Gobierno ordenó intervención en tierras de los Montes de María
El cúmulo de denuncias, trampas e irregularidades que rodean los Montes de María, una de las zonas más fértiles y codiciadas del país, llevaron al presidente Juan Manuel Santos y al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, a ordenar su intervención.
"Por primera vez en la historia del país se va a implementar una política integral de tierras y desarrollo rural", explicó ayer Restrepo en el lanzamiento oficial del plan de choque, realizado en los Montes de María (entre Sucre y Bolívar).
La principal decisión es declarar dos zonas de reserva campesina y el efecto es garantizar allí el desarrollo de proyectos productivos para pequeños y medianos campesinos víctimas del desplazamiento forzado.
"Esas dos zonas tendrán el acompañamiento permanente del Estado para buscar el éxito económico y la seguridad física de sus integrantes, ante el riesgo de asesinatos selectivos", le explicó a EL TIEMPO Juan Manuel Ospina, gerente del Incoder.
Y agregó que el Ministerio del Interior ya elaboró un mapa de riesgos de las regiones en donde los desplazados están siendo amenazados por intentar recuperar sus parcelas. Según cifras oficiales, 25 víctimas ligadas a estos procesos ya han sido asesinadas.
El gerente del Incoder también advirtió que varias de las grandes extensiones que se conformaron con las ventas masivas contradicen la legislación que prohíbe que en zonas de reforma agraria (como los Montes de María) haya concentraciones superiores a 2.700 hectáreas.
Según sus cuentas, 20 mil hectáreas están en manos de tan solo 7 personas e igual número de firmas. Pero EL TIEMPO tiene evidencia de que son más de 75 mil hectáreas.
El listado de compradores masivos lo encabezan Manuel Medina Muñetón, José Alberto Uribe, Andrés Felipe Arango, Paula y Claudia Moreno Ángel; Otto Bula y Álvaro Echeverría. Este último ha insistido en la legalidad de las compras masivas y en que están dispuestos a que se revisen todos los negocios.
Compras masivas
Lo concreto es que un grupo élite -conformado por el Ministerio de Agricultura, la Fiscalía, la Policía, el Incoder y la Superintendencia de Notariado- ya identificó autorizaciones falsas de venta 'firmadas' por campesinos, y falsificación de actas del Comité de Protección a Desplazados con las que se levantaron los amparos que prohibía la comercialización de algunas parcelas.
En 1.432 casos se verifica si dicha protección se omitió y ya fue denunciada la registradora de Carmen de Bolívar por permitir venta de predios...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba