'Revolución de trámites' demuestra que el Estado le cree a ciudadanos
Detrás de decisiones simples como eliminar las autenticaciones para trámites ante entidades públicas, acabar con las declaraciones extrajudiciales o permitir que los niños hagan sus reclamaciones, hay fundamentos filosóficos que apuntan a echar las bases de un cambio cultural profundo: creer en el ciudadano.
Este interés del gobierno del presidente Juan Manuel Santos está en el origen del Decreto 0019 del pasado 10 de enero y recorre los 238 artículos que pusieron fin a más de cien trámites inútiles.
En el fondo de la norma subyace un principio filosófico-constitucional (artículo 83 de la Carta Fundamental): presumir la buena fe de las autoridades y de los ciudadanos.
El decreto ha dado un gran paso en el cumplimiento del mandato constitucional de creerle a la gente, y de derrumbar literalmente de un plumazo las talanqueras que el Estado mismo había construido durante décadas para dudar de todos, lo que se había convertido, además, en una gran fuente de corrupción. Porque, como dicen algunos abogados, "hecha la ley, hecha la trampa".
La 'revolución de los trámites' está encaminada entonces a estimular un cambio cultural tanto en los funcionarios públicos como en toda la gente. El Estado le dice al ciudadano que a partir de ahora no hay necesidad (¡tampoco la había antes!) de mentir, porque se puede y se debe decir la verdad. Es que el Estado no les creía a los suyos.
La declaración extrajuicio, abolida esta semana, se había convertido en un falso instrumento de credibilidad, por el solo hecho de llevar la firma de un notario.
El propio superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, le confesó a EL TIEMPO que para poder asumir su cargo fue obligado a llevar una declaración extrajuicio que decía que no tiene hijos. "No entiendo cómo el Estado no me creía algo como eso", dijo.
Su experiencia como jefe de los notarios le demostró luego que este documento era requerido de manera "arbitraria por cualquier funcionario, para lo que se le antojara".
Ahora "basta la afirmación que haga el particular ante la autoridad, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento", dice la norma.
El sociólogo Gabriel Restrepo, profesor de la Universidad Nacional, se remonta a la época de los encomenderos, durante el virreinato, "el comienzo de esa cultura de la desconfianza, de la trampa" y advierte que "ahora hay que fomentar desde las escuelas, colegios y universidades una ética de transparencia".
"Con actos tan elementales como el de esta semana se crea confianza pública, se puede comenzar a cambiar una sociedad", dijo Restrepo.
Como dijo Catalina Crane, alta consejera para la Gestión Pública y Privada, este es un "primer paso en el camino de restaurar la confianza entre todos". Por ahora la ley obliga al sector público a creer en los ciudadanos, pero lo que viene es que los particulares hagan lo mismo.
De hecho, la norma ordenó a las superintendencias que instruyan a sus vigilados (privados) para que "no exijan más requisitos, trámites o procedimientos de los estrictamente necesarios".
La norma también impactará otras áreas de la sociedad. Por ejemplo, la economía. Es incalculable el ahorro que esta significa para el país si millones de colombianos reorientan sus recursos y tiempos que dedicaban a los trámites, a producir más y mejor.
Alberto Schlesinger, decano de la facultad de economía de la Universidad Sergio Arboleda, dijo que la...
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