Se robaron 150 mil hectáreas con ayuda de registradores y notarios
La decisión de intervenir la Superintendencia de Notariado y Registro -anunciada este lunes por el Gobierno- se tomó el pasado lunes durante la rendición de cuentas del sector agrario en la Casa de Nariño.
En esa reunión, el superintendente Jorge Enrique Vélez, le resumió en forma dramática al presidente Santos los hallazgos de una revisión inicial a tan sólo 10 de las 192 oficinas de registro público que hay en el país.
"Presidente: donde ponemos el dedo sale pus", le dijo Vélez y calculó que cerca de 150 mil hectáreas de la Nación o de campesinos han cambiado de manos irregularmente, con la posible complicidad de un puñado de registradores, notarios y el Incoder.
"Hay un enorme foco de corrupción en muchas oficinas de registro en donde la propiedad ha sido adulterada", dijo ayer el ministro del Interior, Germán Vargas, tras conocer las investigaciones.
Uno de los casos ventilados fue el de la venta de 17 mil hectáreas de la Nación que hizo el esmeraldero Víctor Carranza en la vereda Cristalina, de Puerto Gaitán (Meta).
Se documentó cómo el Incoder les adjudicó los baldíos a 16 personas (una de ellas de apellido Carranza) a pesar de no cumplir con los requisitos exigidos.
Luego, acudiendo a funcionarios de la oficina de registro y de notarias de Puerto Gaitán y Villavicencio, los predios se escrituraron por 40 millones y se vendieron por 15 mil millones.
En su momento, ELTIEMPO reveló que Carranza reconoció ante la Fiscalía que vendió ese predio, contiguo a la emblemática finca Carimagua. Ahora no sólo se indaga esa transacción sino el hallazgo de cadáveres en el lugar.
El caso se calcó en la vereda La Serranía de San Martín en donde el Incoder le entregó a una misma familia 30 mil hectáreas de baldíos de la Nación, que luego vendieron por 3 mil millones.
"Es evidente que en estos casos, en donde la víctima es la Nación, se tuvo que contar con la complicidad de funcionarios de las oficinas de registro y de las notarías", explicó uno de los investigadores.
Y agregó que ya está claro que la registradora de Carmen de Bolívar (Bolívar), Ana Regina Güete, permitió la venta de 122 predios de campesinos que gozaban de protección legal y que hoy están en manos de empresarios.
Veintidós de esos predios los compró el padre de la registradora, quien se niega a abandonar la oficina alegando violación el derecho a la defensa. Y los empresarios beneficiados con las ventas intentan evitar la devolución de las tierras con la firma de contratos de...
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