Ponencia para primer debate al proyecto de acto legislativo 012 de 2000 senado
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 012 DE 2000 SENADO. por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política.
Honorables Congresistas:
Con las firmas de los Ministros de Hacienda y del Interior, el Gobierno Nacional sometió a consideración del Congreso el Proyecto de Acto legislativo número 12 de 2000, por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política.
Es indudable que este proyecto de Acto Legislativo constituye un elemento esencial para avanzar en el camino de recuperación de la sostenibilidad fiscal y el equilibrio macroeconómico, a la vez que permite profundizar el proceso de descentralización al dotar a las regiones de fuentes de ingresos estables y crecientes y de instrumentos para lograr una administración pública que sea cada vez más eficiente y enfocada hacia el mediano y largo plazo. En efecto, con este proyecto se garantiza que el proceso de descentralización que se ha venido desarrollando, especialmente en la última década, continuará sin dar marcha atrás.
Se debe destacar que las propuestas que se ponen a consideración de la honorable Comisión Primera del Senado son producto del proceso que tuvo lugar en la Mesa de Trabajo sobre las transferencias de recursos a las Entidades Territoriales, convocada por el señor Presidente de la República el pasado mes de junio, para desarrollar un proceso de concertación alrededor de dicho tema.
A esta mesa de carácter eminentemente pluralista asistieron, además de miembros del Gobierno Nacional, la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos y algunos honorables congresistas de las Comisiones Terceras de Senado y Cámara. Así mismo, asistieron representantes de los partidos políticos Liberal y Conservador y del Movimiento Sí Colombia; de los gremios privados como fue el caso de la Andi y Fenalco, de Ascun en cabeza de Francisco Piedrahíta y Darío Restrepo, y académicos e investigadores de reconocida experiencia en el tema de la descentralización y las finanzas públicas como son los doctores Gabriel Rosas Vega y Eduardo Wiesner.
Para ratificar los acuerdos a los que se había llegado en dicha mesa de concertación, y darles la oportunidad a las organizaciones gremiales de municipios y departamentos de participar en el perfeccionamiento del articulado, tuvo lugar una reunión donde se expresaron las inquietudes surgidas a partir de la presentación del proyecto de Acto Legislativo por parte del gobierno. En esta reunión se dirimieron las diferencias, con la anuencia del Gobierno Nacional representados por el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Director del Departamento Nacional de Planeación, y se llegó a la propuesta que se presenta a su consideración.
Dado el proceso de concertación que por más de cinco meses se ha venido realizando, más el acuerdo que acabamos de mencionar y que finalmente se concreta en un aval por parte de las federaciones de municipios y departamentos, consideramos que la honorable Comisión puede dar marcha rápida al estudio de este Proyecto de Acto legislativo tal y como se pone a su consideración en el pliego de modificaciones que presentamos.
En efecto, debido a las especificaciones constitucionales existentes para la modificación de la Constitución Política es perentorio que este proyecto haga trámite acelerado, sin perjuicio del enriquecimiento, que estamos seguros, se producirá por el estudio de este proyecto por parte de la honorable Comisión.
Antes de entrar a exponer con más detalle el Proyecto de Acto Legislativo, queremos destacar dos puntos que merecen especial consideración.
En primer término, se evidencia que con el presente Acto Legislativo todos los niveles de gobierno contribuyen al proceso de ajuste fiscal como se deriva del hecho de que además de modificar la fórmula de cálculo de las transferencias territoriales, se le pone límites al crecimiento de los gastos de funcionamiento del gobierno, excluyendo los pagos de pensiones.
En segundo lugar, el Gobierno está reafirmando la propuesta de origen parlamentario de ampliación de los períodos de los diputados, concejales, gobernadores, alcaldes y ediles de tres a cuatro años que se está tramitando en el Congreso de la República debido a los efectos fiscales y de mejoramiento en la gestión administrativa que se desprenden de dicha ampliación.
A pesar de haber realizado varias reformas tributarias durante la década de los noventa, el déficit fiscal continuó creciendo. En efecto, el Sector Público No Financiero (SPNF) pasó de un superávit de 0.01% del PIB en 1990 a un déficit de ‑6.1% del PIB en 1999, explicado principalmente por el balance del Gobierno Nacional Central (GNC), el cual pasó de un déficit de 0.2% del PIB a uno de 7.6% del PIB en 1999. De esta manera, mientras los ingresos corrientes del gobierno como porcentaje del PIB aumentaron en 2.4 puntos porcentuales, los gastos lo hicieron en 9.3 puntos, generando una brecha creciente entre ingresos y gastos corrientes.
Una de las explicaciones de este elevado crecimiento del gasto se encuentra en la Constitución de 1991, la cual estableció nuevos compromisos de gasto para el Gobierno Central, a la vez que determinó una participación creciente de los departamentos, municipios y distritos en los ingresos corrientes de la Nación, para cumplir con los objetivos de una mayor cobertura en educación y salud y profundizar la descentralización.
Con lo señalado en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, se infiere que cualquier esfuerzo que se realice para reducir el déficit fiscal por la vía de los recaudos tributarios, se convierte en una expansión del gasto público. Es decir, al buscar un incremento de los recaudos, se genera paralelamente un aumento en los gastos debido a las mayores transferencias territoriales. El inconveniente de esta fórmula es que el crecimiento del gasto público se convirtió en una variable atada al crecimiento de los ingresos corrientes y no a los requerimientos de gasto de acuerdo con las necesidades reales.
El desequilibrio fiscal existente y su tendencia creciente atentan contra la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, lo cual podría impedir que se cumpla con los preceptos constitucionales de justicia social y justicia intergeneracional. Si no se remedia el desequilibrio fiscal y macroeconómico, el Estado simplemente no podrá hacer realidad esos derechos por no contar con fuentes de financiamiento para hacerlo.
Debemos tener claro que el logro de una mayor cobertura y una mejor calidad de los servicios de salud y educación está íntimamente ligado, hoy y en el futuro, a la consolidación de los recursos con que cuentan el Gobierno Nacional, los departamentos y los municipios, los cuales, a su vez, dependen de la solidez de la actividad económica y del ritmo de los negocios.
El Acto Legislativo, sumado al paquete de reformas que han sido aprobadas y aquellas que hacen trámite por el Congreso de la República, permitirá devolver...
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