Ponencia para primer debate al proyecto de ley 29 de 2001 senado
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 29 DE 2001 SENADO. por la cual se convoca al pueblo colombiano a una Asamblea Nacional Constituyente y número 60 de 2001, por la cual se convoca a una Asamblea Constituyente.
Bogotá, D. C., 7 de noviembre de 2001
Honorable Senador
JOSE RENAN TRUJILLO GARCIA
Presidente Comisión Primera
Senado de la República
Ciudad
Señor Presidente:
Dando cumplimiento al encargo que nos hiciera para rendir ponencia a los proyectos de ley en referencia, nos permitimos someter a su consideración, y a la de nuestros colegas en la Comisión Primera, el presente documento, cuyas consideraciones esperamos resulten útiles para sustentar lo inoportuno que resulta frente a la actual realidad del país la convocatoria de una Asamblea Constituyente que reforme nuestra Carta Fundamental.
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LAS PROPUESTAS DE LOS PROYECTOS DE LEY
El Proyecto de ley número 29 de 2001, presentado por el honorable Senador Jairo Sánchez Ortega plantea la convocatoria al pueblo para que decida si convoca una Asamblea Nacional Constituyente, la cual se realizaría el 3 de noviembre de 2001. Esta Asamblea tendría competencia para modificar toda la Constitución aunque propone que se respeten los períodos de todos los elegidos mediante voto popular en las elecciones de 1998 y de 2000. La Asamblea se elegiría el 1° de diciembre de 2001, integrada por 120 delegatarios, 90 elegidos por voto popular y 30 elegidos por miembros de organizaciones guerrilleras y demás actores del conflicto armado con los que se debe suscribir acuerdos de paz y de cese de hostilidades.
Este proyecto sustenta su propuesta, ante todo, en la búsqueda de la paz. Así, su autor manifiesta:
¿Proponemos ante su lúcida mente y fervoroso espíritu patriótico el presente proyecto de ley para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente más representativa que la de 1991 y con un fin más ambicioso que aquélla:alcanzar la paz y el progreso anhelado¿.
El segundo proyecto presentado en orden cronológico, el No. 60 de 2001, es de autoría de los honorables senadores Carlos Holguín Sardi, Ciro Ramírez, Isabel Celis, Manuel Salvador Alsina, Roberto Gerlein, Omar Yepes y otros congresistas. En concreto, proponen ellos que el 10 de marzo de 2002 se consulte al pueblo para que decida si convoca una Asamblea Constituyente la cual deberá elegirse entre el 1° se septiembre y el 31 de octubre de 2002 y se instalará en los 45 días siguientes para funcionar durante 6 meses. Esta Asamblea sólo reformará los títulos de la Constitución relativos a los partidos y movimientos políticos, la rama legislativa, la rama judicial, las elecciones, la organización territorial, la distribución de recursos y competencias, la finalidad social del Estado y los servicios públicos.Si se modifica la composición del Congreso, este cambio sólo regiría a partir de 2006. La Asamblea tendría 60 delegatarios y varios sectores sociales podrán inscribir candidatos. Se asignaría al Presidente la facultad de convocar hasta 25 miembros adicionales, representantes de grupos alzados en armas que hayan adelantado procesos de paz. Se propone así mismo que de la Asamblea Constituyente surja una asamblea legislativa que expedirá determinadas leyes. Según los autores, el propósito fundamental de la Asamblea es fortalecer la gobernabilidad en el país:
¿... la propuesta no tiene tanto que ver con la paz sino con la gobernabilidad,entendido ese concepto como la capacidad del Estado para alcanzar su fin: construir el bien común, es decir, el ambiente propicio para el pleno desarrollo de la dignidad de la persona humana, como diría la doctrina tradicional desde la época de Santo Tomás o `servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan... y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo¿ como dice el artículo 2° de la Constitución Nacional¿.
Anotan además los autores que los problemas de gobernabilidad se reflejan en una crisis institucional del país y que ¿vista esa desinstitucionalización en la óptica, del proceso de paz hay quienes consideramos que ella puede convertirse en un serio obstáculo para el avance del mismo por el fraccionamiento o la debilidad del sistema en el momento de iniciar negociaciones concretas con los grupos alzados en armas¿.
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LAS AUDIENCIAS PUBLICAS
La Comisión Primera del Senado realizó audiencia pública para conocer opiniones acerca de los proyectos de ley en cuestión el día 19 de septiembre de 2001.
Aunque la Secretaría General de la Comisión, en cumplimiento de una proposición aprobada por la célula legislativa, invitó a 109 personalidades del país, que incluyeron los ex Presidentes de la República, los precandidatos a la presidencia, los representantes de las centrales obreras, los directores de gremios económicos, los directores de los periódicos de circulación nacional y los representantes legales de los partidos políticos, sólo se inscribieron 14 personas para intervenir en la Audiencia de las cuales finalmente dejaron documentos o intervinieron los que se resumen a continuación:
Movimiento Unidos Por Colombia. Proponen como temas para la reforma: el voto obligatorio, suprimir el fuero de los Congresistas, la planificación familiar, una reforma penitenciaria, una reforma educativa, que los préstamos otorgados por el gobierno de los Estados Unidos de América sean invertidos en educación, salud, trabajo y vivienda y convocar a los diferentes sectores a los diálogos de paz, para dirimir el conflicto y darle viabilidad a esta inversión.
Luis Guillermo Otálora Prieto (ingeniero). Propone como tema fundamental una reforma al Congreso, que incluya:
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Un Congreso bicameral, con un menor número de miembros, conformado de la siguiente manera 40% gremial y 60% político.
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Reglamentación de funcionamiento.
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Quórum: después de completado el quórum los Congresistas no pueden ausentarse si no se ha levantado la sesión.
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El Congresista debe ser empleado de tiempo completo y no desarrollará actividades proselitistas.
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Cuando un proyecto de ley haya alcanzado el 75% del proceso de aprobación se le deberá dar último debate.
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Además propone que se convoque a Asamblea Nacional Constituyente cada 15 años.
Gilberto Alzate Cardona. Corporación El Ciudadano. Considera que el contexto constitucional de un país debe tener en cuenta no sólo sus propias necesidades internas, sino que debe considerarse del nivel global. Argumenta que los países deben sacrificar algunos de sus intereses en aras del bien común y que la única forma de asegurar la supervivencia de la humanidad es a través de un contrato social global, lo cual debe proclamarse desde la constitución política. La humanidad debe aceptar valores y procedimientos comunes que permitan la solución pacífica de conflictos y obliguen a los Estados a buscar el bienestar, la libertad y la paz para todos los seres humanos. Este contrato social global no destruirá los contratos sociales estatales internos, pero sí los limitará con base en el mandato de carácter constitucional interno.
Dice que la Constitución de 1991 aún conserva los rasgos de la soberanía nacional por lo que se debe incrementar una pedagogía constitucional para lograr el verdadero cambio hacia la soberanía popular, que el Estado se debe transformar en un estado federal, y por último que se debe implementar un sistema de gobierno parlamentario.
Hernando Parra. Arquitecto. Movimiento Paz y Democracia. Propone un Congreso unicameral moderno, popular y ágil, para que apruebe planes de desarrollo y legisle eficazmente con una misión progresista y una visión actualizada y práctica.
Gabriel Pérez Puentes. Confederación General de Trabajadores Domésticos. Considera que lo que se debe buscar son propuestas que permitan una profundización de la democracia, la descentralización del poder político, el impulso de la justicia social y la participación, así como buscar una integración nacional y regional que responda a los intereses y expectativas de todos nuestros pueblos latinoamericanos. Comenta las desventajas del modelo económico neoliberal monetarista y la tendencia reformista constitucional colombiana, para concluir que es inconveniente plantear la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en pleno año electoral y sin haber concluido los diálogos de paz.
Hernando Remolina Acevedo. Abogado. Propone las siguientes reformas a la Rama Judicial:
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Que los dignatarios de las altas cortes se elijan por concurso y hagan parte de la carrera judicial.
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Que el período de los magistrados sea de 4 años.
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Que se establezca un término de inhabilidad para dignatarios de las altas cortes para ocupar otro cargo de la misma categoría del que venía desempeñando.
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Que para los servidores públicos exista un período mínimo de inhabilidad para aspirar a cargos de elección popular y que puedan participar en política siempre que no utilicen su cargo ni jornada para tal fin.
La mayoría de estas propuestas, aunque significativas, no serán acogidas en la presente ponencia, en razón en la argumentación que presentamos a continuación que nos lleva a la conclusión de archivar el proyecto por la inconveniencia de convocar una Asamblea Constituyente.
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CONSIDERACIONES DE LOS PONENTES
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La naturaleza de una Asamblea Constituyente
El poder constituyente es la voluntad primaria y soberana del pueblo que se manifiesta en la creación de una Constitución, mediante la cual se organiza como Estado y regula su convivencia en comunidad.
Este poder constituyente es una de las formas centrales como el pueblo ejerce el poder. Es es sí mismo la soberanía que ejerce la comunidad para estructurar el sistema político, la capacidad suprema de dominio del pueblo sobre sí mismo, al darse por su propia voluntad una organización política y un ordenamiento jurídico.
Nuestra Constitución contempla tres vías principales...
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