Proyecto de Ley 040 de 2016 Cámara
por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2017: ¿PARA LA NUEVA ECONOMÍA¿
CONTENIDO
PRIMERA PARTE
MENSAJE PRESIDENCIAL
ANEXO AL MENSAJE PRESIDENCIAL
EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA 2017
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL PGN 2017
I. RESUMEN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
II. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO 2017
III. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO 2017
IV. RESUMEN HOMOLOGADO PRESUPUESTO NACIÓN Y PLAN FINANCIERO 2017
V. PANORAMA PRESUPUESTAL 2015
VI. PANORAMA PRESUPUESTAL 2016
VII. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES QUE AUTORIZARON LA CREACIÓN DE RENTAS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
VIII. PRINCIPALES BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) AÑO GRAVABLE 2015
IX. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA
SEGUNDA PARTE
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2017
ANEXO DE GASTO SOCIAL DEL PGN 2017
DETALLE DE LA COMPOSICIÓN DE INGRESOS PGN 2017
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L
PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2017
UN PRESUPUESTO PARA LA NUEVA ECONOMÍA
En cumplimiento de la Constitución Política y de la Ley Orgánica del Presupuesto, el Gobierno nacional presenta al Honorable Congreso de la República el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017[1][1]. Esta es una de las más importantes i niciativas que el ejecutivo somete a consideración de esa Alta Corporación y al escrutinio de los ciudadanos.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2017 asciende a $224,4 billones, de los cuales $209,3 billones se financia con aportes de la Nación y $15,2 billones con recursos propios de las entidades descentralizadas del orden nacional que hacen parte del PGN. Este proyecto de ley incorpora las partidas necesarias para garantizar la operación de los órganos que lo integran[2][2], la atención de las obligaciones de la Nación y para avanzar en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un Nuevo País[3][3].
En consecuencia, el proyecto de ley que se propone incluye las apropiaciones que hacen parte del plan anual de inversiones así como las autorizadas en años anteriores mediante el mecanismo de vigencias futuras; atiende la financiación de programas sociales que benefician a la población más vulnerable, acata las sentencias y mandatos de los jueces y de las altas cortes, y honra los compromisos de la Nación con sus servidores y pensionados, y con sus acreedores, internos y externos, entre otras obligaciones.
Este presupuesto se ha estructurado para ser un apoyo al crecimiento económico y social del país en cumplimiento de las metas fiscales. Contribuye a la consolidación de una Nueva Economía que atenúa los choques generados por la desaceleración de la economía global y la reducción del precio internacional del petróleo.
1. PRESENTACIÓN
Durante la primera parte del actual decenio, el país contó con ingresos fiscales originados en el buen comportamiento de la actividad económica y en el auge minero-energético que hizo crecer significativamente la renta petrolera de la Nación y de las entidades territoriales. Esto facilitó la ejecución de las políticas públicas que contribuyeron a la reducción de la tasa de desempleo, la desigualdad social y las brechas regionales.
La economía colombiana atraviesa una coyuntura diferente a la vivida en años anteriores. Enfrenta el efecto de choques externos asociados con la caída del precio internacional del petróleo y la desaceleración económica de nuestros principales socios comerciales. La magnitud de sus efectos sobre los ingresos corrientes de la Nación es mayor a la experimentada con la crisis de inicios de la década de los ochenta, la de finales de siglo y a la vivida en los años 2008-2009 por efecto de la crisis mundial.
El cambio que se ha producido requiere de una profunda transformación en diferentes campos de la actividad pública y privada. Por una parte, es indispensable identificar otros liderazgos sectoriales para construir una Nueva Economía, basada en sectores transables y con mayor valor agregado. Como lo comienzan a mostrar las cifras más recientes del DANE, la industria, la agricultura y los servicios, en particular el turismo, están llamados a desempeñar un papel fundamental, sustentado en el mejoramiento de los niveles de competitividad y productividad por la ejecución de los proyectos de infraestructura de cuarta generación ¿ 4G, las acciones de transformación productiva y el apoyo a la innovación.
Los cambios en la estructura de ingresos fiscales hace necesario repensar el nivel y la composición del gasto público. Un gobierno responsable, como ha sido este, tiene que adaptarse a estos hechos, de forma que con menos recursos se pueda hacer más.
La programación presupuestal para los próximos años debe reconocer esta realidad. Esto implicará decisiones en materia de gastos de personal, de adquisición de bienes, y servicios y de transferencias. Se requiere de una política salarial austera y un control estricto de las nóminas de personal, decisiones sobre el monto y composición de la inversión pública, y un permanente monitoreo del gasto público, que evalúe la pertinencia y efectividad del mismo.
El gasto público tendrá que focalizarse en sectores estratégicos que contribuyan al crecimiento, a la reducción de la pobreza y a la generación de empleo, y que mejoren la competitividad y productividad del país. La inversión debe ajustarse a aquella que sea estrictamente prioritaria con mayor impacto en los indicadores sociales y económicos. En esta situación, el sector privado debe de jugar un papel más importante en la provisión de bienes y servicios públicos, especialmente en la construcción de infraestructura mediante el mecanismo de Asociación Público Privada (APP), que se mantendrá como un pilar fundamental para adelantar muchas de las inversiones en los diferentes sectores.
Así mismo, las asignaciones para gasto social tendrán que ir a la par con la nueva realidad fiscal. Su programación debe focalizarse en los más pobres y los subsidios eliminarse o reorientarse a medida que se cumpla con metas, claras y medibles, que evidencien que los grupos menos favorecidos están superando las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de estos subsidios.
Todas las medidas que se proyecten deben buscar enfrentar el reto que se ha fijado esta administración: reducir el déficit, ¿hacer más con menos¿, y consolidar una economía moderna y sostenible¿, más diversificada y, por ende, más resistente a los choques externos.
Una condición necesaria para mantener la confianza en la economía es la responsabilidad fiscal. Con esta convicción, la primera reforma constitucional que se presentó ante el Congreso de la República fue la de incluir en la Constitución Política el criterio de sostenibilidad fiscal[4][4], para que todas las Ramas del Poder Público, estén obligadas a tener en cuenta este principio en sus decisiones, sus fallos y actuaciones.
No ha sido la anterior la única reforma en esta área de la política. Como complemento al Acto Legislativo sobre sostenibilidad fiscal, el Gobierno impulsó la adopción de la regla fiscal para el Gobierno nacional Central (GNC)[5][5]. Esta es el fundamento para el diseño de la política fiscal y ha exigido que el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP), y el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) se construyan bajo su amparo. Su aplicación sobre las finanzas del GNC ha permitido reducir progresivamente el déficit estructural.
El cumplimiento de la regla fiscal constituye un compromiso de ley al que tienen que ceñirse la programación y ejecución de los presupuestos públicos, de manera que se produzca en el mediano plazo un ajuste progresivo que permita eliminar gradualmente el desbalance de las finanzas públicas, reducir los niveles de endeudamiento y ubicar el gasto en niveles consistentes con las posibilidades estructurales del país. En ella descansa la credibilidad del país ante las agencias internacionales. Desde 2014 se ha adoptado una estrategia que ha mostrado sus bondades: La Austeridad Inteligente. Su aplicación continuada permitirá garantizar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas.
Para proteger dicha sostenibilidad se iniciará el trámite en las próximas semanas de una reforma tributaria. Dado el carácter temporal de algunos impuestos, así como la caída de las rentas provenientes del sector petrolero, es inaplazable una reforma que le imprima al estatuto tributario más equidad, competitividad y simplicidad. La transición hacia una Nueva Economía debe apoyarse en un nuevo estatuto. Adicionalmente, el país requiere recursos para poder sostener una política social redistributiva, que permita ayudar a los colombianos que están en situación de mayor vulnerabilidad y atender los requerimientos que surjan en el futuro con ocasión del posconflicto y la construcción de una sociedad más incluyente.
El Gobierno busca construir una propuesta que logre un consenso de las partes involucradas, para lo cual ha escuchado los planteamientos de la Comisión de Expertos, del Congreso de la República, de los gremios de la actividad productiva, de la ciudadanía, y las recomendaciones de distintos organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Es indispensable construir un consenso en el que se dejen de lado los intereses especiales y de corto plazo. Este gran pacto ojalá incluya a los sectores de oposición. Cada vez que se ha requerido la defensa...
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