Ponencia para segundo debate, pliego de modificaciones, texto propuesto y texto aprobado en primer debate por la Comisión Sexta al Proyecto de ley número 319 de 2020 Cámara, por medio de la cual se promueve la cultura de la legalidad en el territorio nacional - Ley Mockus - y se dictan otras disposiciones
| Fecha de publicación | 23 Agosto 2021 |
| Número de Gaceta | 1063 |
PONENCIAS
DIRECTORES:
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co
SENADO Y CÁMARA
AÑO XXX - Nº 1063 Bogotá, D. C., lunes, 23 de agosto de 2021 EDICIÓN DE 12 PÁGINAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
C Á M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA
www.camara.gov.co
GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariasenado.gov.co
G a c e t a d e l C o n g r e s o
I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 319 DE 2020
CÁMARA
por medio de la cual se promueve la cultura de la legalidad en el territorio nacional
- Ley Mockus - y se dictan otras disposiciones.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. ANTECEDENTES
El proyecto de ley número 319 de 2020 es de autoría de la representante Katherine
Miranda Peña.
La iniciativa fue radicada ante la Secretaría General de la Cámara de
Representantes el día 04 de agosto de 2020 y publicada en la Gaceta del Congreso
bajo el número 741/20.
El día 4 de noviembre del presente año, la representante Martha Villalba Hodwalker
fue asignada por la Mesa Directiva de la Comisión VI Constitucional Permanente
como ponente coordinadora.
Este proyecto fue aprobado en primer debate en sesión de la Comisión Sexta
Constitucional Permanente el 16 de junio del 2021 previo anuncio de su votación en
sesión ordinaria del día 15 de junio de 2021 según Acta No. 043 de 2021. No se
presentaron proposiciones por parte de los miembros de esta célula congresional.
2. OBJETO
El objeto del presente proyecto de ley es establecer un marco normativo de carácter
legal para que el Gobierno nacional promueva en todo el territorio una cultura de
apego a la ley en donde, tanto ciudadanos como servidores públicos, tengan
conocimiento de las normas que nos regulan y reconozcan su importancia para
colaborar armónicamente con la consecución de los fines del Estado Social de
Derecho.
3. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA AUTORA
Son numerosas las normas expedidas tanto por las autoridades administrativas
como por el Congreso de la República que no llegan a ser realidad pese a los
debates, el tiempo invertido y el desgaste institucional puesto en marcha para que
fuesen expedidas.
En Colombia se ha vuelto costumbre la inflación excesiva de normas a tal punto
que, podríamos decir que, hemos “normatizado” la vida cotidiana de todos los
ciudadanos y servidores públicos, esto, acompañado de muy pocas acciones
dirigidas a que los efectos de las normas expedidas se materialicen en la solución
real de los problemas para las cuales fueron diseñadas.
Podemos encontrar ejemplos como el de aquella disposición en el Código Nacional
de Tránsito que obliga a que en algunos vehículos de servicio público se fije un
aviso que pregunta “¿Cómo conduzco?” acompañado de un número telefónico el
cual ha sido confirmado que no funciona. Todas las normas expedidas por el
Congreso encaminadas a prevenir y sancionar la violencia contra la mujer no dan
resultado, así lo evidencian los datos de ONU Mujeres: a 2019 habían sido
asesinadas 12.226 mujeres en el país; como en estos casos, sucede con otra
centena de leyes que los ciudadanos no cumplen y, en algunos casos, inobservadas
por la institucionalidad.
El anterior no es un asunto de poca monta si tenemos en cuenta que en una
democracia moderna el apego a la ley, el conocimiento y el cumplimiento de las
normas que nos regulan es piedra angular para la consolidación del Estado Social
de Derecho.
Por ende, es una necesidad imperiosa la promoción de una cultura de la legalidad
en todo el territorio que opere como vehículo para la lucha contra problemas de
fondo de nuestra realidad nacional, como el delito, la corrupción, la perturbación de
la convivencia, etc.
La cultura de la legalidad puede ser definida como el conjunto de creencias, valores,
normas y acciones que promueve que la población crea en el Estado de derecho,
lo defienda y no tolere la ilegalidad siendo un mecanismo de autorregulación
individual y regulación social, que exige por parte de los ciudadanos una cierta
armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las tradiciones y
convicciones culturales.
La concreción de una cultura de la legalidad y de apego a las normas que nos
regulan ha sido una preocupación para distintos gobiernos y ha estado presente,
por ejemplo, en los Planes Nacionales de Desarrollo 2006 – 2010 y 2010 – 2014.
Recientemente, las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 del
presidente Iván Duque “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” mostraba esta
preocupación de la siguiente manera:
La violencia y la corrupción son los dos principales enemigos de la equidad. Por
eso es fundamental que en Colombia impere la cultura de la legalidad, que
implica un matrimonio indisoluble entre seguridad y justicia. En consecuencia, el
Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos
vivamos con libertad y en democracia se basa en la consolidación del Estado
social de derecho, para garantizar la protección a la vida, honra y bienes de
todos los colombianos, así como el imperio de la Ley por medio de una justicia
eficaz, eficiente y efectiva. Así mismo, este pacto apuesta por poner la lucha
contra la corrupción en el centro de la agenda de política pública, para recuperar
la legitimidad de lo público y la confianza entre el Estado y los ciudadanos. Este
pacto por la legalidad consolidará la presencia del Estado en todo el país y, en
particular, en aquellos territorios donde han persistido la ausencia de las
instituciones y los espacios vacíos de autoridad.
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