Ponencia para segundo debate al proyecto de ley 227 de 2002 senado
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 227 DE 2002 SENADO. por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Honorable Senador
Carlos García Orjuela.
Presidente
Senado de la República.
¡Cordial saludo!
Siguiendo instrucciones de la Mesa Directiva, atentamente me dirijo a los honorables Senadores en pleno para presentarles la ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 227 de 2002 Senado, ¿por medio de la cual se aprueba el `Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas¿, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997)¿.
Honorables Senadores, el Estado colombiano se encuentra limitado al no contar con herramientas de vital importancia en la lucha contra el crimen. Sin embargo, esto no afectará la moral de lucha ni el compromiso indeclinable con la sociedad colombiana a la cual le seguimos manifestando nuestro compromiso y solidaridad.
Nos preocupa, al igual a que los otros sectores de la sociedad, el fallo de la Corte Constitucional que dejó sin piso jurídico la Ley de Defensa y Seguridad Nacional. En criterio de la Corte, la norma supeditaba las decisiones de los civiles a directrices militares, al tiempo que se desconocía el principio de la división de las ramas del poder público. La controversia jurídica que apenas comienza y que seguramente aumentará cuando se conozca el contenido de la sentencia del alto tribunal, debe llevarnos a plantear la necesidad de buscar de inmediato mecanismos que le permitan al Estado confrontar la amenaza del terrorismo que por estos días se ha vuelto evidente en varias ciudades del país.
Hay que crear otras herramientas obtenidas a través de un amplio consenso nacional, avaladas por el poder legislativo, en torno a la necesidad de dotar al Estado de herramientas idóneas que le permitan enfrentar eficaz y éticamente el desafío que a la sociedad colombiana le han planteado los grupos terroristas y la criminalidad organizada.
La comunidad internacional desde San José de Costa Rica expidió una declaración de solidaridad con Colombia, condenando los atentados de las Farc. En el marco de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, los países se comprometieron a cerrar sus fronteras a los terroristas colombianos y a no brindarles asilo ni refugio.
Es claro que el Gobierno y el Congreso no pueden repetir las mismas normas declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. Pero ¿qué hacer ahora y cuáles mecanismos podrían utilizarse para enfrentar la amenaza terrorista?
Una primera estrategia podría ser la...
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