Ponencia Para Primer Debate al Proyecto de Ley Orgánica 152 de 2016 Cámara
por medio de la cual se reforma la Ley 5ª de 1992 para establecer mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y verificación de la asistencia en el Congreso de la República. Bogotá, D. C., octubre de 2016
Señor Presidente
TELÉSFORO PEDRAZA
Comisión Primera de Cámara
Cámara de Representante
Referencia: Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley Orgánica número 152 de 2016, por medio de la cual se reforma la Ley 5ª de 1992 para establecer mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y verificación de la asistencia en el Congreso de la República.
Respetado Presidente:
Con el fin de responder al encargo que nos hizo la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, y conforme a lo preceptuado en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, con toda atención me permito presentar informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley Orgánica número 152 de 2016 Cámara, ¿por medio de la cual se reforma la Ley 5ª de 1992 para establecer mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y verificación de la asistencia en el Congreso de la República¿.
El objetivo del proyecto de ley es establecer mecanismos de rendición de cuentas por parte de los Congresistas de la República, contribuir a la transparencia legislativa, garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública e incorporar métodos de verificación de la asistencia de los Congresistas a las sesiones.
En este sentido, se presenta a consideración el presente proyecto de ley orgánica, para iniciar el trámite correspondiente y cumplir con las exigencias dictadas por la ley. Por tal motivo adjuntamos original y tres (3) copias del documento, así como una copia en medio magnético (CD).
Cordialmente,
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Introducción
Cambios sociales, culturales y tecnológicos han hecho que aumente la demanda ciudadana por una gestión pública más transparente, participativa y colaborativa. Durante los últimos años se ha avanzado de manera paulatina en la materia; hitos significativos demuestran un avance importante, sin embargo, ninguno de ellos resulta útil para garantizar un Congreso abierto, transparente, que rinda cuentas a la ciudadanía y asuma la responsabilidad política de su gestión. Por medio del presente proyecto de ley se pretende generar un instrumento específico para la apertura del Congreso de la República y específicamente de los Congresistas que lo integran.
2. Objeto
La presente ley tiene por objeto desarrollar el principio de transparencia en el ejercicio de las funciones de los Congresistas por medio de la creación del deber de transparencia legislativa el cual implica la rendición de cuentas y el reporte de actuaciones realizadas en razón a sus funciones. Articula la transparencia legislativa con los canales de comunicación del Congreso y les otorga a los secretarios generales el deber de publicar de manera diligente en la página web del Congreso información de interés público relacionada con la gestión y función de los Congresistas.
Adicionalmente, establece un mecanismo de llamado a lista para verificar la asistencia de los Congresistas a las sesiones, e incorpora en cabeza del Presidente de cada una de las Corporaciones y los Presidentes de cada Comisión Constitucional, el deber de solicitar al Consejo de Estado el inicio del proceso de pérdida de investidura correspondiente cuando un Congresista complete seis inasistencias injustificadas.
3. Marco constitucional y legal en materia de transparencia
La Constitución Política, en su artículo 2°, instaura como un fin esencial del Estado Social de Derecho ¿facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación¿ y en consecuencia concede a todo ciudadano el derecho a ¿recibir información veraz e imparcial¿ (artículo 20), y ¿acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley¿ (artículo 74).
Aunque el ordenamiento legal colombiano ha desarrollado estos enunciados constitucionales en distintas normas existe un vacío normativo sobre la transparencia en gestión de los Congresistas. La Ley 57 de 1985 ¿por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales¿, Ley 1755 de 2015 ¿por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición (...)¿, la Ley 80 de 1993, sobre el principio de transparencia, la Ley 1712 de 2014 ¿Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional¿ y la Ley 1147 de 2007 ¿por la cual se adiciona la Ley 5ª de 1992 y se crean la Comisión Especial de Modernización y las Unidades Coordinadoras de Asistencia Técnica Legislativa y Atención Ciudadana del Congreso de la República¿; son un avance significativo para promover la apertura de administración pública, sin embargo, ninguna de estas leyes se regula de manera específica la transparencia en la gestión de cada Congresista y si bien es cierto que entre los deberes del Congresista se consagran dos que podrían estar relacionados con la transparencia ¿5. Presentar en su posesión como Congresista, una declaración juramentada de su patrimonio y de las actividades que puedan significarle ingresos económicos adicionales al cargo de representación popular¿ y ¿7. Cumplir las disposiciones acerca de las incompatibilidades y conflictos de interés¿. Estos son poco efectivos para garantizar la participación ciudadana y permitir acceder a información completa, oportuna y veraz sobre la gestión de sus representantes.
4. Marco constitucional y legal en materia de rendición de cuentas
¿Los Congresistas elegidos son responsables ante la sociedad y sus electores¿, así lo consagran el artículo 133 constitucional y de manera reiterada la Ley 5ª de 1992. Estas dos menciones introducen la figura que implica responsabilidad y consecuencias positivas o negativas relacionadas con la gestión del Congresista.
Sin embargo, la declaración constitucional y legal sobre responsabilidad del Congresista resulta inocua a la luz del ordenamiento jurídico colombiano y específicamente del Estatuto del Congresista, ya que, haciendo una inspección minuciosa del régimen aplicable, la ciudadanía no cuenta con herramientas que le permitan acceder fácilmente a la información, no es jurídicamente exigible que le rindan cuentas a la ciudadanía, ni se estipulan canales efectivos por medio de los cuales los ciudadanos puedan conocer de manera ágil, efectiva y transparente las actuaciones de sus representantes y, en consecuencia, la figura de la responsabilidad política se queda como una simple declaración sin efectos en la ley.
5. Transparencia, rendición de cuentas y legitimidad de las instituciones
Según revelan los sondeos de opinión, en Colombia existe un alto nivel de desconfianza hacia la labor realizada por el Congreso de la República.
Según la encuesta ¿Colombia Opina 2014¿ realizada por Ipsos Public Affairs el 13 de noviembre de 2014, tan solo un 20% de los encuestados confía en que el Congreso ¿está haciendo las cosas correctas para que el país salga adelante¿, dejando un 75% que no.
Podría concluirse que este índice bajo de confianza se puede dar por circunstancias coyunturales; sin embargo, esta se ha mantenido como una tendencia sólida. Ante la misma pregunta realizada en septiembre de 2013, 18% de los encuestados manifestaron confiar en el Congreso, mientras que un 75% no, y en noviembre de 2012, 20% de los encuestados expresaban su confianza mientras que 74% su desconfianza. De la misma forma, la imagen favorable de la institución es preocupante. En noviembre de 2014, 66% de los colombianos manifestó tener una imagen desfavorable del Congreso y tan solo un 21% una imagen favorable.
Es importante reconocer leyes que promuevan la transparencia por sí solas no representan una solución definitiva a la falta de confianza institucional, sin embargo, sí son una condición necesaria para avanzar en la recuperación de confianza y sumadas al correcto ejercicio de las funciones de los Congresistas y una gestión eficiente significan pasos apropiados para mejorar la percepción del Congreso como un órgano representativo, justo y neutral lo cual entraña ventajas significativas para esta institución legislativa y la democracia colombiana. Como lo señalan distintos autores: ¿un mayor nivel de confianza genera una menor necesidad de recurrir a las fuerzas del orden, menor polarización en el sistema político y mayor eficiencia en el legislativo¿[1][1].
Así, el fortalecimiento de la transparencia legislativa y la rendición de cuentas de los Congresistas contribuye principalmente a disminuir la corrupción, entendida como la utilización del poder en beneficio de intereses personales, la cual trae nefastas consecuencias para el ejercicio legislativo, pues afecta el proceso de elaboración de leyes, reduce la confianza en el ordenamiento jurídico y distorsiona la efectiva administración de los recursos públicos[2][2]. Así, con el fortalecimiento de la transparencia legislativa se ¿podrá garantizar un flujo transparente y efectivo de información pública, que permite a los ciudadanos identificar y denunciar la corrupción, y a los organismos de control detectar y sancionar a los funcionarios públicos corruptos¿[3][3].
Bajo este contexto, es necesario mencionar que el Estado colombiano se ha obligado de manera reiterada, no solo nacional, sino también internacionalmente, a erradicar la corrupción en sus distintas manifestaciones, y ante esto, la transparencia legislativa es una estrategia efectiva que garantiza un flujo de información pública valiosa, posibilita a ciudadanos y organismos de control identificar la corrupción de manera más eficaz y en muchos casos, evita que los servidores públicos cometan actos de corrupción, ya que se sienten ¿observados¿[4][4].
Ba jo esta misma argumentación, la Comisión Nacional Ciudadana para...
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