Sentencia nº de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección segunda, de 4 de Junio de 2004
| Fecha | 04 Junio 2004 |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social,Derecho Público y Administrativo |
PROVIDENCIA No.66
INSUBSISTENCIA DE DIRECTOR DE UNIDAD DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL / DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - Facultad de nombramiento y remoción / FACULTAD DISCRECIONAL - Límites / DESVIACIÓN DE PODER / DESMEJORA DEL SERVICIO - Reemplazo que no reune requisitos / REQUISITOS DEL REEMPLAZO
SI BIEN LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ES COMPETENTE PARA NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS EN LOS CARGOS DE DIRECTOR DE UNIDAD, ESAS UNIDADES Y DIVISIONES SON AQUELLAS QUE A SU VEZ NO DEPENDEN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, A CUYO TITULAR SE LE HA OTORGADO LA COMPETENCIA GENERAL DE NOMBRAR A LOS EMPLEADOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, PARA QUIENES LA LEY NO SEÑALÓ COMPETENCIA ESPECÍFICA DE NOMINACIÓN EN LA SALA ADMINISTRATIVA.
(...)
EL CARGO DEL DEMANDANTE ERA JEFE DE UNIDAD DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, LUEGO SU NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN CORRESPONDE AL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, PUESTO QUE LA LEY NO OTORGÓ COMPETENCIA PARA QUE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NOMBRARA O REMOVIERA DICHOS CARGOS, TAMPOCO PARA QUE OTORGARA CONCEPTO PREVIO SOBRE LA REMOCIÓN COMO SUGIERE EL DEMANDANTE. EL DEMANDANTE FUE NOMBRADO LIBREMENTE POR LA DIRECTORA EJECUTIVA, Y EN ESA OPORTUNIDAD NO SE IMPUGNÓ EL NOMBRAMIENTO, CÓMO ALEGAR AHORA FALTA DE CONSULTA A LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO PARA LA REMOCIÓN, SI EN VIRTUD DE LAS NORMAS QUE HEMOS LEÍDO, SE HA DETERMINADO CLARAMENTE LA AUTORIZACIÓN LEGAL AUTÓNOMA Y COMPETENCIA GENERAL DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL PARA NOMBRAR LOS EMPLEADOS DEL CONSEJO, CUYA NOMINACIÓN NO HUBIERE SIDO ATRIBUIDA EXCLUSIVAMENTE A LA CITADA SALA . ES MÁS SI LA REMOCIÓN DEBIERA CONSULTAR A LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EL NOMBRAMIENTO DEBÍA HABER PARTIDO CON LA MISMA EXIGENCIA, SO PENA TAMBIÉN DE ILEGALIDAD. PERO ESTA EXIGENCIA NO HA SEÑALADO LA LEY Y POR TANTO LA IMPUGNACIÓN EN TAL SENTIDO NO ESTÁ LLAMADA A PROSPERAR.
ES CIERTO QUE NO SE HA ACREDITADO EN EL PROCESO QUE LA REMOCIÓN HUBIESE OBEDECIDO A UN INTERÉS PERSONAL O POLÍTICO A FAVOR DE TERCEROS; SIN EMBARGO, EL EMPLEADO NOMBRADO PARA REEMPLAZAR AL DEMANDANTE NO REÚNE LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL CARGO CUYAS FUNCIONES SON DE NATURALEZA JURÍDICA, CAMPO EN EL CUAL DICHO EMPLEADO NO ACREDITA EXPERIENCIA ALGUNA. DE ESTA MANERA, NO LOGRÓ DEMOSTRAR LA DEMANDADA QUE CON LA REMOCIÓN DEL DEMANDANTE Y POSTERIOR NOMBRAMIENTO DEL SUCESOR SE HAYA GARANTIZADO UN BUEN SERVICIO PÚBLICO AL FUTURO.
AHORA BIEN, SI EL FIN DE LA REMOCIÓN NO FUE GARANTIZAR UN BUEN SERVICIO PÚBLICO, LA REMOCIÓN DEVIENE ARBITRARIA Y CONTRARIA A LOS FINES DEL ESTADO.
TAMPOCO DEMOSTRÓ LA DEMANDADA QUE EL SERVICIO PRESTADO POR EL DEMANDANTE, HUBIESE SIDO DEFICIENTE Y QUE POR ELLO SE JUSTIFIQUE LA REMOCIÓN, SE LIMITÓ A ALEGAR LA FACULTAD DISCRECIONAL.
CREEMOS QUE LA FACULTAD DISCRECIONAL TIENE UNOS PRECISOS LÍMITES Y SI BIEN EL NOMINADOR CUANDO LA EJERCE PARA DISPONER LA LIBRE REMOCIÓN, NO ESTÁ OBLIGADO A EXPRESAR LOS MOTIVOS DE LA MISMA LOS CUALES SE PRESUMEN A FAVOR DEL BUEN SERVICIO, UNA VEZ SE HALLE DEMOSTRADO QUE PARA LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO NO SE VINCULÓ A UNA PERSONA QUE REÚNE LOS REQUISITOS LEGALES, SE DESVIRTÚA LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO, Y DEJA ENTREVER QUE LAS RAZONES DE LA REMOCIÓN NO TUVIERON QUE VER CON EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO.
CONCLUSIÓN DE LO ANTERIOR ES, QUE NO EXISTE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO, SI PARA OCUPAR UN CARGO SE DESIGNA A PERSONAL QUE NO REÚNE LOS REQUISITOS MÍNIMOS LEGALES.
EN LAS CIRCUNSTANCIAS ANOTADAS, FORZOSO ES CONCLUIR QUE SI CON EL ACTO DEMANDADO NO SE ATENDIÓ EL BUEN SERVICIO PÚBLICO, SE DESBORDÓ EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DISCRECIONAL DEL NOMINADOR QUE ES LIMITADA SI SE TIENE EN CUENTA QUE HA DE CONSULTARSE EN TODO CASO LAS RAZONES DE INTERÉS GENERAL Y BUEN SERVICIO. DE ESTA MANERA, SE DESCONOCEN TAMBIÉN LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE PROTECCIÓN AL DERECHO AL TRABAJO Y LA ESTABILIDAD LABORAL OBLIGANTES CUANDO NO EXISTE CAUSA LEGAL PARA LA REMOCIÓN DEL EMPLEADO O RAZONES DE INTERÉS GENERAL.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION "C"
Bogotá D.C., junio cuatro (04) de dos mil cuatro (2004).
Magistrada Ponente: Dra. A.O.P.
REFERENCIAS:
Expediente: No. 2001-7169 Actor: I.Q.G. Demandado NACIÓN - RAMA JUDICIAL Controversia: Insubsistencia Naturaleza: Ordinarios
Procede la Sala de Decisión Subsección C, de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a proferir sentencia que en derecho corresponda, dentro del proceso iniciado por el doctor I.Q.G. identificado con la cédula de ciudadanía No. 4'872.626 de Neiva, mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la NACIÓN -RAMA JUDICIAL-, no encontrando causal de nulidad que invalide lo actuado y cumplidos los presupuestos y las ritualidades procesales.
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A N T E C E D E N T E S :
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PRETENSIONES:
La parte actora a folios 6-8 del expediente solicita:
" 1. DECLARACIONES Y CONDENAS
Que es nula, por ilegal, la resolución número 2066 del 16 de abril de 2001, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento de mi mandante como Director de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración judicial.
Que como consecuencia de ello y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Nación-Rama Judicial, a reintegrar al D.I.Q.G., al cargo que venía desempeñando o a otro igual o de superior categoría y remuneración en la misma entidad.
Que de igual manera, se ordene a la Nación - Rama Judicial, a título de restablecimiento del derecho, al pago de todos los salarios con sus respectivos reajustes legales, bonificaciones, primas legales, prima técnica, vacaciones con sus respectivas primas, cesantías y demás prestaciones legales y otros emolumentos dejados de percibir desde la fecha de retiro efectivo del servicio público, hasta la fecha de reintegro al cargo, lo mismo que al pago de la indemnización de perjuicios causados por dichos actos, valores indemnizatorios que deberán ser indexados teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor o al por mayor certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), o por el organismo que la ley autorice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del C.C.A..
Que se declare, para todos los efectos legales y prestacionales, que no hay solución de continuidad en los servicios prestados por mi mandante, por razón de dicho lapso.
Que la entidad demandada deberá dar cumplimiento a la sentencia en los términos señalados por los artículos 176 y 177 del C.C.A."
Que se condene a la demandada al pago de costas y agencias en derecho.
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HECHOS.
Los hechos que dieron origen a la presente demanda se encuentran referidos a folios 8 a 12 del expediente y la Sala los resume así:
El demandante se vinculó al servicio de la entidad demandada desde 1° de octubre de 1992 y fue retirado el 16 de abril de 2001 El último cargo que ocupó fue el de Director de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
El actor ostenta el título de doctor en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, obtenido en la Universidad Nacional de Colombia; cursó postgrados en International Economical Law, Faculty of Laws, Alta Gerencia, Programa de Desarrollo Gerencial y especializaciones en Derecho Constitucional y Administrativo. Cursó además, varios seminarios y estudios de Inglés, Francés e Italiano.
Cuenta con amplia experiencia laboral en las diferentes Ramas del Poder Público. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentra el de Juez Civil de Plena Jurisdicción en Algeciras Huila; Secretario de Hacienda del Departamento del H. y Diputado de la Asamblea Departamental del mismo Departamento; Asesor de la Personería Distrital; Jefe de la División de la Superintendencia de Industria y Comercio; Superintendente Primer Delegado de la Superintendencia de Sociedades; Director de la Oficina Jurídica de TELECOM. Igualmente acredita experiencia como catedrático en diferentes Universidades.
Su hoja de vida muestra que es un profesional altamente calificado, estaba formado y capacitado para desarrollar las funciones propias del cargo y contribuir a la correcta y eficiente prestación del servicio en la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.
Posteriormente a su insubsistencia fue nombrado como Magistrado de la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Valle.
Preguntada por las razones de la desvinculación, la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, en Oficio del 7 de junio de 2001 contestó que la desvinculación estaba soportada en la facultad discrecional del nominador.
La persona que fue designada para reemplazar al actor no tiene similares o mejores capacidades profesionales, por lo tanto, es claro que el retiro del demandante no estuvo inspirado en razones del buen servicio sino en motivos de carácter personal o burocrático que vician de nulidad el acto acusado por desviación de poder.
El acto de insubsistencia viola los derechos del demandante y le ha generado perjuicios morales y materiales.
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DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACION
Para soportar los cargos de anulación señaló como normas violadas los artículos 1°, 2°, 13, 25, 53, 125, 256 de la Constitución Nacional; y los artículos 98, 131, 152 de la Ley 270 de 1996.
El actor invocó principios y derechos constitucionales laborales, especialmente el derecho al trabajo y la estabilidad laboral consagrados en la Carta Política como pilares fundamentales del Estado Social de Derecho; así mismo manifestó que " La administración no puede sacrificar la experiencia, preparación y madurez de los servidores públicos que prestan un servicio público óptimo, en aras de...
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