Sentencia nº de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta, de 2 de Septiembre de 2003
| Fecha | 02 Septiembre 2003 |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
PROVIDENCIA No. 30
DERECHO AL DEBIDO PROCESO – Fundamentos / DECISIÓN DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL CARGO – Recurso de reposición no es obligatorio / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL CARGO DE SENADOR – Perjuicio irremediable / ACCION DISCIPLINARIA – No impide la apertura del proceso de pérdida de investidura / PROCESO DISCIPLINARIO – Independiente frente al proceso de pérdida de investidura
VALE RESALTAR QUE EL DEBIDO PROCESO, TIENE SU ARRAIGO FUNDAMENTAL EN LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, LOS CUALES EXIGEN QUE SE EMPLEEN MEDIOS IDÓNEOS PARA BRINDAR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD A LAS PARTES DENTRO DEL PROCESO, SEA JUDICIAL, ORA ADMINISTRATIVO.
EN PRIMER TÉRMINO, EN OBSERVANCIA DE ESTE PRECEPTO, SE ENTIENDE QUE TODO PROCEDIMIENTO DESARROLLADO POR LAS LEYES DEBE ESTAR SOMETIDO AL CUMPLIMIENTO DE UNOS REQUISITOS FUNDAMENTALES, Y QUE TODA ACCIÓN LEGÍTIMA ENCAMINADA A DECLARAR LA EXISTENCIA DE UN DERECHO HA DE TENER ESTE MARCO JURÍDICO BÁSICO, ESTO ES, DEBE OBSERVARSE A CABALIDAD LA FORMA DISPUESTA POR LA LEY, PARA QUE PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE ELLA SE DEFINA LA CONTIENDA, EN TODO CASO, CON LA ACTUACIÓN DE LAS PARTES, COMO EN ESTE EVENTO, FRENTE A LA CUAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EJERCITA SU COMPETENCIA PARA INTERVENIR EN LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA, TODO CON EL FIN DE NO VIOLENTAR EL DERECHO DE DEFENSA, QUE ES EL NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.
EN ATENCIÓN A QUE EL RECURSO DE REPOSICIÓN ES UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN HORIZONTAL TENDIENTE A QUE EL MISMO FUNCIONARIO QUE PROFIRIÓ LA DECISIÓN DESFAVORABLE A QUIEN ES OBJETO DE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA O JUDICIAL REVISE SU DECISIÓN BAJO LOS ARGUMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS QUE EL RECURRENTE LE EXPONGA, COMO TAMBIÉN EN CONSIDERACIÓN A QUE EL INCISO 5º DEL ARTÍCULO 51 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PRECEPTÚA QUE DICHO RECURSO, COMO EL DE QUEJA NO SON OBLIGATORIOS (RECUÉRDESE QUE CONTRA LA SANCIÓN DISCIPLINARIA PROFERIDA POR EL PROCURADOR PROCEDE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CUESTIÓN ESTA QUE, POR ENDE, EVIDENCIA LA NATURALEZA DE ACTO ADMINISTRATIVO DE LA RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL)[1] NO ES IMPERATIVO PARA EL TUTELANTE EL HABER HECHO USO DEL MISMO, AUN CUANDO EN EL NUMERAL CUARTO DEL AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA SE HUBIESE CONSIGNADO, LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE DICHO RECURSO CONTRA LA DECISIÓN DE APERTURA DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL.
LA DECISIÓN DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL CARGO DE SENADOR DE LA REPÚBLICA AL TUTELANTE TIENE LA CONDICIÓN DE PERJUICIO IRREMEDIABLE, PORQUE EN PRIMER LUGAR, CONTRARIO A LO ALEGADO POR EL APODERADO JUDICIAL DEL ENTE ACCIONADO, VENCIDO EL PERÍODO PARA EL CUAL FUE ELEGIDO UN MIEMBRO DE UNA CORPORACIÓN DE REPRESENTACIÓN PÚBLICA NO CABE SU REINTEGRO NO OBSTANTE QUE EN EL PROCESO DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SE DISPONGA EN TAL SENTIDO, PUES SÓLO PODRÍA HABER LUGAR A LA REINCORPORACIÓN AL CARGO DE ELECCIÓN POPULAR SI TAL HECHO SE SUCEDE MIENTRAS EL PERÍODO NO HUBIERE VENCIDO, HABIDA CUENTA DE QUE OCURRIDO ESTO, QUIEN DEBE PASAR A DESEMPEÑARLO ES QUIEN RESULTE ELECTO PARA ESTE NUEVO.
LA IRREMEDIABLIDAD DEL PERJUICIO EN ESTE CASO NO SÓLO SE PRESENTA FRENTE AL MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN A QUIEN SE LE IMPIDE EL EJERCICIO DEL DERECHO POLÍTICO DE SER ELEGIDO ANTERIOR ES ASÍ, QUE EN SU NÚCLEO ESENCIAL COMPRENDE NO ÚNICAMENTE EL DE PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES COMO CANDIDATO SINO DE PASAR A REPRESENTAR A QUIENES LO ELEGIERON, SINO TAMBIÉN A LOS PROPIOS ELECTORES A QUIENES, EN UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PLURALISTA, SE LES QUEBRANTA UNO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN EL MANEJO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES.
LA SALA DEBE ADVERTIR QUE LA PROCURADURÍA PROCEDIÓ A ABRIR UNA NUEVA INVESTIGACIÓN (QUE ES LA QUE ES OBJETO DE LA PRETENSIÓN DE DECLARACIÓN DE TERMINACIÓN EN EL FALLO DE TUTELA), AL INSISTIR QUE EL SEÑOR BERNARDO HOYOS MONTOYA NO PODÍA TOMAR POSESIÓN DEL CARGO DE CONGRESISTA POR ENCONTRARSE INHABILITADO EN ATENCIÓN A LA EXISTENCIA DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN E INHABILIDAD POR CINCO (5) AÑOS PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS. DECISIÓN DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS QUE LA HACE AL AMPARO DE LA TESIS DOCTRINARIA Y JURISPRUDENCIAL DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA, POTESTAD DEL ESTADO A TRAVÉS DEL FUNCIONARIO INVESTIDO DE LA FACULTAD DE EJERCITARLA CUANDO SE DEN UNA DE LAS CAUSALES PARA SU EJERCICIO, LA CUAL NO SE COARTA POR EL HECHO DE LA APERTURA DEL PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA NI POR LA POSTERIOR NEGACIÓN DE LA DESINVESTIDURA A UN MIEMBRO DE UNA CORPORACIÓN PÚBLICA, EN CUANTO CADA UNA DE LAS ACCIONES SON PERFECTAMENTE IDENTIFICABLES, AL DECIR QUE EL OBJETO DE LA PRIMERA ES ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FRENTE A LAS NORMAS DE CONTENIDO ÉTICO CUAL ASÍ SE INVOCA EN EL PLIEGO DE CARGOS, EN TANTO QUE EL FIN QUE PERSIGUE EL ADELANTAMIENTO DE LA SEGUNDA ES “LA MORALIZACIÓN Y LEGITIMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN POLÍTICA DE REPRESENTACIÓN POPULAR”, POR LO QUE SIENDO ESA LAS RAZÓN QUE PERMITE EL EJERCICIO COETÁNEO DE LAS DOS ACCIONES.
República de Colombia [pic] 6 Rama Judicial
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCION CUARTA
SUBSECCION “B”
Bogotá, D.C., dos (2) de septiembre del año dos mil tres (2003)
Clase de proceso: Acción de Tutela No. 03-01598-01 Accionante: Senador B.H.M. A.: Procurador General de la Nación
Magistrada Ponente: Dra. NELLY YOLANDA VILLAMIZAR DE PEÑARANDA
SENTENCIA
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ASUNTO
Procede la Sala a resolver la acción de tutela instaurada por el señor B.H.M., quien actúa por conducto de apoderado judicial, legalmente constituido para el efecto, contra el PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, por considerar violado el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, así como los principios de Juez Natural y de Cosa Juzgada o de ejecutoriedad.
2.1. Hechos:
Da cuenta el señor apoderado del tutelante de los siguientes hechos: (fls.2-8c.p.)
2.1.1. La Procuraduría Delegada Para la Moralidad Pública mediante fallo de 24 de octubre de 2001 impuso sanción disciplinaria de destitución del cargo de alcalde de la Ciudad de Barranquilla e inhabilidad por cinco años para ejercer funciones públicas al hoy tutelante, la cual fue apelada y confirmada por la Sala Disciplinaria de dicho ente por medio de sentencia del día 22 de febrero de 2002, que le fue notificada el 20 de marzo y quedó ejecutoriada el 12 de abril del 2002.
2.1.2. El 2 de febrero de 2002, el tutelante se inscribió por el Movimiento Cívico Independiente en el primer renglón de la lista No. 583 al Senado de la República de Colombia por la circunscripción Nacional para el período Constitucional 2002-2006, fecha para la cual no se había pronunciado la Procuraduría General de la Nación en relación con el recurso de apelación interpuesto contra el aludido fallo disciplinario de primera instancia.
2.1.3. El 10 de marzo siguiente, el tutelante fue elegido Senador de la República, fecha para la cual aún no se le había notificado ni ejecutado la decisión de segunda instancia. Posteriormente, el día 20 de julio tomó posesión de dicho cargo al considerar que no se encontraba inhabilitado en el momento de su inscripción ni elección, toda vez que la Constitución sólo establece como requisitos para la posesión como Senador, la presentación del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.
2.1.3. El tutelante presentó en el mes de marzo de 2002 ante la Procuraduría General de la Nación, solicitud de revocatoria directa de los fallos sancionatorios de primera y segunda instancia, la cual le fue negada en el mes de diciembre del mismo año.
2.1.4. Con posterioridad, el ciudadano P.B.S., en ejercicio de la acción pública, solicitó “la perdida de investidura de congresista del P.B.H.M.” a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, invocando como causal la señalada en el numeral 1° del artículo 183 en concordancia con el numeral 2° del artículo 179 de la Constitución Nacional, la cual fue negada en sentencia de 10 de diciembre de 2002, en la cual se transcribe el concepto emitido por el Procurador Tercero Delegado ante esa corporación en el sentido de mantener la investidura.
2.1.5. El tutelante nunca ha sido condenado en proceso penal y desde el día 3 de junio de 2003, se encuentra suspendido de su investidura como Senador de la República por parte del señor Procurador General de la Nación (fl. 8, c.1).
2.2. Pretensiones:
Se expresan así: (fl.21c.p.)
“Primero: Mediante la acción que interpongo persigo que esa Honorable Corporación TUTELE EL DEBIDO PROCESO a favor del P.B.H.M., dentro de la investigación disciplinaria N.. 009-83664, toda vez que la Procuraduría General de la Nación, al abrir indagación preliminar e investigación disciplinaria; al suspender provisionalmente y elevar pliego de cargos a mi representado, INCURRIÓ EN EVIDENTE VIA DE HECHO.
Segundo: Como consecuencia de lo anterior, pretendo que esa Honorable Corporación DECLARE LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO No.009-83664 Y SU CONSECUENTE ARCHIVO DEFINITIVO, por aplicación a los principios de JUEZ NATURAL Y COSA JUZGADA O DE EJECUTORIEDAD.
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DERECHOS INVOCADOS :
Se invoca como violado el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, consagrado en el artículo 29 de la Carta Magna.
La vulneración de dicho derecho la basa el apoderado judicial del accionante en los siguientes aspectos:
3.1. Estima que la Procuraduría General incurrió en vía de hecho al decidir la apertura de indagación preliminar, abrir la investigación disciplinaria y suspender provisionalmente la investidura de congresista al tutelante, en cuanto tales decisiones fueron pronunciadas por funcionarios incompetentes y sin potestad disciplinaria.
3.2. Alega el apoderado del tutelante que la Procuraduría desconoció el “Fuero Especial” que ostenta el accionante como Senador de la República para ser...
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