SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48615 del 15-05-2019
| Sentido del fallo | CASA PARCIALMENTE Y DE OFICIO |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Fecha | 15 Mayo 2019 |
| Número de expediente | 48615 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá |
| Tipo de proceso | CASACIÓN |
| Número de sentencia | SP1766-2019 |
EYDER PATIÑO CABRERA
Magistrado Ponente
SP1766-2019
Radicación n°. 48615
(Aprobado acta n°. 118)
Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
MOTIVO DE LA DECISIÓN
La Sala examina de manera oficiosa si se vulneraron las garantías de J.A.A.L. y A.R.C.L., a quienes el Tribunal Superior de Bogotá condenó como coautores de los delitos de secuestro simple, en concurso homogéneo, hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
HECHOS RELEVANTES
Según denuncia instaurada por J.E.B.D., el 14 de marzo de 2011 acudieron a su oficina ubicada en la calle 74 bis Nº 80-15 de Bogotá, dos sujetos que resultaron ser A.R.C.L. y J.A.A.L., quienes previamente habían concertado una cita con él, pretextando necesitar de sus servicios profesionales de abogado para asistir a un amigo que se encontraba recluido en la cárcel La Picota.
Una vez en el lugar, V.A.B.V., hija del litigante, permitió su ingreso y cuando subieron al cuarto piso, el primero de los nombrados la tomó por el cuello, le puso un revólver en la cabeza y le avisó al denunciante que se trataba de un atraco, que la orden era matarlo, pero que la persona que los había enviado les quedó mal y por eso iban a negociar la vida suya y la de su descendiente. Entonces, lo amarraron de manos y pies y le hicieron abrir una caja fuerte donde guardaba trescientos millones de pesos, los cuales debió entregarles bajo amenaza de muerte.
Al lugar también arribó V.H.B.D. y, junto con su sobrina, fueron amarrados por aquellos sujetos, quienes les taparon la boca con cinta, les dijeron que no intentaran llamar a la policía, que les dieran tiempo para irse y se llevaron también otros elementos del quejoso, como el celular, la billetera, documentos de identificación, una chequera del Banco de Occidente, una tarjeta débito del Banco AV Villas, tres memorias USB y una letra de cambio.
A V.A.B.V. le hurtaron, una cadena de oro con cuatro dijes, un computador portátil, cuatro anillos y a V.H. le quitaron el celular y $1.100.000.oo, en efectivo.
Los individuos le advirtieron a J.E.B.D. que no volviera al apartamento 701 ubicado en el barrio Quinta Paredes, ni a la finca que tiene en el Piñal, y que les dejaban un cuchillo para que rompieran las cintas y se desamarraran.
Las víctimas señalaron que permanecieron privadas de la libertad de locomoción por un espacio de entre 25 minutos y 40 minutos, tardaron entre 10 y 15 minutos en soltarse, y el monto de lo hurtado asciende a $308.800.000.oo.
En el desarrollo de la investigación, se pudo establecer que J.C.M.L., persona cercana a la familia B., fue quien proporcionó información necesaria para que Corredor Lugo y A.L. perpetraran las referidas acciones delictivas.
ACTUACIÓN PROCESAL
1. El 30 de agosto de 2011, ante el Juzgado 55 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, se llevó a cabo audiencia de legalización de captura, formulación de imputación contra J.A.A.L. y A.R.C.L. como presuntos autores del delito de hurto calificado y agravado, en concurso heterogéneo con secuestro simple y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, y J.C.M.L. como determinador del injusto contra el patrimonio económico (artículos 239, 240, 241 -2 – 10 y 267-1 del Código Penal), cargos que no aceptaron los indiciados, quienes fueron afectados con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario[1].
2. La decisión fue confirmada el 6 de octubre siguiente por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad, al conocer del recurso de apelación incoado por la defensa de los procesados[2].
3. El 29 de septiembre sucesivo, se radicó el escrito de acusación por idénticas conductas punibles[3], y su formulación tuvo lugar el 11 de noviembre posterior, bajo la dirección del Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento del mismo lugar[4].
4. La audiencia preparatoria, después de varios aplazamientos, se realizó el 8 de junio de 2012[5] y el juicio oral en sesiones que iniciaron el 27 de septiembre de ese año[6] y culminaron el 14 de julio de 2015, fecha última en la que se anunció el sentido condenatorio del fallo[7].
5. El 19 de enero de 2016 el despacho dictó la sentencia de rigor, por cuyo medio condenó a J.A.A.L. y A.R.C.L., como coautores de los delitos de secuestro simple en concurso homogéneo, hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones, a la pena de doscientos cuarenta (240) meses de prisión, multa de trescientos (300) s.m.l.m.v., la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y la privación de derecho a la tenencia y porte de arma de fuego, ambas por tiempo igual a la sanción intramural.
A J.C.M.L. lo condenó como determinador del injusto de hurto calificado y agravado, a ciento noventa y dos (192) meses de prisión y, por el mismo término, a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
A todos les negó la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria[8].
6. El 3 de junio de ese año, el Tribunal Superior de esta ciudad, al conocer del recurso de apelación incoado por la defensa de todos los procesados, confirmó la decisión del A quo, con la modificación de imponer a A.L. y Corredor Lugo, la accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por el lapso de quince (15) años.
Adicionalmente, dispuso compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación, para que se investiguen los hechos acaecidos el día en que los citados fueron capturados, en la localidad de Suba de esta capital, en posesión de un vehículo de placas BNY 133, en cuyo interior se halló un arma de fuego tipo revólver calibre 38.
7. Esta Corporación, en auto del 25 de enero del año en curso (AP150-2019), inadmitió la demanda de casación presentada por la defensa de J.C.M.L., pero ordenó que, una vez tramitado el mecanismo de insistencia, las diligencias regresaran al despacho del Magistrado Ponente, en orden a examinar de manera oficiosa la posible vulneración de garantías fundamentales de los procesados no recurrentes J.A.A.L. y A.R.C.L.[9].
No se promovió mecanismo de insistencia, en consecuencia, se procede a resolver lo pertinente.
CONSIDERACIONES
1. En la providencia que inadmitió la demanda de casación, la Corte advirtió la necesidad de examinar de manera oficiosa la posible vulneración del principio de legalidad frente a la imposición de la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, toda vez que el sentenciador desatendió el deber de acudir al sistema de cuartos.
2. En efecto, una vez el Tribunal Superior de Bogotá constató la equivocación del A quo, en el sentido de aplicar la aludida restricción por el término de veinte (20) años, procedió a fijarla por el monto máximo previsto en el artículo 51 del Código Penal, esto es, en quince (15) años, en contravía de las directrices legalmente establecidas en el canon 61 ejusdem, que consagra el sistema de cuartos para la individualización de la pena (CSJ SP16880-2014, 10 dic. 2014, rad. 42432; CSJ SP17166-2014, 16 dic. 2014, rad. 42536; CSJ...
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