Políticos ven una oportunidad en la U - 17 de Diciembre de 2014 - El Tiempo - Noticias - VLEX 549151142
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Políticos ven una oportunidad en la U

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Vincent

A lo largo y ancho del país, los apellidos que están detrás de las fundaciones ligadas a la educación superior coinciden recurrentemente con los de los elegidos a cargos de elección popular. El caso emblemático es el de César Pérez García, a quien el Consejo de Estado le quitó la investidura por legislar en causa propia en 1993, cuando, como miembro de la Cámara de Representantes, aprobó la Ley General de Educación. Pero son muchos más los que han juntado, con éxito y casi siempre con polémica, las dos actividades. La familia Losada amasó su capital político en Bogotá de la mano de la Universidad Antonio Nariño, que hace tres lustros tenía un diagnóstico muy similar al que hoy enfrenta la Universidad San Martín. Programas sin licencia, arriendo de sedes de la universidad que habrían sido compradas con recursos de la misma institución y otras irregularidades hicieron parte de un expediente que llevó en el 2001 al cierre de la institución por un año. El ministro de Educación que se atrevió a tomar la decisión, Francisco José Lloreda, tuvo que enfrentar varios debates en el Congreso y demandas por la supuesta interferencia del Gobierno en la autonomía universitaria. Tras varios acuerdos para corregir las fallas, la Antonio Nariño volvió a abrir y hoy sigue en manos de los Losada. El exsenador y excandidato a la alcaldía de Bogotá Carlos Moreno de Caro es otro político metido en el negocio de la educación. Su polémica Universidad del Trabajo pasó a la historia por varias sanciones de las autoridades del ramo que él atribuye a una supuesta persecución política. Ahora está al frente de la Institución Universitaria de Colombia y advierte que la suya “no es una universidad de garaje” y que está dispuesto a demandar “al que se atreva a decir eso”. La Institución Universitaria de Colombia ofrece Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Contaduría, Diseño Gráfico, Comunicación Social y Derecho, la que más estudiantes tiene. El costo promedio de la matrícula es de 1,6 millones, que se pueden pagar en tres contados, “sin cheques, ni letras, ni fiador, porque partimos de la confianza, de que la gente es buena hasta tanto no se demuestre lo contrario”, dice Moreno. Como la idea es ayudar a los que tienen cerradas las puertas en otros centros, agrega el exsenador, no les exigen a los estudiantes un puntaje mínimo de las pruebas del Icfes. Sobre cómo saca abogados en poco más de tres años, responde que la carrera dura allí...

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