Ponencia para primer debate al proyecto de ley 202 de 2007 cámara 037 de 2006 senado - 23 de Mayo de 2008 - Gaceta del Congreso - Legislación - VLEX 451339506

Ponencia para primer debate al proyecto de ley 202 de 2007 cámara 037 de 2006 senado

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 202 DE 2007 CÁMARA, 037 DE 2006 SENADOpor la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones

Bogotá, mayo 7 de 2008

Doctora

LUCERO CORTES MENDEZ

Presidente

Comisión Quinta

Honorable Cámara de Representante

Congreso de la República

Ciudad

Respetada señora Presidenta:

En cumplimiento de la designación que nos hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Quinta Constitucional de la honorable Cámara de Representantes, nos permitimos rendir el correspondiente informe de Ponencia para primer Debate al Proyecto de ley número 202 de 2007 Cámara, 037 de 2006 Senado, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

La contaminación producida por la generación de residuos peligrosos industriales y domésticos constituye el Talón de Aquiles de una civilización que ha promovido el crecimiento económico y la industrialización como prototipos de la modernización y del progreso económico. Este mal llamado desarrollo se ha realizado a costa de la extracción y destrucción acelerada de ecosistemas y recursos naturales, con el uso excesivo de materiales peligrosos y sustancias tóxicas en procesos productivos que generan consecuentemente un enorme volumen de residuos y desechos peligrosos.

La industria no es el único sector generador de residuos peligrosos, también hay que considerar el uso indiscriminado de plaguicidas químicos en la agricultura, y los residuos biológicos infecciosos generados por clínicas y hospitales. También hay que recordar que los hogares domésticos, aun cuando en menor cuantía, son también generadores de residuos peligrosos domésticos, en la medida en que consumen y desechan productos que contienen substancias y materiales tóxicos.

La falta de información y educación al público y a las comunidades sobre los riesgos que corren a su salud y ambiente por la exposición de residuos peligrosos emitidos, limita la participación ciudadana que juega el papel de palanca social para acelerar los cambios hacia formas de producción más limpias y hacia una política más preventiva. Muchas veces es cuando ocurren los accidentes en las empresas o en el transporte de alguna sustancia, que la comunidad se entera del peligro que estaban corriendo y se movilizan para remediar la situación.

La participación y control democrático, implica que los diversos sectores involucrados tengan una posibilidad real de participación: comunidades, trabajadores y consumidores son sectores que se ven afectados por procesos y productos y residuos industriales peligrosos contaminantes. Esto implica el reconocimiento y la ampliación de los derechos democráticos que garanticen el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Las decisiones de qué, cómo y quién produce, no pueden ser dejadas sólo a las ¿fuerzas del libre mercado¿, que no es tan libre, sino ser parte de una política pública de planeación.

Se debe Buscar mecanismos para que los gobiernos puedan emplear y fortalecer una estrategia de transición hacia formas de producción limpia con Expansión de los derechos de información, una reforma fiscal ecológica, Formas de extensión de la responsabilidad del productor y prohibiciones sobre el uso y producción de sustancias o materiales especialmente tóxicos.

A nivel individual podemos hacer un consumo más responsable en productos de limpieza, control de plagas, pinturas, baterías, etc., evitando comprar productos que contengan sustancias o materiales tóxicos, sustituyéndolos por otros menos tóxicos, o buscando otras alternativas más limpias. Por ejemplo, en lugar de plaguicidas químicos caseros, use insecticidas biológicos o botánicos, use baterías recargables, limite o evite el uso del PVC.

Es importante que la comunidad, principalmente la comunidad estudiantil, conozca la normatividad ambiental y sus derechos de participación, de información, de compensación en caso de daño por responsabilidad civil que le otorgan las leyes ambientales, penales y civiles.

Si bien el llamado ¿desarrollo¿ ha permitido el progreso en muchos campos, el consumo desmedido de recursos, su mal manejo y disposición ha traído consigo irreversibles consecuencias ambientales.

En este contexto diferentes empresas a nivel mundial se ven o están involucradas en la producción, almacenamiento, uso y transporte de mercancías, algunas de las cuales por sus características se les asigna el calificativo de peligrosas. En Colombia las mercancías peligrosas son de uso obligado en muchas industrias, mercancías como los combustibles, los gases, los plaguicidas, las baterías, la pintura, los solventes, etc., son ya de uso cotidiano.

A pesar de que la legislación colombiana, avanza tímidamente en el tema, el desconocimiento por parte de los actores de la cadena del transporte (remitente, destinatario, empresa de transporte, propietario del vehículo y conductor) está provocando que las empresas frecuentemente incurran multas y/o sanciones, esto se convierte en un costo oculto, trayendo como consecuencia la pérdida de competitividad en el mercado.

El conocimiento por parte de los mandos administrativos sobre la legislación, manejo y transporte seguro de estas mercancías adquiere una gran importancia en el contexto académico como estrategia de formación.

Por eso es indispensable formar profesionales con conocimiento sobre las clases de mercancías peligrosas, sus riesgos asociados, las normas que le aplican y los temas inherentes a su manejo y transporte seguro, de tal manera que se reduzcan los riesgos y la accidentalidad para las personas, las estructuras y el medio ambiente, logrando un mayor aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y económicos que se vean reflejados en una alta competitividad empresarial nacional y global.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 81, no prohíbe la importación de toda clase de desechos, sino solamente la de los denominados residuos nucleares y de los desechos tóxicos, que son una categoría de los desechos ¿peligrosos¿. Los desechos peligrosos, distintos de los tóxicos y los residuos nucleares, pueden ser objeto de importación o exportación, siempre y cuando el país pueda manejarlos de una forma apropiada y razonable.

Por su parte el Convenio de Basilea, ratificado por Colombia, mediante la Ley 253 de 1996, dejó a discrecionalidad de cada país signatario, prohibir o no la importación de desechos peligrosos u otros desechos[1][1]. Más tarde, al exigir la aplicación de una licencia ambiental, la Ley 430 de 1998 permitió la importación regulada de desechos peligrosos.

La Ley 253 de 1996 por la cual Colombia adopta el Convenio de Basilea para la movilización transfronteriza de residuos peligrosos, en el Anexo IV contempla la clasificación de los residuos peligrosos, diferenciando los que por sus características y propiedades son susceptibles de aprovechamiento y recuperación a través del reciclaje, de aquellos que requieren disposición final como única alternativa de eliminación. Igualmente uno de los principios básicos que Basilea considera para permitir la movilización de un residuo, es que el país receptor cuente con la tecnología ambientalmente adecuada y las instalaciones que cumplan con los requerimientos ambientales vigentes.

Realizar la importación de un residuo peligroso con el objetivo de realizar su aprovechamiento, debe prever un ejercicio técnico y jurídico minucioso que conlleve a la decisión de otorgamiento de una Licencia Ambiental, que permita asegurar el cumplimiento de todos los requisitos ambientales vigentes.

El MAVDT, a través de la licencia ambiental cumple con el deber constitucional de velar por la protección del ambiente, cuya obtención, es de carácter obligatorio para el desarrollo de estas actividades, previo el estudio de impacto ambiental.

Con la tecnología adecuada y el acompañamiento de las autoridades ambientales, a través de la regulación y el seguimiento, es posible realizar la recuperación responsable de materiales existentes en los residuos.

Colombia ha desarrollado casos exitosos en los cuales con tecnología ambientalmente adecuada, se permite el procesamiento de algunos residuos peligrosos. El país no puede perder la oportunidad de obtener materias primas en forma competitiva.

En materia de competitividad, es importante resaltar la utilización de desechos peligrosos en lugar de materiales vírgenes (por ejemplo metales) en los procesos productivos, con lo cual se minimiza la utilización de los recursos naturales no renovables e incluso de las fuentes de energía. En el caso de los metales, los impactos ambientales más representativos se ocasionan en la extracción del medio natural; sin embargo, a través de procesos de reciclaje ambientalmente adecuados, los impactos ambientales se reducen hasta un 80%. Esta alternativa implica la disminución de los costos de las materias primas utilizadas en los procesos de fabricación de nuevos productos, lo que permitirá ser más competitivos en la comercialización de los productos en el mercado nacional e internacional y una mayor generación de empleos.

En Colombia no hay alternativas de aprovechamiento o disposición final para algunos residuos peligrosos, por lo que para estos se requiere de alternativas fuera del país (exportación). Una posición de restringir totalmente la introducción (importación) de algunos residuos peligrosos para su aprovechamiento ambientalmente adecuado, puede generar restricciones para sacar del país los residuos para los cuales no hay desarrollo tecnológico de eliminación adecuada.

Mientras existan procesos ambientalmente responsables y seguros para recuperar materias primas para la producción Nacional, su prohibición absoluta estaría disminuyendo la capacidad competitiva del país frente a la...

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