Proyecto de Ley 111 de 2018 Senado
por medio del cual se crea el Fondo Especial de Financiamiento Agrícola denominado (FEFA) para el incentivo de proyectos productivos asociados que contribuyan a la reducción de la pobreza rural y fortalezcan la política de seguridad alimentaria en Colombia. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. INTRODUCCIÓN
El sector agrícola en Colombia, es de lejos el más importante en materia de políticas de seguridad alimentaria, prospectiva para el desarrollo y eje central en el crecimiento económico territorial y nacional, la cifra que acompaña su aporte al PIB no deja de ser menos importante, cuando su aporte significó el 5.6% de participación en el agregado nacional y en 2018, las expectativas se enmarcan en una tasa cercana al 4.8%.
No obstante, durante las décadas de los 50 y 60, el sector agrícola, llegó a representar tasas de participación el Producto Interno Bruto de hasta el 35% para la contabilidad de entonces. De manera, que el sector agrícola, ha venido presentando ajustes durante los últimos 50 años que lo han reducido a un eje de desarrollo transversal con tasas inferiores al 10%, aun así, las investigaciones han permitido establecer la importancia relativa que tiene en el aporte a la economía nacional. De ahí que en principio las reformas rurales se enfocaran en la metodología de clúster, aun en presencia de distorsiones del mercado, formación de precios desiguales y externalidades negativas que convergieron en el círculo vicioso de políticas fugaces de desarrollo agrícola.
Es evidente la necesidad de recuperar el campo colombiano desde el lado de la oferta, yendo más profundo en la función de producción que comporta el sector, para ello es pertinente avanzar en la estructura de inversión que mantiene las economías de escala agrícolas, las mi smas que han ido empeorando dada la ausencia de participación colectiva sobre todo en pequeños agricultores. No cabe duda que la fórmula magistral de recuperación del sector proviene del fortalecimiento de la oferta en condiciones de rentabilidad positiva, dando paso a la formulación de nuevas dinámicas de producción, esta vez des atomizadas por la práctica de financiamiento restrictivo que cobija a un pequeño grupo en el inicio de los ciclos productivos.
De manera que para entender la realidad económica del campo, no es necesario complejizar su estructura productiva, sino por el contrario, flexibilizar el acceso a las condiciones de financiamiento con que cuentan los productores, incluso en presencia de un fuerte clima internacional, la competencia del sector puede alcanzar metas de desarrollo endógeno que le permitan su consolidación.
Contrario a la política de asistencialismo del Estado, la financiación del sector agrícola proviene de la oportunidad de generar ingresos más allá de economías de subsistencia con escasez de mano de obra y capital físico de manera que lo rural pase a ser componente unívoco del desarrollo productivo de la nación. Los resultados de tal inversión son más robustos que aquellos simulados por ayuda transitoria como se ha venido haciendo para el contexto colombiano.
Esta aproximación al entorno sobre el que se desarrolla el presente Proyecto de Ley parte de la necesidad por ¿encuadernar¿ el modelo productivo rural en Colombia a partir de la financiación de proyectos colectivos, cuya dinámica de asociación distribuye el riesgo de la inversión y perfecciona los resultados hacia el mediano plazo en el crecimiento del sector como a bien lo explica la presente exposición de motivos.
2. Contexto General del sector agrícola
El sector agrícola colombiano es una amalgama de propuestas inconclusas que han llegado a generar un problema relativo de consenso entre campesinos asalariados, productores dueños del capital y Estado. La evidencia que deja la teoría económica radica en la incapacidad que ha tenido este sector para generar desarrollo desde adentro, promover la transferencia de capital y la circulación de factores entre las etapas del ciclo productivo.
Uno de los mayores inconvenientes del sector agrícola radica en el trato que se le da a la economía rural como un agregado que aparentemente cumple las condiciones de generación de ingresos a partir de la explotación primaria del recurso más valioso en el proceso, es decir, que la tierra representa el vínculo económico, punto de partida de la formalización de la actividad productiva pero no es ni mucho el único eslabón sobre el que se llega a la terminación del ciclo en condiciones de equilibrio.
La tierra, distribución y usos así como de los derechos de propiedad sobre la misma, han generado el principal conflicto de intereses entre su provisión como factor de producción y las garantías asociadas a la forma de explotación.
En la teoría económica clásica, se consideraban la tierra, el capital y el trabajo como los tres factores de producción a partir de los cuales existía un modelo económico basado en la relaciones de intercambio justas y en condiciones de pago a los factores a partir del valor genera do sobre la mercancía: el valor en cambio y el valor en uso de los bienes producidos, era merecedor del juicio sobre las condiciones en que fue producido determinado bien o mercancía.
En este orden de ideas, si los factores de producción no reaccionan a las diferentes etapas del ciclo económico, es contraproducente llamarlo producción, cuando lo que se presenta es un flujo de la producción con amplios fallos de mercado: uno de ellos, la falta de dotación de recursos en presencia de una demanda creciente, en este caso esta demanda viene siendo representada por el aumento de la población en un periodo determinado.
Si un productor carece del principal factor de producción ¿Tierra¿, bajo ningún efecto económico puede generar ingresos, por lo tanto la función de producción no existe en este caso y la racionalidad indica que este productor debe trasladar sus expectativas de formación de riqueza hacia la actividad como asalariado, convirtiéndose su desempeño productivo principal en el jornal diario, producto del pago a factores que realiza quien si tiene derechos de propiedad sobre el principal factor: Tierra.
La dinámica de la tierra puede interpretarse a partir de la siguiente afirmación: ¿El Estado nunca ha considerado al sector rural como un sector estratégico para el desarrollo, así como tampoco ha existido una política de equidad y de distribución de recursos. Lo que se ha hecho es, básicamente, dejar que el mercado opere, y el mercado conduce a los procesos de acumulación y concentración propios de todo régimen capitalista¿ [Machado A. 2013].
Por régimen capitalista en este sentido asociamos exclusivamente a las fuerzas del mercado que se rigen por la relación entre oferta y demanda y que han terminado por estructurar un modelo que funciona pero que además debe ir acompañado de una estrategia Estatal que provea los espacios para la articulación de beneficios por parte de los productores.
Simplificando aún más el análisis: la política rural no ha tenido el impacto esperado. Y aunque parezca meritorio retomar los esfuerzos que se han hecho, la focalización de los mismos ha apuntado a varios puntos cuyas restricciones contraen la eficiencia productiva dentro del modelo.
Ahora bien, el problema de los derechos de propiedad sobre la tierra, dependen de la distribución del recurso productivo a lo largo de la historia, que se ha ido desplazando por cambios de coyuntura social, asociados al conflicto armado, el desplazamiento y los intereses desarticulados entre las fuentes de financiamiento y los efectos directos en la población sobre las que recaen.
El tema en cuestión puede llegar a ser farragoso, si se entiende el problema del sector agrícola como una estructura de intereses particulares y no como una falla estructural del modelo productivo vigente, con las actualizaciones que sobre el mismo merecen y que corresponden a las exigencias del Siglo XXI en una economía abierta. Un sector económico tan importante como el agrícola requiere de la formación avanzada de todos sus factores para lograr competir en un entorno de liberalización de la economía. Por ende el problema viene siendo estructural desde siempre.
Cuando sobre los derechos de propiedad coexisten los límites del interés particular, la rela ción entre la dotación de recursos y la capacidad productiva se rompe antes que se calculen los beneficios. Lo cual nos lleva a argumentar que la pobreza agraria se explica en el sentido que la dotación de recursos no es suficiente para evaluar una posible formación de ingresos.
Desde la academia se han brindado recomendaciones que apuntan al orden estructural de las relaciones de intercambio y formación de riqueza para el sector agrícola; la conclusión puede ser la siguiente:
¿el sector agrícola colombiano a pesar de ser un eje dinamizador de la economía, aun no cumple con los requisitos de formalización del trabajo, transferencia de capital y desarrollo de economías de escala que le permitan avanzar en un proceso consolidado y sostenible de reducción de la pobreza y especialización de la producción¿.
De otro lado, el capital humano es insuficiente para el logro de actividades extractivas sostenibles y de amplio margen de rentabilidad sobre los costos de producir alimentos o productos derivados del sector que involucren un proceso articulado de intervención entre los eslabones de la cadena productiva.
Es así como el sector agrícola ha sido una amalgama de propuestas bien encaminadas, pero con alta diferenciación en el cumplimiento de los planteamientos previamente construidos, no obstante de la alta volatilidad que representa el sector y de la dependencia del mismo por la subsidiaridad, componente que grosso modo presenta una alta demanda sobre todo en pequeños agricultores, que ha ido desmejorando el panorama de largo plazo en lo concerniente al desarrollo.
Finalmente, las luces que dan las estadísticas respecto al comportamiento de la producción y la...
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