sala Plena, la cadena perpetua tal y como fue establecida en el acto legislativo, que contó con el apoyo intenso del presidente Iván Duque, atenta contra la dignidad humana. Y es que, según la Corte, el fin de cualquier pena tiene que ser la resocialización del delincuente. Un fin "acorde con el principio de la dignidad humana, pues solo si se reconoce que la persona condenada puede retomar su vida en sociedad, se comprende que son posibles la modificación de su conducta y el desarrollo de su autonomía y su libre determinación". La decisión, que debe acatarse y respetarse, cancela de plano la posibilidad de contar con dicho castigo. Ante esta realidad, lo que procede es preguntarse qué se puede hacer para que la protección de los menores sea mucho más efectiva de lo que viene siendo hasta el momento. Las cifras, aterradoras sin duda, dejan clara la magnitud del desafío y la gravedad del problema. La directora del ICBF, Lina María Arbeláez, reveló el viernes que durante este año la entidad a su cargo ha abierto 9.927 procesos de restablecimiento de derechos por violencia sexual. Por desgracia, es factible que este año incluso se supere la cifra de 2020, cuando se registraron 14.226 casos de menores víctimas de violencia sexual. Como se ha dicho en más de una ocasión, las restricciones de la movilidad impuestas para hacerle frente a la pandemia de covid-19 han terminado favoreciendo a los predadores, que en el 72 por ciento de los episodios son familiares de las víctimas y habitan en la misma casa. Un informe reciente de la Unicef a partir de casos registrados en diferentes países estableció que nueve de cada diez adolescentes que han vivido este infierno conocían previamente a su agresor. No menos desolador es el dato de la impunidad: más del 90 por ciento de los casos quedan sin castigo para los responsables. Está claro que...

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