Sentencia Aprobada Por Acta # 036 Nº 760012210000202200048-00 del Tribunal Superior de Cali Sala de Familia, 25-04-2022
| Sentido del fallo | TUTELA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EN CONSECUENCIA, ORDENA AL JUZGADO PROCEDA A PROFERIR UNA NUEVA SENTENCIA DENTRO DEL PROCESO DE CANCELACIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA, EN LA CUAL RESPECTO AL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 546 DE 1999 SE OBSERVE UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA CONFORME A LA CONSTITUCIÓN Y AL PRINCIPIO DEL EFECTO ÚTIL DE LA NORMA, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVA RESPECTO DE LA PROTOCOLIZACIÓN SEÑALADA EN LAS CONSIDERACIONES DE ESTE FALLO |
| Emisor | Sala de Familia (Tribunal Superior de Cali de Colombia) |
| Número de registro | 81619455 |
| Fecha | 25 Abril 2022 |
| Número de expediente | 760012210000202200048-00 |
| Normativa aplicada | 1. Ley 546 de 1999 Art. 22 / Decreto 2591 de 1991 Art. 1 / Decreto 960 de 1970 Art. 57, 58 / Corte Constitucional. Sentencia C-040 de 1993. Sentencia C-569 de 2000. Sentencia T-001 de 1992 / Corte Suprema de Justicia – Sala Civil. Sentencia STC16404 de 2017. Rad. 63001-22-14-000-2017-00177-01 |
| Materia | INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA CONFORME A LA CONSTITUCIÓN Y APLICANDO EL PRINCIPIO DEL EFECTO ÚTIL DE LA NORMA - Si bien resulta cierto que la norma establece que cuando se trate de cancelación de patrimonio de familia debe aportarse la autorización del acreedor hipotecario, también lo es que la norma no es clara en establecer el momento en que debe realizarse la protocolización en el trámite notarial o judicial, por ello el operador judicial al momento de aplicar la norma debe realizar una interpretación sistemática, destacando que para el caso en concreto ante dos posibles interpretaciones se debe elegir aquella acorde con el principio del efecto útil de las normas, según el cual, «entre dos posibles sentidos de un precepto, uno de los cuales produce consecuencias jurídicas y el otro a nada conduce, debe preferirse el primero / TESIS: Resulta una interpretación carente de sentido exigir a la parte demandante que dentro de un proceso de cancelación de patrimonio de familia allegue protocolizada la autorización del acreedor bancario al momento de presentar la correspondiente demanda, pues como se señaló, la protocolización consiste en guardar el documento en el protocolo o archivo notarial, por lo que es ilógico que el Juzgado exija que se guarde en una notaría una autorización antes de ser presentada ante su Despacho, máxime si se tiene en cuenta que la protocolización no otorga a los documentos o actuaciones mayor fuerza o firmeza de la que originalmente tiene; por último, atendiendo a que la cancelación de patrimonio de familia debe ser registrado, la protocolización resultaría la última actuación, posterior al registro de cancelación que debe adelantar el interesado o en este caso la parte demandante. |
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