SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1300122130002020-00046-01 del 05-08-2020
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
| Número de sentencia | STC5152-2020 |
| Número de expediente | T 1300122130002020-00046-01 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Fecha | 05 Agosto 2020 |
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
STC5152-2020
R.icación n°. 13001-22-13-000-2020-00046 - 01(Aprobado en sesión virtual de cinco de agosto de dos mil veinte).
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020).
Se decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 16 de marzo de 2020, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que declaró improcedente el amparo reclamado por R.O.F. contra el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, con ocasión del ejecutivo adelantado por el accionante en el proceso de radicado 2012-00022. Al trámite se vincularon a los interesados e intervinientes dentro del trámite de conocimiento.
- ANTECEDENTES
1. El gestor procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso, defensa y contradicción, presuntamente vulnerados por la autoridad querellada.
2. Apuntaló sus peticiones, en los siguientes hechos relevantes:
2.1. Narró que, en el curso del proceso ejecutivo incoado por él en contra de L.F.G.R., G.R.G. y C.M.E.P., solicitó al J. Séptimo Civil del Circuito de Cartagena el embargo y secuestro del vehículo identificado con placa DZT-965 de propiedad de aquél deudor.
2.2. Decretada la medida cautelar, se comisionó a la Alcaldía de Cartagena con el fin de proveer su práctica.
2.3. Relató que la citada entidad avocó conocimiento de la comisión y programó para el día 29 de agosto de 2019 «la diligencia de secuestro, actuación que goza de vicio por cuanto no fue notificada al suscrito apoderado judicial».
2.4. Indicó que, durante dicho trámite, «el señor J.C.R.A. presentó oposición a la misma alegando ser poseedor del vehículo; por lo que el comisionado no realizó la diligencia de secuestro y envió el expediente al juzgado de conocimiento a fin de que resolviera sobre la admisión o no de la misma».
2.5. Adujo que el 30 de septiembre del 2019, el accionado profirió una providencia en la que agregó al expediente el despacho comisorio y, a su vez, otorgó un término de tres (3) días para que se pronunciara sobre la oposición en la forma prevista en el artículo 110 del CGP.
2.6. Sin embargo, alega que nunca se surtió el traslado en lista. En atención a ello, mediante providencia del 26 de noviembre del ulterior, el encartado «decretó pruebas a fin de resolver el trámite de oposición y dejó sin efectos la orden de captura contra el vehículo».
2.7. Sostuvo que, ante la omisión por parte de la secretaría del juzgado, «no pude ejercer mi derecho de contradicción y defensa de conformidad con las disposiciones legales, es por ello que se presentó a través de mi apoderado judicial recurso de reposición sobre el auto de 26 de noviembre de 2019».
2.8. Desatado el recurso el 31 de enero del 2020, afirma que el querellado «admite que no se dio el trámite reclamado y que fue ordenado en el auto de 30 de septiembre de 2019». Sin embargo, advirtió que el juzgador «intentó sanear la irregularidad», para lo cual manifestó que «no debió ordenar el traslado de la oposición en la forma prevista».
2.9. Arguye que con tal actuar «nos deja sin la oportunidad para controvertir el incidente de oposición, declarando que el término para ejercer el derecho de contradicción estaba implícito en el auto a partir del momento en que se ordena allegar al expediente la comisión».
Reprochó que, si bien el artículo 309 del C.G.P. define la oportunidad para pronunciarse respecto de la oposición, también lo es que «el juez como director del proceso definió que el traslado para controvertir se surtía de conformidad con el artículo 110 del C.G.d.P., lo que conllevó a una inevitable confusión por parte de este, y lo que motivó a considerar que había que esperar el traslado en lista para ejercer el derecho de contradicción».
3. Pidió, conforme lo relatado, que se ordene a la accionada revocar el auto del 26 de noviembre del 2019 y, en su lugar, ordenar el traslado a la parte ejecutante de la oposición a la diligencia de secuestro.
- LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
1. La célula judicial cuestionada abogó por la desestimación de la acción toda vez que en los incisos 6° y 7° del artículo 309 del Código General del Proceso se «indica el término para quien solicitó la entrega y el opositor podrán solicitar las pruebas que se relacionen con la oposición, término que ha de contarse a partir de la notificación del respectivo auto, como aconteció en el caso particular».
Además, asegura que la controversia de autos ya fue planteada ante el Tribunal con anterioridad, incoada a través del apoderado judicial del accionante. Al respecto, aduce que «esta mentada acción constitucional se fincó en hechos que guardan mucha similitud, por no decir iguales, con los hoy alegados por el accionante y fue negada la acción por cuanto que el accionante no acreditó poder conferido por el aquí accionante».
2. La Alcaldía Mayor de Cartagena destacó la improcedencia de la acción por hallar configurada «la cosa juzgada constitucional».
Lo anterior puesto que «los hechos, partes y objeto de esta acción constitucional ya han sido objeto de fallo de primera instancia por el Tribunal Superior Sala Civil-Familia, en fecha 17 de febrero de la presente anualidad, toda vez, que en esa oportunidad se pretendía dejar sin efecto el auto de fecha 26 de noviembre de 2020 proferido por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena (…)».
3.- El resto de los vinculados guardaron silencio.
- LA SENTENCIA IMPUGNADA
Declaró improcedente el resguardo al estimar que la acción «adolece del cumplimiento de uno de los requisitos» generales, a saber, subsidiariedad. Fundamentó su postura en que «la actuación presuntamente vulneradora se dio dentro del trámite del incidente de oposición al secuestro, el cual se encuentra en etapa probatoria, es decir, aún no ha sido resuelto».
Apreció, además, que «el accionante no agotó todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance, inobservando el alcance subsidiario y residual de este mecanismo constitucional».
- LA IMPUGNACIÓN
La propuso el tutelante mediante correo electrónico en el cual manifestó tal proceder.
- CONSIDERACIONES
1.- De la literalidad del artículo 86 de la Constitución Política, emerge palmario que este mecanismo excepcional fue concebido para la protección de derechos fundamentales, cuando estos han sido amenazados o vulnerados, que no podrá interponerse si la persona tiene o tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial, a través de los cuales pudo o puede reclamar y obtener la salvaguarda de esas garantías, como quiera que no es una vía sustitutiva para obtener lo que por aquellos no se pudo o no intentó siquiera conseguir. Es así como se ha indicado, insistentemente, que
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba