Las personas naturales también deben aplicar las tasas de usura
Los cobradiarios son personas que se dedican al otorgamiento de créditos, específicamente pequeñas cantidades de dinero para aquellas personas que se encuentran en una situación especialmente difícil o que por no tener ningún historial crediticio les es imposible conseguir un crédito en el ya bastante regulado sistema financiero.
Estas personas a las que les es muy difícil conseguir un crédito en el sistema financiero formal no tienen otra elección que buscar créditos en el mercado informal financiero que no se encuentra vigilado por la Superintendencia Financiera, ni regulado por las normas crediticias colombianas.
Lo más usual en estos créditos es que no se respeta ninguna limitación fijada por la superintendencia en cuanto al límite de la tasa de interés que debe cobrársele al deudor, llegando a cobrarse montos de interés que van desde el 15 al 20 por ciento mensual, lo cual es una diferencia radical frente a las tasas reguladas que actualmente se encuentran en el 52% tasa anual. También es normal que el crédito informal se pague de manera diaria. Al final, se puede esperar que el deudor de uno de estos créditos pueda terminar pagando hasta un 250% en intereses.
A los prestamistas informales les aplican las mismas normas
El Estado colombiano ha estado trabajando para eliminar esta opción de crédito informal. Sin embargo esto es sumamente difícil, a causa de que cualquier persona puede ser un cobradiario; simplemente se necesita dinero y alguien que lo necesite más y esté dispuesto a pagar intereses ridículos por él.
El último adelanto frente al tema fue la expedición del Decreto 1702 de 2015 con el que se pretende imponer a los otorgantes de microcréditos, quienes no son controlados por la Superintendencia Financiera, la reglamentación de la tasa de interés bancario que se aplica para el microcrédito, los principios básicos y las normas generales para el otorgamiento de un crédito, las modalidades de créditos fijados por la regulación colombiana y la información que debe constar por escrito y ser entregada al consumidor.
Los prestamistas que no se acojan a estas normas se les impondrán las sanciones previstas en el Estatuto del Consumidor que pueden llegar a multas de 2.000 salarios mínimos mensuales y procesos penales.
¿Son efectivas estas normas?
Es importante cuestionar la efectividad de estas medidas. Justamente el gobierno colombiano, con el objeto de evitar la informalidad crediticia, creó el sistema de microcréditos para...
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