Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Ley 001 de 2018 Cámara

Texto Original

Citas 7

Citado por

Fecha de publicación	12 Octubre 2018
Número de Gaceta	835

Informe de Ponencia Para Primer debate al Proyecto de Ley 125 de 2018 Cámara

835

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 125 DE 2018 CÁMARA

por medio del cual se establece como obligatoria en todos los colegios del país, la Cátedra Formación ciudadana.

Bogotá, D. C., octubre 10 de 2017

Honorable Representante

MÓNICA MARÍA RAIGOZA MORALES

Presidenta Comisión Sexta

Cámara de Representantes

Ciudad.

Referencia: Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 125 de 2018 Cámara, por medio del cual se establece como obligatoria en todos los Colegios del País, la Cátedra Formación ciudadana.

Señora Presidenta:

De conformidad con el encargo impartido por usted y estando dentro del término previsto para el efecto, sometemos a consideración de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes el informe de ponencia para primer debate correspondiente al Proyecto de ley número 125 de 2018, por medio del cual se establece como obligatoria en todos los colegios del país, la cátedra Formación Ciudadana.

Cordialmente,

Objetivo
El presente proyecto de ley tiene como objetivo establecer como obligatoria en todos los colegios del país la Cátedra Formación Ciudadana, de tal manera que se constituya en una verdadera estrategia de formación ciudadana para la paz, en la que participe cada uno de los actores de la comunidad educativa.
Antecedentes del proyecto de ley
El presente proyecto ley es de origen parlamentario y fue radicado para consideración del Congreso de la República por el honorable Representante Silvio José Carrasquilla Torres, el 30 de agosto de 2018.
Sobre la formación ciudadana y sus múltiples dimensiones y ámbitos

La formación ciudadana es un proceso sociocultural y pedagógico en la que los individuos y los grupos sociales y poblacionales que conforman una sociedad identifican, construyen, reconocen y aceptan valores compartidos que propenden por la convivencia pacífica, la mutua cooperación y el fortalecimiento de la democracia es sus múltiples dimensiones. Como proceso formativo es importante considerar que la identificación, construcción, reconocimiento y aceptación de valores democráticos tiene como fin cultivar, transformar y arraigar hábitos, actitudes, usos, costumbres, prácticas y conductas que permitirán, además de elevar la calidad de vida de todos los asociados, fortalecer la sociedad y la democracia como sistema político y de Gobierno.

La formación ciudadana, como fin esencial del Estado Social de Derecho colombiano, no solo se soporta en el reconocimiento y aceptación de la diversidad y la diferencia, tanto social y grupal como individual y personal, sino que tiene una función básica en el relacionamiento social y detenta un gran potencial como agente transformador de los entornos de la vida cotidiana. Su objetivo básico es la de formar ciudadanos en ejercicio de sus derechos y con capacidad de valorar responsablemente sus actos individuales y sociales. Es por esto, que a la formación ciudadana le es totalmente ajena el propósito o la idea de imponer unos valores reconocidos, aceptados y compartidos por unos grupos sociales y poblacionales sobre los valores de otros grupos sociales y poblacionales. La formación ciudadana, como proceso de fortalecimiento de las ciudadanías, no impone unos valores sobre otros, reconoce la diversidad de valores democráticos socialmente compartidos.

En concordancia con lo anterior, resulta necesario entender que es en los ámbitos de la vida familiar, escolar, laboral y pública -comunitaria, social, religiosa e institucional- donde se asimilan, arraigan y transforman los hábitos, actitudes, usos, costumbres, prácticas y conductas individuales y sociales. También, que la complejidad del comportamiento personal, grupal y social es diferencial según los contextos en los que se desenvuelven las personas y los propios grupos sociales y poblacionales. De hecho, en el transcurso del ciclo de vida -desde la infancia hasta la vejez- toda persona experimenta transformaciones y cambios en sus parámetros de relacionamiento social, de tal manera que antiguos vínculos de pertenencia y referencia social, familiar, política o religiosa, construidos y arraigados, llegan a variar, a veces muy radicalmente.

Efectivamente es en la familia, la escuela y en lo público -la amistad, lo social, lo religioso, político y ahora redes sociales-, siguen siendo los escenarios en los que con mayor fuerza las personas construyen sus criterios de socialización y asimilan y arraigan los sistemas valorativos que soportan sus comportamientos, actitudes y decisiones. Es allí, aunque no exclusivamente, en el marco de relaciones recíprocas, donde se forja el sistema moral que le permitirá a los hombres y mujeres decidir sobre lo bueno y lo malo, lo adecuado o inadecuado, lo correcto o incorrecto, lo justo o injusto. Es a partir de esta experiencia multirelacional que cada uno se reconoce como persona, pues es en la relación los otros -los demás- como se posibilita tal reconocimiento. Se trata de una experiencia ética que nos permite, como plantea la filósofa española Adela Cortina, "Entender que somos seres relacionales, vinculados, que no somos individuos aislados, sino que siempre somos seres en familia, en comunidad; incluso, en un universo global, es fundamental para entendernos a nosotros mismos...". Y este vínculo vital -ético- con los demás es el que nos permite dimensionar el valor de la justicia, de lo justo, que -como igualmente plantea- "... es el valor que une a los ciudadanos, que une a las personas entre sí, y si las sociedades no lo son, después viene una gran cantidad de desastres". (Diario El Colombiano, Visionarios, entrevista con líderes mundiales, 30 de septiembre).

Por tanto, debatir sobre formación ciudadana, en el marco de la función legislativa del Congreso, es deliberar sobre la moral -los valores- y la ética -los criterios de nuestro comportamiento público y privado- que soportan la convivencia en una sociedad democrática. En el caso que nos ocupa, el primer debate del Proyecto ley número 125 de 2018 Cámara, implica argumentar y decidir sobre la pertinencia de establecer o no una cátedra obligatoria en todos los colegios del país con el propósito de recuperar "valores", "comportamientos cívicos" y construir poder ciudadano para "erradicar la corrupción", en un contexto nacional que se caracteriza, en muchas regiones del país, por el accionar de grupos armados ilegales, en disputa por las rentas de la minería ilegal, del narcotráfico y el contrabando; de una exacerbada situación de violencia homicida, intimidación y amenazas contra la vida de líderes sociales y defensores humanos; de acoso y violencia sexual contra menores, jóvenes y mujeres; de muchos y cada vez más graves escándalos y hechos de corrupción, negocios y fortunas mal habidas o no claramente establecidas; de una justicia casi inoperante y de impunidad casi total, que no solo estimula el crimen organizado sino la organización de pandillas que asolan barrios, vecindarios, zonas céntricas y vías públicas en las ciudades y pueblos; de relaciones cotidianas que en muchísimos casos se basan en el acoso, la humillación y el maltrato.

En fin, se trata de proponer un marco legal para que en las escuelas y colegios públicos y privados del país se incluya, intencionadamente y con carácter casi de urgencia, la formación ciudadana en los niños, niñas y adolescentes, pues el deterioro social del país y la fractura de la convivencia es hoy innegable.

Sin embargo, en el proyecto de ley puesto a consideración subyace un concepto anacrónico de formación en valores y una noción de currículo muy reduccionista, pues como mandato legal obliga incluir "... la asignatura de cátedra Formación Ciudadana en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) dentro del currículo de las instituciones educativas públicas y privadas del país, en el nivel primaria y bachillerato". (Artículo 2°), en el entendido que se trata de "un programa escolar enfocado en la recuperación de los valores, adecuados comportamientos cívicos y empoderamiento ciudadano para erradicar la corrupción", que deberá desarrollar los temas de derechos humanos, cívica y urbanidad, y principios tales como: honestidad, igualdad, libertad, solidaridad, lealtad, gratitud, amistad, sensibilidad, generosidad, tolerancia, bondad, dignidad humildad, amor, paz, integridad, prudencia, respeto, responsabilidad, compromiso, equidad, trasparencia, pluralismo, justicia social, etc., familia y sociedad y empoderamiento anticorrupción. (Parágrafo artículo 1º). Además, propone que "... esta asignatura sea presentada ante los estudiantes como algo innovador, (...) para que tengan la oportunidad de aprender y aplicar en su día a día ciertas normas básicas que aportarán al desarrollo de la sociedad colombiana. Que sea generadora de compromiso y acción en los estudiantes" (Exposición de motivos). O sea, no solo indica y especifica los temas que se deberán trabajar en el aula de clase, sino que ordena a los maestros "enseñar" conocimientos y a los alumnos a "aprenderlos", en este caso, enseñar y aprender valores. Y para cerrar el anacronismo y reduccionismo propuesto, se fijan parámetros ministeriales para su cumplimiento y supervisión y se le indican facultades para sancionar quienes incumplan.

Pero esta lógica de enseñar y aprender, desconoce que los valores no se enseñan en sesiones de una clase, independiente y desarticulada de las demás asignaturas y contenidos curriculares y de la experiencia de vida cotidiana. La corrupción no se acabará con tareas y ejercicios de clase, en la que los estudiantes aplican lo aprendido. Y mucho menos con sanciones administrativas a los colegios y escuelas que no cumplan.

La formación ciudadana en valores democráticos, como experiencia vital, no se enseña en una clase, se construye de manera integral en todas las experiencias directas en la vida cotidiana del aula y la escuela, lo que implica contar con un...

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