SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 7611122130002019-00248-01 del 30-01-2020
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
| Fecha | 30 Enero 2020 |
| Número de expediente | T 7611122130002019-00248-01 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Civil - Familia de Buga |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de sentencia | STC564-2020 |
A.S.R.
Magistrado ponente
STC564-2020
Radicación n.° 76111-22-13-000-2019-00248-01
(Aprobado en sesión de veintidós de enero de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020).
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo proferido el catorce de noviembre de dos mil diecinueve por la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga, dentro de la acción de tutela interpuesta por J.E.A.I. contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago; trámite al que se ordenó vincular al Procurador General de la Nación y Provincial de Cartago, al P.M. de esa localidad y a la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca.
- ANTECEDENTES
- La pretensión
El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, por cuanto al interior de la acción popular interpuesta contra el Banco Coomeva S.A. no se da cumplimiento con el artículo 84 de la Ley 472 de 1998, pues «está detenida en el tiempo y el tutelado se niega a informar de la existencia de la renuente acción popular por la página web de la rama judicial, link, avisos a la comunidad y tampoco resuelve mis memoriales presentados en diferentes fechas y lo peor se niega a notificar a la entidad accionada, desconociendo artículo 5 Ley 472 de 1998, art. 8, 42, CGP.»
Pretende en consecuencia se ordene a la tutelada «resolver inmediatamente mis memoriales en el término de tiempo que le ordena la ley y se aplique la tutela proferida por el Tribunal Superior de Pereira en donde ampara tutela por mora judicial (…) se ordene al accionado de manera inmediata informe a la comunidad de la existencia de la acción popular, por la página web de la rama judicial y termine la renuencia ordenándole aplicar art. 34 Ley 472 de 1998 y se ordene que notifique a la entidad accionada en la acción popular hoy tutelada y se le notifique todo lo actuado al correo electrónico y además me notifique el pacto de cumplimiento y se haga por eskipe a fin de poder asistir yo».[Folio 1, c.1]
B. Los hechos
1. El accionante presentó acción popular contra el Banco Coomeva S.A., sede de Cartago en defensa de los intereses colectivos por cuanto no cuenta con ascensor o rampa eléctrica que facilite el acceso a sus instalaciones de las personas que presentan alguna discapacidad.
2. La acción le correspondió por reparto efectuado el 12 de agosto de 2019 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago – Valle del Cauca, autoridad que por auto de la misma fecha la inadmitió para que dentro del término de tres días el actor aclarara el municipio donde pretende radicar la demanda; indicar su dirección física para efecto de notificaciones personales; dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 82 del Código General del Proceso y allegar copias de traslado de la demanda. [Folios 4-6, c. corte]
3. En desacuerdo el tutelante allegó escrito en el que solicitó admitir su acción popular sin dilación, pues «el expediente digital no existe y de existir no aplica» y la dirección donde ocurre la amenaza o vulneración es Cartago «hecho notorio y los hechos notorios no requieren prueba».
4. El 22 de agosto de ese año, se rechazó la acción popular tras considerarse que el accionante no dio cumplimiento a lo ordenado en auto anterior. [Folios 8-9, c. corte]
5. Inconforme el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación para cuyo efecto expresó «es lamentable su abuso sistemático y notorio por denegar el acceso a la administración de justicia, donde pretende exigir requisitos inexistentes en el art. 18 de la Ley 472 de 1998».
6. El 3 de septiembre siguiente, el despacho repuso su decisión y procedió a admitir la acción popular para cuyo efecto dispuso correr traslado de la demanda a la entidad pasiva por el término de diez días para que ejerciera su derecho de defensa.
Así mismo, ordenó la notificación a los miembros de la comunidad por medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz, igualmente al P.M. y a la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca. [Folios 12-15, c.1]
7. El 23 de septiembre, el tutelante solicitó «notificar a la entidad demandada y cumpla art. 5 Ley 472 de 1998, artículo 84, pido celeridad».
8. El 11 de octubre de 2019 se ordenó fijar el correspondiente aviso a la comunidad en la oficina de apoyo judicial y ordenar la publicación del mismo en la página web de la rama judicial. [Folio 19, c.1]
9. El 15 de octubre de ese año, el accionante solicitó «se termine con la renuencia del despacho y aplique art. 8, 42, 90 CGP ya que no se ha notificado a la entidad accionada y no aplica art. 5 ley 472 de 1998».
10. El 31 de octubre el juzgado informó al actor que ya se libraron las comunicaciones respectivas con el fin de dar a conocer la acción popular a la comunidad en general y demás entes. [Folio 21, c.1]
11. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron sus derechos por cuanto no se ha dado celeridad a la acción popular pese a ser de naturaleza preferencial. [Folio 1, c.1]
C. El trámite de la instancia
1. Por auto del 31 de octubre de 2019, se admitió la acción de tutela, se dispuso la vinculación de los intervinientes en el litigio y se ordenó correrles traslado para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 14, c.1]
2. La Defensora del Pueblo Regional Valle del Cauca solicitó su desvinculación en atención a que no ha vulnerado derecho fundamental alguno. [Folio 19, c.1]
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago – Valle del Cauca, se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto señaló que no ha incurrido en mora judicial para realizar las notificaciones ordenadas en el auto admisorio por el contrario se han librado las comunicaciones correspondientes dando a conocer el inicio de la misma a los entes vinculados, así mismo, se fijó aviso en la secretaria del despacho informando a los miembros de la comunidad para que se publicara en la Oficina de Apoyo Judicial y en la página web de la rama judicial. [Folio 22, c.1]
Por su parte, el Profesional Especializado Grado 20 de la Defensoría del Pueblo informó que le fue comunicada la solicitud de financiación de la acción popular No. 2019-00139-00 por parte del juzgado accionado el 1º de octubre de este año, por tanto se le asignó el No. SF 165-2019 y el 2 de octubre siguiente se solicitó a la Empresa Cassacreativa que realizara la comunicación del aviso a la comunidad, la cual se efectuó el 5 y 6 de octubre. [Folios 25-28, c.1]
3. En sentencia de 14 de noviembre de 2019, el Tribunal Superior de Guadalajara de Buga, negó la protección constitucional tras considerar que no se advierte vulneración a derecho fundamental alguno toda vez que la autoridad accionada ha actuado conforme al procedimiento legalmente establecido para el trámite de la acción popular y sus decisiones no reflejan mora, arbitrariedad o capricho. [Folios 37-41,c.1]
4. En desacuerdo con la decisión el promotor de la acción la impugnó tras mencionar «no haré nada que la Ley 472 de 1998 me ordene, pido decreten desistimiento tácito, ante la violación de los artículos 5, 84, ley 472 de 1998 por la a quo, desisto de la acción ante la renuencia de la tutelada y nunca haré nada diferente a impetrar la acción más nunca». [Folio 45, c.1]
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela es una herramienta que busca la protección inmediata de las garantías de las personas ante la acción u omisión de las autoridades...
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