La política de seguridad democrática 2002-2006: efectos socioeconómicos en las áreas rurales
| Autor | Gerson Javier Pérez Valbuena |
| Cargo | Doctor en Economía, Economista del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República |
| Páginas | 241-270 |
R E I, . , .º , /, . -
Gerson Javier Pérez Valbuena*
LA POLÍTICA DE SEGURIDAD
DEMOCRÁTICA, 2002-2006:
EFECTOS SOCIOECONÓMICOS EN
LAS ÁREAS RURALES
No hay un solo país o sociedad inmune a los efectos devastadores
de la corrupción y otras formas de crimen organizado. Las orga-
nizaciones criminales perjudican y deterioran el funcionamiento de
los gobiernos, y a veces desafían o inltran instituciones y autoridades
estatales. Cuando eso sucede en países con un Estado débil, tienen la
oportunidad perfecta para iniciar negocios muy lucrativos1.
Aunque el crimen organizado tiene larga trayectoria, solo hace
pocas décadas atrajo la atención de la sociedad en general. Los aná-
lisis formales se iniciaron en los años sesenta, con los trabajos de
Gary Becker, quien abrió la gama de posibilidades para explicar la
racionalidad del crimen y los efectos de las medidas de disuasión. En
particular, Becker (1968) adoptó un enfoque de costo-benecio para
analizar las acciones que minimizarían el costo social de este agelo2.
Estudios más recientes muestran claras evidencias de la relación, por
*
Doctor en Economía, Economista del Centro de Estudios Económicos Re-
gionales del Banco de la República [
gperezva@banrep.gov.co]
. Agradezco a Marco
Francesconi, Patrick Nolen, Joao Santos-Silva, Olivier Marie, Adolfo Meisel,
María Aguilera, Karina Acosta, Karelys Guzmán y dos evaluadores anónimos por
sus sugerencias y comentarios a una versión anterior de este escrito. A Kenneth
Burdett y demás participantes en el RSS de la Universidad de Essex, y a Juan
D. Barón y demás participantes en la 57.a Reunión Anual de la Asociación
Norteamericana de Ciencias Regionales, por sus comentarios y recomendaciones.
Fecha de recepción: 11 de enero de 2013, fecha de modificación: 29 de mayo de
2013, fecha de aceptación: 25 de abril de 2014. Sugerencia de citación: Pérez V.,
G. J. “La Política de Seguridad Democrática, 2002-2006: efectos socioeconómicos
en las áreas rurales”, Revista de Economía Institucional 16, 30, 2014, pp. 241-270.
1 De acuerdo con Naciones Unidas, una organización criminal es “un grupo
estructurado de tres o más personas, que existe desde cierto periodo y actúa en
conjunto con el objetivo de cometer una o más acciones criminales […] para
obtener, directa o indirectamente, beneficio material o financiero” (United Na-
tions, 2004, 5.).
2 Los trabajos de Isaac Ehrlich (1973, 1977, 1981) han ampliado los conoci-
mientos sobre la economía del crimen.
mucho tiempo controversial, entre mayor seguridad y reducción del
crimen (Machin y Marie, 2011; Draca, Machin y Witt, 2011).
Este escrito analiza el impacto socioeconómico de la lucha con-
tra las organizaciones criminales en las zonas rurales colombianas.
Intenta evaluar el efecto de la primera versión de la Política de Segu-
ridad Democrática (PSD, 2002-2006) sobre algunos indicadores del
mercado laboral y la educación considerando el cambio estructural
ocurrido en el número de incautaciones de propiedades rurales. En
particular, tiene en cuenta el profundo cambio en el sistema legislativo
relacionado con los procedimientos para facilitar el seguimiento y la
incautación de propiedades en manos de organizaciones criminales.
Considera el aumento de la producción de coca a mediados de los
noventa como el cambio exógeno que dio origen a los altos niveles
de violencia en el país y a la correspondiente necesidad de nuevas
estrategias de seguridad3. En este marco se puede argumentar que la
decisión de diferenciar los departamentos (con alto y bajo número
de incautaciones) no depende de los resultados de los indicadores del
mercado laboral o la educación, después de controlar las variaciones
inducidas por las diferencias en las características individuales4.
La política de seguridad adoptada por el gobierno que se inició
en agosto de 2002 rompe la alarmante y creciente tendencia de los
niveles de violencia (Pérez, 2012; Cortés et al., 2012). Desde nales
de los setenta, con el fortalecimiento de los grupos guerrilleros, el
contrabando y el tráco de drogas, además del surgimiento de grupos
paramilitares, el país enfrentó uno de los periodos más violentos de
su historia. Durante varios años ocupó los primeros lugares entre los
países con mayor número de homicidios por cada 100.000 habitantes,
en la clasicación de Naciones Unidas. Rabasa y Chalk (2001, 17)
atribuían buena parte de cerca de 30.000 homicidios en 2001 a la
violencia relacionada con las drogas.
Los cambios legislativos realizados como parte de la fuerte política
de seguridad debilitaron drásticamente a las organizaciones crimina-
les. Desde el comienzo, el gobierno Uribe se comprometió a combatir
militar y nancieramente sus estructuras. Pocos días después de su
elección, el presidente declaró el Estado de Conmoción Interior con
el n de adoptar las medidas necesarias para reducir los altos niveles
de violencia.
Cabe esperar que la PSD, que fortaleció los mecanismos legales que
aumentaron las incautaciones y redujeron el crimen, haya afectado
3 El aumento sostenido de la producción de coca en Colombia ocurrió por
la reducción de los cultivos en dos grandes países productores: Perú y Bolivia.
4 Este supuesto se conoce como supuesto de independencia condicional.
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Gerson Javier Pérez Valbuena
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