Proyecto de decreto - Renta vitalicia inmobiliaria
| Fecha de Fin de Comentarios Públicos | 26 Agosto 2020 |
| Año | 2020 |
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia
DECRETO_____________
( )
Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la
reglamentación de las condiciones de operación de la renta vitalicia inmobiliaria y se
dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por
los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política y los literales e), f) y c)
CONSIDERANDO
Que en 35 países se han desarrollado productos financieros encaminados a generar
ingresos complementarios a partir de la movilización de activos inmobiliarios,
consolidándo alternativas para quienes ostenten la calidad de propietarios de un
inmueble, permitiéndoles convertir en dinero el valor patrimonial que representa el mismo.
Que las características del sistema financiero colombiano y del mercado inmobiliario, así
como de las dinámicas demográficas, crean un escenario propicio para desarrollar
operaciones financieras como la Hipoteca Inversa.
Que en desarrollo de la anterior norma, le corresponde al Gobierno Nacional desarrollar
un marco regulatorio prudencial para el funcionamiento eficiente de la operacion
financiera de Renta Vitalicia Inmobiliaria, ofrecida por compañías Aseguradoras.
Que el régimen legal de las entidades aseguradoras de vida les permite desarrollar
operaciones para movilizar activos ilíquidos y dotarlos de liquidez como la compraventa
de los derechos económicos con Fondos de Capital Privado u otros esquemas de
inversión y los procesos de titularización.
Que, de igual forma, es necesario crear condiciones de protección al rentista o rentistas,
quienes adquieren la calidad de consumidor en el marco de la operación de renta vitalicia
inmobiliaria, con el objeto de proteger los derechos que recaen en su titularidad y de
instituir relaciones fundamentadas en la equidad, la transparencia, la seguridad jurídica y
el derecho a recibir información cierta, suficiente, oportuna y de fácil comprensión.
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