Liquidación oficial de revisión y recurso de reconsideración
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CONSEJO DE ESTADO
Cargos notariales
Es deber de la Administración hacer uso de la lista de elegibles cuando ella está
vigente y existen cargos de la misma categoría o denominación del ofertado o convocado
de Bogotá, haciendo uso de la lista de elegibles que se dio como resultado del Acuerdo 11
de 2010 que convocaba a concurso de méritos par a proveer vacantes de notarias de dife-
participó en el concurso de mé ritos y se encontraba incluido en la lista de elegibles, la
ser provista en propiedad sino en inte rinidad. La Sala haciendo una interpret ación teleo-
2000 y de Acuerdo 011 de 2010, concluye que la lista de elegibles debe ser empleada para
el evento en que no exista la lista en mención, se acudi rá al nombramiento en interinidad
primera regla, es deci r, si no hay lista de elegibles, se puede optar por los nombramiento
en encargo o interin idad, según el caso. Corolario de lo anterior y en el caso que ocupa el
estudio de la Sala, la necesidad de proveer de forma i nmediata las vacantes en los d ife-
surgió con posteriorida d a la convocatoria que se abrió mediante Acuerdo 11 de 2010,
como lo plantea la demanda, pues, en este ca so, la lista de elegibles estaba vigente y, por
tanto, el Gobierno Nacional estaba obligado a emplearla para efectu ar el nombramiento
en propiedad, como efectivamente se hizo. De hecho el Acuerdo No. 011 de 2010, en su
elegibles que se llegare a presentar para proveer titu lares en propiedad de los cargos de
notarios que no se encuentren provisto s mediante concurso público y abierto. Y por su
se invoca como vulnerado, segú n el cual, el nombramiento de los notarios en propiedad
se hará mediante concur so sino de los principios que rigen la función pública como los
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Terminación unilateral del contrato estatal
Esta potestad es exclusiva
de la administración y no del contratista
los contratos estatales y es cat alogada por la Ley 80 de 1993
como un poder excepcional al derecho común. El que sea
concede una potestad que rompe c on la posición simétrica
que en principio debe tener cada pa rte dentro de un contrato
y que, por consiguiente, la entidad estat al se coloca contrac-
tualmente en u na situación de privilegio ya que sólo ella tie-
ne el correspondiente poder espe cial y sólo ella puede usarlo
privilegiar y satisfacer su int erés individual en detri mento de
la satisfacción del interés general que envuelve la prestación
de los servicios públicos mediante la ejecución del objeto
contractual. De ot ra manera, si lo tuvieran ambas par tes, no
partes dentro del cont rato, aspecto éste que es de la esencia
de las cláusulas excepcionales. Y si sólo lo tuviera el con-
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ción del interés general. En Resumen, la potest ad de dar por
terminado u nilateralmente el contrato estat al sólo la tiene la
administ ración y nunca el contratista, sin perder d e vista que
esa facultad sólo puede ejercerse por aquélla en la form a,
la ley y sin perjuicio de los derechos del colaborador de la
administ ración. Luego de lo razonado se desprende que si en
un contrato estat al se pacta que el contratista puede dar por
terminado u nilateralmente el contrato, aún en el evento del
incumplimiento de la entida d estatal, ese pacto contraviene
norma imperativa al pr ivilegiar el interés individual sobre
el interés general que envuelve la prestación del ser vicio
público que se pretende prestar con la ejecución del obje-
to contractual. Todo lo cual, sin perjuicio de los derechos
del contratista y de lo que la ley dispone para los casos de
nulidad sustancial.
Para que la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pueda pronunciar sobre la legalidad respecto de la cual se haya inadmitido
elrecursoserequierequelaliquidaciónsedemandejuntoconelautoinadmisoriodelrecursoyelactoqueloconrma
Teniendo en cuenta que la Sala
encuentra probada la excepción de
inepta demanda, r evoca la senten-
cia apelada y, en su lugar, se decla-
ra inhibida para fal lar de fondo,
teniendo en cuenta las siguientes
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culo 720 del Estatuto Tributario,
el recurso de reconsideración es el
medio de impugnación para agotar
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cuando se demanda la liquida ción
permite al contr ibuyente prescindir
del recurso de reconsideración y
acudir direct amente ante la juris-
dicción, si ha atendido en debida
forma el requerimiento esp ecial.
De otra parte, la nor ma en mención,
, prevé que el recurso de
reconsideración debe interponerse
dentro de los dos meses siguientes
que se recurre. Si el recurso se pr e-
senta por fuera de ese lapso, la DIA N
debe inadmiti rlo mediante auto
contra el cual solamente procede
recurso de reposición, como lo pre-
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misión se agota en el momento de la
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lo 728 [parágrafo] . De modo
que para que la jurisdicción con-
tencioso administ rativa se pronun-
cie sobre la legalidad del auto que
inadmitió el recur so de reconside-
ración y pueda estudiar el fondo de
las pretensiones de la actora, deben
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tivo como el auto inadmisorio del
porque, como lo precisó la Sala (sen-
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misión, continúa haciendo par te del
obligatorio cumplimiento para la
administ ración y el contribuyente.
138 del Código Contencioso Admi-
nistrativo deben demanda rse el acto
obstante, aunque el auto que ina d-
mite la reconsideración no resuelve
el recurso administrati vo, puesto
-
sobre su legalidad como requisito
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guración o no del silencio adminis-
trativo positivo. De otra parte, pa ra
720 [parágrafo] del Estatuto Tribu-
tario, y demandar d irectamente la
indispensable no haber inter puesto
recurso de reconsidera ción contra
como lo precisó la Sala al señalar
que la facultad en mención presu-
pone la prescindencia del recurso de
reconsideración, esto es, abstenerse
de interponer el citado rec urso, lo
que excluye la presentación extem-
poránea de este medio de impugn a-
ción.
Cuarta de lo Contencio so Administra-
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