SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002019-02561-00 del 26-08-2019 - Jurisprudencia - VLEX 845529003

SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002019-02561-00 del 26-08-2019

EmisorSALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
PonenteLUIS ALONSO RICO PUERTA
Sentido del falloNIEGA TUTELA
Fecha26 Agosto 2019
Número de expedienteT 1100102030002019-02561-00
Tipo de procesoACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA
Número de sentenciaSTC11408-2019

L.A. RICO PUERTA

Magistrado Ponente

STC11408-2019

Radicación n° 11001-02-03-000-2019-02561-00

(Aprobado en sesión del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve)

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por R.d.C.E.A. contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, trámite al cual fueron citados los intervinientes en el ejecutivo nº 2014-00115.

ANTECEDENTES

1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas, al resolver desfavorablemente los recursos formulados contra el mandamiento de pago dictado dentro del ejecutivo promovido por Bancolombia en su contra.

2. En síntesis, expuso que interpuso reposición contra la orden de pago librada el 15 de enero de 2015 por $286´541.797 «para que mediante sentencia anticipada» se declarara la «prescripción de la acción cambiaria», ya que «no se había trabado la Litis dentro del término legal» y «no hubo interrupción».

Indicó que su petición era procedente ya que el pagaré objeto de ejecución «tiene fecha de creación 05 de diciembre de 2013 (…) pagadero en un plazo de 12 meses, mediante 2 cuotas semestrales, debiendo pagar la primera el 05 de junio de 2014 y la segunda el 05 de diciembre de 2014», por lo que la primera cuota «prescribió el 05 de junio de 2017» y la otra «el 05 de diciembre de 2017»

Afirmó que mediante auto del 22 de enero de 2019, el juzgado procedió a «negar el recurso de reposición» y «declarar no probada la excepción de prescripción extintiva alegada por el apoderado de la parte ejecutada», acogiendo para ello «los argumentos expuestos por el apoderado del banco», consistentes en que «existió la interrupción de la prescripción», al tener en cuenta que el «Fondo Nacional de Garantías» efectuó un «abono».

Precisó que tal decisión «es violatoria al debido proceso» porque para producir los efectos jurídicos atribuidos por el despacho acusado, dicho pago debía provenir de él como deudor y no por un «tercero» que «no tiene ningún interés en solucionar la deuda perseguida por el Banco demandante» y por tanto sin «capacidad para interrumpir la prescripción».

Señaló que contra esa determinación interpuso apelación cuya concesión fue negada por auto del 18 de febrero de 2019, empero, como consecuencia del recurso de queja que seguidamente promovió, el 9 de mayo de 2019 se concedió «en el efecto suspensivo», y en esa misma oportunidad «aceptó nuevamente una cesión de crédito que hizo el Fondo Nacional de Garantías (…) en favor de Central de Inversiones S.A. (…) como titular subrogatario de los créditos y garantías y privilegios».

Añadió que mediante proveído dictado por la magistrada ponente de la sala enjuiciada el 15 de julio de 2019, «resolvió inadmitir el recurso de apelación», al señalar que el a-quo se había equivocado al dar tratamiento general a las excepciones de un ejecutivo que se rige por el trámite especial previsto en el artículo 509 del anterior estatuto adjetivo, pero en su criterio, esa decisión si es atacable por la vía invocada conforme a lo previsto en «la ley 1395 del 2010 en su artículo 6» y «artículo 99 numeral 7 del C.P.C.»

3. Pretende «se anulen o dejen sin efecto las providencias de fecha 22 de enero del 2019 y 15 de julio de 2019», mediante las cuales, en su orden, el juzgado desató desfavorablemente la excepción de prescripción extintiva por él alegada, y el ad quem inadmitió el recurso de apelación que contra esa decisión se había otorgado.

RESPUESTA DE LOS VINCULADOS

1. Central de Inversiones S.A., solicitó su desvinculación del presente trámite tutelar.

2. La representante legal para asuntos judiciales del Fondo Nacional de Garantías S.A., explicó que en favor del actor expidió la garantía n° 3134515 del 50% del crédito adquirido por aquél con Bancolombia; posteriormente, ante el incumplimiento en el pago de la obligación, nació «para el FNG el derecho a recobrar los valores pagados a través de la subrogación legal (…)», condición reconocida por el Juzgado de conocimiento dentro del proceso ejecutivo en cuestión. Finalmente, sostuvo que «no puede pronunciarse sobre la pertinencia o no de la solicitud del accionante en cuanto a la anulación y sentencia anticipada (…)».

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico.

Corresponde a la Corte establecer si los juzgadores de instancia dentro del ejecutivo nº 2014-00115, vulneraron las prerrogativas fundamentales del accionante, porque: (i) el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo, al resolver el recurso de reposición formulado contra el mandamiento de pago, declaró no probada la excepción de prescripción extintiva que fuera alegada; y (ii) la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, inadmitió el recurso de apelación interpuesto por el allí ejecutado contra la decisión anteriormente referida.

2. De la tutela contra providencias judiciales.

La jurisprudencia de esta Corporación de manera invariable ha señalado, por regla general, que esta acción no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción.

De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta sea determinante o influya en la decisión; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneración; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, material, error inducido, o se trate de una decisión sin motivación, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Política.

3. Solución al caso concreto.

Realizado el análisis pertinente a los argumentos de la presente queja y de la información que arrojan las piezas procesales allegadas al expediente, la Corte establece que habrá de negarse el auxilio, toda vez que las determinaciones adoptadas tanto por el juzgado como por el tribunal dentro del pleito nº 2014-00115, no constituyen defecto específico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarlas, en tanto obedecen a un criterio jurídicamente razonable.

3.1. En efecto, para que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo, mediante proveído del 22 de enero de 2019 decidiera mantener incólume la orden de pago proferida el 5 de enero de 2015, al declarar que era infundada la excepción de prescripción extintiva alegada por el allí ejecutado y acá pretensor del amparo, empezó por advertir que «al haberse incoado la demanda el 16 de diciembre de 2014» y «el abogado de la parte demandada se notificó personalmente el día 11 de diciembre de 2017», el trámite a seguir era el contemplado en el Código de Procedimiento Civil, porque al entrar a regir el nuevo estatuto adjetivo, no había vencido el término para proponer excepciones de mérito como se exige para que la actuación se sujetara a la nueva normativa (artículo 625-4 del Código General del Proceso).

Explicó enseguida que frente a la prescripción, de relevancia era tratar lo referente a las figuras jurídicas de la interrupción y la suspensión, anotando respecto de la primera que podía ser civil o natural, ocurriendo la primigenia modalidad «cuando se presenta una demanda en contra del deudor, y la segunda cuando se acepta o reconoce la obligación, bien sea expresa o tácitamente, (…) cuando la confiesa cuando hace abonos, paga intereses», acotando que al ocurrir dicho fenómeno «el tiempo transcurrido es borrado y comienza a partir de la interrupción a contarse nuevamente».

Advirtió que para el caso bajo estudio, por cuanto el plazo para pagar el pagaré vencía el 5 de diciembre de 2014, al haberse notificado al demandado el 11 de diciembre de 2017 y éste haber presentado recurso de reposición contra el mandamiento de pago el 13 del mismo mes y año, se constataba que «del día en que se hizo exigible (…) hasta la notificación (…), transcurrieron tres años y cinco días», implicando «que haya operado la prescripción extintiva de la acción cambiaria» que para el título valor en mención es de tres años, empero, «se realizó un abono por el FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS que interrumpió el término de prescripción (…)».

Lo anterior por cuanto la referida entidad «garantiza la obligación contraída por el deudor, de tal manera que al...

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