Proyecto de ley 211 de 2005 senado
PROYECTO DE LEY 211 DE 2005 SENADO. por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Disposiciones generales
Principios y definiciones
La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberá realizarse de conformidad con las normas constitucionales, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, las disposiciones de Derecho Internacional Humanitario y el conjunto de principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos, mediante la lucha contra la impunidad.
La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la presente ley no debe entenderse como la negación de otras que regulan esta misma materia.
Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley, se entiende por víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones que transgredan la legislación penal vigente, cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley.
También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad de la víctima directa, cuando quiera que esta hubiere sido asesinada o estuviere desaparecida.
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración de la relación familiar entre este y la víctima.o:p>
Especialmente debe asegurarse a las víctimas de las violaciones el acceso a recursos eficaces, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones.
Todas las autoridades públicas que intervengan en los procesos que tengan lugar como efecto de la presente ley deberán atender, primordialmente, el deber de que trata este artículo.
Las investigaciones y procesos Judiciales a que da lugar la presente ley deben buscar la reconstrucción comprensiva de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Las víctimas tienen el derecho de conocer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario cometidas contra ellas y sus familiares, en especial, sobre el paradero de las víctimas de desaparición forzada, secuestro, reclutamiento forzoso y masacres. Las autoridades del Estado deben investigar lo sucedido a las víctimas de estos crímenes, e informar a sus familiares de la suerte que han corrido.
En todo caso los procesos Judiciales que se adelanten no inhiben la puesta en práctica en el futuro de otros mecanismos no Judiciales de reconstrucción de la verdad.
La restitución consiste en devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.
La indemnización consiste en compensar económicamente los perjuicios causados por el delito.
La rehabilitación consiste en recuperar a las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.
La satisfacción consiste en restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.
A más de las anteriores, las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la puesta en marcha de mecanismos de reparación simbólica y colectiva.
Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general, que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
La reparación colectiva debe guiarse por el enfoque de reconstrucción sico-social de atención a poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de homicidios múltiples y otros hechos de violencia sistemática.
La reparación solo procederá si la víctima se encuentra viva y la solicita.
El Tribunal creado por la presente ley podrá ordenar las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso.
Procedencia del mecanismo previsto en la presente ley
9.1 Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, siempre que se encuentren en el listado de que trata el artículo siguiente, previa aceptación del mismo por parte del Gobierno Nacional y que reúnan las siguientes condiciones:
9.1.1 Que el grupo haya suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional y entregado la información de que trata el artículo siguiente;
9.1.2 Que el grupo haya cesado las hostilidades así como todo ataque a la población civil.
9.1.3 Que el grupo se haya desmovilizado en los términos que establezca la ley.
9.1.4 Que el grupo haya puesto en libertad a toda persona que hubiere retenido, y;
9.1.5 Que el grupo haya entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados y que hagan parte de su organización.
9.1.6 Que el grupo de que se trate no tenga como objeto principal el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.
9.2 También podrán acceder a los mecanismos de alternatividad penal, los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individualmente, y contribuido a la consecución de la paz nacional y que reúnan las siguientes condiciones:
9.2.1 Que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional.
9.2.2 Que haya cesado las hostilidades así como todo ataque a la población civil.
9.2.3 Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos que establezca el Gobierno Nacional para el efecto.
La lista contendrá, además de la identificación de las respectivas personas, un organigrama del grupo que incluya las fechas probables de ingreso de los distintos miembros. También deberá contener el inventario conocido por el Gobierno de las armas, municiones, explosivos, pistas de aterrizaje, vehículos de transporte y demás bienes muebles e inmuebles utilizados por el grupo en el desarrollo de sus actividades delictivas.
El grupo armado deberá entregar al Gobierno Nacional la información que corresponda sobre los lugares en los cuales se hallen fosas comunes o cuerpos de personas desaparecidas o asesinadas.
Los documentos así remitidos tendrán el valor probatorio que corresponde a la prueba documental.
El asentimiento expreso e individual de hacer parte del acuerdo de paz y de cumplir sus condiciones debe surtirse en la versión preliminar.
El Gobierno Nacional deberá establecer un mecanismo de verificación de veracidad de la información de que trata el presente artículo, e informará a la autoridad judicial correspondiente en caso de encontrar alguna incongruencia, para que se tomen las decisiones a que haya lugar dentro del proceso.
Para efectos de orientar las investigaciones, el Gobierno deberá entregar a la Fiscalía una lista de los delitos presuntamente atribuidos al grupo armado de que se trate.
La información suministrada por el grupo armado, y la verificación que de la misma haga el...
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