Ponencia para primer debate al proyecto de ley 097 de 2002 cámara 107 de 2002 cámara
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 097 DE 2002 CÁMARA, 107 DE 2002 CÁMARApor la cual se modifica la Ley 160 de 1994, se reglamentan los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional, y se organiza el Sistema Nacional de Desarrollo Rural y Reforma Agraria.
Cumpliendo con el deber de rendir informe a la Comisión Quinta de Cámara, sobre los Proyectos de ley 097 y 107 de 2002 Cámara, por la cual se modifica la Ley 160 de 1994, presentados a consideración del Congreso, en la Cámara de Representantes el primero por iniciativa parlamentaria y el segundo por el Gobierno Nacional, los que fueron acumulados para su estudio por la Mesa Directiva de la Comisión mediante Oficio S.Q. 3.5 410 LEG 02-03.
Al no haberse definido por parte de los coordinadores de ponentes el plan de trabajo para abordar su análisis y discusión, con el debido respeto por los demás ponentes y dada la importancia y trascendencia que para el país tiene la organización y adopción de un Sistema estructural para el Desarrollo Rural y la Reforma Agraria, para darles el primer debate me permito poner a su consideración las siguientes consideraciones, que parten de dos ejes centrales, el mandato constitucional y la problemática sectorial que por más de cuarenta años ha enfrentado el campo colombiano.
La Constitución de 1991, consagró en sus artículos 64, 65 y 66, que es un deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios; garantizar su seguridad social y acceso a los procesos educativos; de mercadeo y comercialización, así como al crédito y la asistencia técnica y empresarial. De lo anterior, es dable inferir que en esencia se propende por establecer una soberanía alimentaria; el derecho a la propiedad de la tierra; la propiedad colectiva del patrimonio genético y la biodiversidad; un sistema nacional agropecuario y de reforma agraria que mediante mecanismos activadores permita la generación y apropiación de tecnología, paso esencial y definitivo para la conversión del campo colombiano en el verdadero y eficaz instrumento del ordenamiento social, económico, ecológico y cultural que requiere la Nación para crear una cultura de paz, productividad y competitividad.
La ausencia de una política agraria de Estado, que con horizontes de corto, mediano y largo plazo sea capaz de superar las coyunturas y deficiencias estructurales del Sistema Agropecuario y de acceso a la tierra, la frágil y casi nula participación real de las comunidades rurales en el desarrollo de los temas que le conciernen, sumado a la total desarticulación institucional del sector y el aumento en los índices de pobreza del pueblo y en especial del campesino colombiano, son factores que han incidido de manera sustantiva en la radicalización del conflicto interno que vive hoy día nuestra Nación. Cada año que pase sin tomar determinaciones estructurales para hacerle frente a la problemática del sector rural, profundizará mucho más la brecha existente.
No sobra resaltar que es precisamente debido a la inequitativa distribución de los diferentes factores y relaciones de producción, y en particular lo correspondiente al derecho a la tierra lo que ha agudizado la crisis del sector rural, fenómeno este alimentado aun más por el precio especulativo de la tierra que implantaron grandes latifundistas y la acción del narcotráfico en las últimas décadas, mediante procesos permanentes de concentración de la tierra a punta de presiones financieras o políticas, que muchas veces terminan con la quiebra económica o el desplazamiento de los campesinos de sus tierras; como ejemplo bastaría revisar los datos crecientes de esta situación a nivel nacional en los últimos años.
En Colombia necesitamos con urgencia una reforma estructural del sector agrario, pero no una que niegue los derechos constitucionales, ancestrales y sociales del pueblo, sino una que reconozca los principios elementales de una verdadera reforma social agraria. Para lograr tal fin, basta hacer un recorrido por experiencias pasadas, desde luego las más optimistas en resultados; por ejemplo en 1997, los propietarios ofrecieron al Incora 1.141.313 hectáreas, de las cuales solo se tuvo para subsidiar la compra de 42.527 (3.7%). De 38.451 familias solicitantes solo fueron escogidas 3.113. A partir de ahí, el programa cayó en picada y las familias beneficiadas se redujeron a 1.767 en el 98; 845 en el 99 y a cerca de 650 en el 2000 y 2001. Es evidente que dicho programa no alcanzó las metas u objetivos que se había propuesto, al parecer por problemas de financiamiento y negligencia del Banco Mundial en la aprobación y desembolso del proyecto presentado.
En síntesis, los programas desarrollados hasta la fecha en general, presentan problemas estructurales ya que se pretende suplir la reforma de manera tangencial sin atacar su propia raíz, o sea el latifundio especulativo imperante de un lado, y del otro, el diseño de líneas de crédito inaccesibles, upaquizadas e impagables para el campesino que a la larga terminan quebrándolo. Los resultados son inobjetables, se resumen en la redistribución de 1.8 millones de hectáreas para cerca de 101.000 familias; en propiedad se han formalizado cerca de 14.7 millones de hectáreas para 419.000 familias colonas y negras; constituido 500 resguardos sobre 30 millones de hectáreas beneficiando a 62.000 familias indígenas. Es importante destacar que de estas cifras, tan solo el 3.9% del área afectada se encuentra dentro de la frontera agrícola, lo que equivale a decir que la reforma prácticamente se ha hecho en frentes de colonización, manteniendo casi intacta la estructura de la propiedad rural.
A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas, es evidente que la reforma agraria y los modelos de gestión productivos no han generado impactos significativos en la distribución de la tierra, la solución de los problemas sociales y económicos, la dinámica de las economías regionales, y mucho menos responder a las condiciones de globalización e internacionalización de la economía. No en vano, luego de cuarenta años de reforma agraria, los campesinos y la sociedad rural en general, continúan exigiendo y esperando una verdadera reforma integral para el sector agrario, que mejore las condiciones y calidad de vida de sus beneficiarios mediante una equitativa distribución de la tierra y adecuado apoyo al desarrollo de las unidades productivas sí, pero que también contribuya en la construcción de unas reglas claras y justas en las relaciones sociales de producción del campo colombiano.
Desde luego y antes de entrar en materia sería muy importante que de cara a una discusión ampliamente productiva, que permita de una parte enriquecer el contenido del proyecto, pero también conciliar la visión y las posiciones de los diferentes actores del sector agropecuario en el país, incluido sobra decirlo la del actual Gobierno Nacional; espero se pueda diseñar una agenda de foros y audiencias para que a lo largo y ancho de nuestra geografía demos aplicación a un principio elemental de nuestro sistema político, la democracia participativa; para entregarle al pueblo colombiano finalmente, una Ley que interprete y responda de manera integral y estructural al problema de la crisis del campo colombiano, en el marco de un verdadero y eficaz Sistema Nacional de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria.
En mi concepto, la ponencia debe recoger de manera objetiva el marco normativo de carácter constitucional y la trascendencia de un sector de vital importancia para el desarrollo económico y social de nuestro país, como lo es el sector agrario. Los campesinos no deben cobrar importancia únicamente al amparo de la política de seguridad democrática, a título de guardianes (soldados campesinos) del orden institucional del Estado; también es necesario reconocerles su gran importancia en la solución pacífica del conflicto interno, devolviéndole su autonomía y sus derechos fundamentales en lo colectivo, social, económico y cultural de un Estado Social de Derecho que reconoce y legitima a todos sus ciudadanos en términos de equidad e igualdad.
Mi ponencia como lo planteara inicialmente descansa sobre dos ejes, el desarrollo constitucional de los artículos 64, 65 y 66; y los aspectos que resumen la...
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