SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 135488 del 30-01-2024
| Sentido del fallo | CONFIRMA IMPROCEDENCIA |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de sentencia | STP1986-2024 |
| Fecha | 30 Enero 2024 |
| Tribunal de Origen | Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de expediente | T 135488 |
SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS #2
L.A.H.B.
Magistrado ponente
STP1986-2024
Radicación #135488
Acta 007
Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticuatro (2024).
VISTOS:
Resuelve la Corte la impugnación interpuesta, a través de representante judicial, por F.J.M.F., contra la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2023, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual declaró improcedente el amparo de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por el Juzgados 5° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y 1° Penal del Circuito con Función de Conocimiento, ambos de Bogotá.
Al trámite fueron vinculados el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas, el Juzgado 30 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, y el agente del Ministerio Público asignado al Juzgado 5° de Ejecución de Penas, todas las autoridades de Bogotá.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:
El 15 de mayo de 2017, el Juzgado 30 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C. condenó a F.J.M.F. a 150 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo, por el delito de homicidio. Decisión confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 21 de noviembre del mismo año.
La vigilancia de la pena correspondió al Juzgado 5° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, despacho que, mediante auto del 14 de octubre de 2021, le concedió a MUÑOZ FARFÁN la prisión domiciliaria. El 1° de noviembre de 2022 le revocó el beneficio porque salió en varias oportunidades de su domicilio, sin previa autorización.
Tal decisión fue objeto de los recursos de reposición y apelación. Con providencia del 15 de febrero de 2023, el Juzgado 5° de Ejecución de Penas negó la reposición. El Juzgado 1° Penal del Circuito con Función de Conocimiento la confirmó el 18 de agosto siguiente.
En criterio del accionante, dichas providencias vulneraron derechos fundamentales al no tener en cuenta que se cometieron errores en las direcciones de su domicilio y lugar de trabajo, lo que dio lugar a visitas equivocadas y reportes negativos. Así mismo, se omitió que una de las ausencias obedeció a la necesidad que tuvo de solventar una urgencia de salud, ocurrida en día festivo.
Por tales motivos, acudió ante el juez constitucional con el fin de que se le otorgue nuevamente la prisión domiciliaria.
TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA:
Mediante auto del 30 de noviembre de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, avocó el conocimiento de la acción de tutela y corrió el traslado correspondiente a los sujetos pasivos de la acción.
Un oficial mayor del Centro de Servicios Administrativo de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, pidió que se negara la tutela, por no ser competente para resolver las pretensiones invocadas en la demanda.
El Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá comunicó que el 2 de mayo de 2023, el proceso que conoció ese despacho en contra de M.F., fue reasignado al Juzgado 30 de Ejecución de Penas, sin que se tenga conocimiento de su estado actual.
El Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, alegó que la competencia para atender los requerimientos de las personas privadas de la libertad corresponde al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá.
El Director (e) Centro de Reclusión Penitenciario y C.V., invocó la ausencia de legitimación en la causa por pasiva, con sustento en que el competente para resolver la discusión planteada en la demanda es el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
La Secretaria del Juzgado 30 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá informó que con sentencia del 18 de septiembre de 2017, se condenó anticipadamente a F.J.M.F. a la pena de 150 meses de prisión, por el delito de homicidio. Se le negó la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Decisión confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, el 21 de noviembre de 2017.
Con interlocutorio del 14 de octubre de 2021, el Juzgado 5° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad concedió a MUÑOZ FARFÁN la prisión domiciliaria, beneficio que le fue revocado el 1° de noviembre de 2022, por el mismo despacho. Esta determinación fue confirmada por el Juzgado 1° Penal del Circuito con Función de Conocimiento, en proveído del 18 de agosto de 2023.
El Juez 1° Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá indicó que en ese despacho no reposa solicitud del sentenciado M.F. pendiente por resolver. Aludió que lo pretendido con la tutela es que se deje sin efecto la decisión que confirmó la revocatoria de la prisión domiciliaria, no siendo el mecanismo idóneo para ello.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente el amparo, con sustento en que el accionante no argumentó ninguna de las causales que habilitan la tutela contra providencia judicial. Se limitó simplemente a reiterar su postura contraria a la providencia que le generó inconformidad. De esa manera, resolver de fondo los argumentos expuestos por el defensor en la demanda, equivaldría a convertir la tutela en una instancia adicional ajena a su naturaleza excepcional y residual.
El representante judicial de M.F. impugnó el fallo, haciendo énfasis en que las causales que viabilizan la protección constitucional van inmersas en el contenido de la demanda.
En tal sentido, precisó que el error inducido se configuró cuando la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, tales como reportes de visitas negativos, con direcciones y horarios que no corresponden a las aclaraciones efectuadas en el proceso.
Acerca de la estructuración del defecto fáctico, sostuvo que se vinculó a CERVI INPEC con el fin de que aportara la documentación relacionada con el cambio de dispositivo electrónico implantado al sentenciado como consecuencia de su mal funcionamiento, pero la entidad no allegó los soportes.
Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la sentencia y de las decisiones judiciales cuestionadas, con el fin de que se restablezca a su representado la prisión domiciliaria.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
Conforme al artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para resolver la segunda instancia respecto de la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
El propósito de la presente acción constitucional es determinar si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales de F.J.M.F., en las decisiones de primera y segunda instancia a través de las cuales se le revocó la prisión domiciliaria.
Cuando el debate gira en torno de providencias judiciales, la intromisión del juez constitucional es excepcional y se condiciona a la existencia de una vía de hecho. En primer lugar, la decisión cuestionada se debe descalificar como acto judicial porque la forma en que se produjo, o su contenido, obedecen a la exclusiva voluntad del funcionario judicial y no a la del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, la providencia debió trasgredir derechos fundamentales.
Además de eso, debe haberse configurado un defecto: fáctico, orgánico o procedimental. El primero, relacionado con la falta de apoyo probatorio para dictar la decisión; el segundo, ligado a la competencia del funcionario judicial que la emitió, y el tercero con los pasos que siguió el juez antes de proferirla.
En este caso, los motivos aducidos por el demandante no estructuran ninguna de las anteriores irregularidades. Simplemente expresó su descontento con la revocatoria de la prisión domiciliaria.
Lo expuesto se concluye de las pruebas allegadas, a partir de las cuales es posible deducir que, mediante providencia del 1° de noviembre de 2022, el Juzgado 5° de Ejecución de Penas de Bogotá revocó a...
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