Registro marcario
| Páginas | 31-31 |
JFACE T
A
URÍDIC 31
Registro marcario
Cotejo entre signo y marca. Examen de confundibiblidad
”
Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de c onjunto despertada
por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examin arse sucesivamente y no
simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las se mejanzas y no las diferencias
que existen entre la s marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido de be colocarse en el lugar del
comprador presunto y tene r en cuenta la naturaleza de los productos.”
-
“Produc-
tos farmacéuticos,
fungicidas y herbicidas”.
-
-
los segmentos a compararse, en lo s cuales la secuencia de vocales, la
longitud de la o las palabras, el núme ro de sílabas, las raíces, o las termi-
naciones comunes, pued en inducir en mayor grado a que la confusión sea
más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre sig nos que al ser pronunciados
tienen un sonido similar. La determinación de tal similitu d depende, entre
otros elementos, de la identi dad en la sílaba tónica o de la coincidencia en
las raíces o terminaciones; sin embargo, deben te nerse también en cuenta
posibilidad real de confusión entre los sign os confrontados.
La similitud ideológica se produce ent re signos que evocan la misma
o similar idea, que deriva del contenid o o del parecido conceptual de los
signos. Por tanto, cuando los signos represe ntan o evocan una misma cosa,
característica o idea , se estaría impidiendo al consumidor disting uir una
de otra”.
-
(Cfr. Consejo d e Estado,
Sala de lo Contencioso Admini strativo, Sección Primera , sentencia del 4 de agosto
de 2016, Rad. 11001-03-24-000-2013-00351-00, C.S . Dra. María Elizabeth García
González).
Concretamente, el art ículo 171 Superior señala en su inciso segund o
que, además de los cien se nadores que conforman el Senado de la Rep úbli-
ca elegid os en circunscripción nacional, exi stirá “un número adicional
de dos senadores elegi dos en circunscripción nacional e special por las
comunidades indígena s”. Más adelante, relacionado con la composi-
ción de la C ámara de Representantes, el artículo 176 ibídem, establece lo
sigui ente:
“…La ley podrá establecer una circunscr ipción especial para asegurar
la participación en la Cámara de Repre sentantes de los grupos étnico s y
las minorías política s.
Mediante esta circunscripción , se podrán elegir hasta cuatro
representantes…”.
la garantía del derecho a la par ticipación política de los grupos é tnicos,
permitiendo de igual mane ra el libre ejercicio de su derecho a elegir y ser
elegido como expresión del concepto de democracia participativa.
Partiendo del supue sto anterior, el derecho a elegir y ser elegido es,
entonces, un derecho d e doble vía, en el entendido de que se permite al
ciudadano concur rir activamente a ejercer su derecho al voto o, también,
a postular su nombre para que sea elegido a través de este mecani smo.
Para la Corte Constitucional, la pri mera connotación es sinónimo de la
libertad in dividual para “accede r a los medios logísticos necesarios e
informativos para part icipar efectivamente en la elección de los gober-
nantes, en una doble dimensión de derec ho-función”. En el mismo sentido,
la segunda característ ica, que podríamos llamar pasiva, “consiste en el
derecho que se tiene a ser elegido c omo representante de los votantes en
un cargo determinado”.
Continuando, en sentencia T-737 de 2005, la Corte destacó la importan-
cia y el respeto que merecen los diferente s grupos étnicos e indígenas del
país, señalando que correspo nde al Estado “el deber de proteger sus valores
culturales, ancestrales, soc iales y políticos que les asegure la continuidad y
fortalecimiento de sus comunidad es y de su identidad social”.
En el ámbito de participación política , la Corte resaltó que aun cuando
las comunidades indígenas go zan de autonomía respecto de tales proce-
sos al interior de sus territor ios, se encuentran sujetos, al igual que todos
los ciudadanos, a las reglas estableci das por el legislador para el debate
electoral, pues tienen relac ión directa con la forma en que estos acuden
a la conformación del poder público del E stado. Bajo esta premisa, ha
señalado también que los movimientos polític os en representación de las
comunidades indígenas, pue den hacer uso de los mecanismos previstos por
el legislador para la defensa del derec ho a elegir y ser elegido con ocasión
del proceso electoral. Para la Corte, tal faculta d constituye “una garantía
para dichas comunidades y re presenta a la vez el deber de asumir las res-
ponsabilidades inherentes a los de rechos de participación que les han sido
reconocidos (…)”.
Con fundamento en lo exp uesto, la Sala concluye en este punto que si
el Constituyente para per mitir su participación en los escenarios de delibe-
ración legislativa, todo ello en pro del pr incipio democrático y pluralista, y
de la garantía de la diversidad étnic a y cultural de la Nación, también vale
señalar que ellos están sujetos a las reglas electorales, la s cuales establecen
Sin embargo, estas prerrogativa s o la interpretación que se haga de ellas
no puede ir en detrime nto de la garantía de los derechos políticos de los gru -
pos minoritarios, especialmente en cuanto al derecho a elegir y ser eleg ido,
pues cualquier circun stancia regresiva iría en desmedro de los princip io
constitucionales y de la juri sprudencia de esta Corporación, por trata rse de
grupos especialme nte protegidos”. (Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Co nten-
cioso Administrativ o, Sección Segunda, sente ncia del 18 de octubre de 2016, Rad.
11001-03-15-000-2016-02267-00 (AC), C.S. Dr. César Palomino C ortés).
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba