SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 52941 del 26-03-2014
| Sentido del fallo | CONFIRMA CONCEDE TUTELA |
| Tribunal de Origen | Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria |
| Fecha | 26 Marzo 2014 |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Número de expediente | T 52941 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de sentencia | STL3990-2014 |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL
CLARA C.D.Q.
Magistrada Ponente
STL 3990 - 2014
Radicación n.° 52941
Acta 10
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil catorce (2014).
Decide la Corte la impugnación presentada por C.A.A., tercero interviniente en este asunto, contra el fallo proferido por la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, dentro de la acción de tutela instaurada por LUZ M.A.A. en contra de la SALA CIVIL, FAMILIA, LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN GIL.
- ANTECEDENTES
LUZ M.A.A., instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de su derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada.
En lo que interesa a la impugnación, refiere la peticionaria y se extrae de la documental aportada, que solicitó la partición y liquidación de la comunidad surgida de la adquisición de cuatro inmuebles en común y proindiviso, a través de su división material, que fue admitida el 7 de junio de 2005, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito del Socorro, trámite al interior del cual se decretaron las pruebas pertinentes, se resolvieron objeciones presentadas por las partes a los dictámenes rendidos y el 19 de julio de 2008 se ordenó la división material de los bienes; se advirtió asimismo a las partes y al partidor que debía proceder al englobamiento de los predios objeto de división, decretó la práctica de un avalúo pericial de los inmuebles con sus mejoras y anexidades y reconoció las mejoras implantadas por los comuneros.
Destaca que al interior de esas diligencias actuó a través de su apoderado principal Dr. A.D.H. y ocasionalmente del apoderado sustituto Dr. F.D.M.; que a partir de 2011 el apoderado principal dejó de intervenir en el proceso debido a quebrantos de salud.
Anota que el 10 de marzo de 2009 el perito designado presentó el experticio respectivo, el que una vez surtidos los mecanismos de contradicción a través de la solicitud de aclaración, fue finalmente aprobado con auto del 5 de mayo siguiente.
Señala que luego de designarse partidor y de presentarse el correspondiente trabajo, mediante sentencia del 21 de noviembre de 2012, el juzgado lo aprobó, decisión contra la cual el comunero C.A. interpuso recurso de apelación, concedido por el juzgado de conocimiento y posteriormente inadmitido por el Tribunal censurado con auto del 5 de marzo de 2013, decisión recurrida en súplica y confirmada el 12 de abril posterior.
''>Sostiene que C.A. promovió acción de tutela contra el Tribunal Superior de San Gil, que fue concedida por la Sala de Casación Civil de esta Corporación el 30 de mayo del mismo año, que ordenó a la autoridad judicial accionada dejar sin valor ni efecto la providencia del 5 de marzo de 2013 y la actuación posterior «para que en su lugar proceda a proferir nuevamente pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por el demandado en el proceso divisorio»>.
''>Refiere que de manera sorprendente, el magistrado sustanciador del tribunal, en providencia del 27 de noviembre de 2013, declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso, a partir del auto del 10 de julio de 2008 que ordenó el englobamiento,> inclusive, por cuanto consideró que el objeto del proceso divisorio era ponerle fin a la comunidad existente y lo aprobado fue una adjudicación en común y proindiviso no así una partición material de los bienes, «simplemente se adjudicaron áreas de terreno sin individualizar los predios objeto de debate, olvidando que, jurídicamente cada predio está individualizado, por tanto cada uno tiene que adjudicarse e identificarse por sus linderos para efectos del registro, cosa que no hizo el partidor», decisión que no controvirtió a través del recurso de súplica debido al delicado estado de salud del apoderado principal y la renuncia del sustituto.
''>Estima que tal determinación socava sus garantías fundamentales y es constitutiva de una vía de hecho, «por cuanto a (sic) que hay una interpretación abiertamente ilegal del artículo 140 del código (sic) de Procedimiento Civil, y también de las disposiciones regulatorias de los procesos divisorios consagrada en el título XXVI del Código de Procedimiento Civil»>.
Con base en tales supuestos, la accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales, y que para su efectividad se revoque el auto del 27 de noviembre de 2013 proferido por el Colegiado accionado y en su lugar se le ordene cumplir el fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Civil el pasado 30 mayo de 2013, para lo cual deberá el Tribunal decidir el recurso de alzada contra la sentencia de primer grado al interior de esas diligencias.
- TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA
Mediante proveído del 22 de enero de 2014, la Sala de Casación Civil de esta Corte, admitió la acción de tutela, y requirió a las autoridades judiciales accionadas, a fin de que rindieran informe respecto a los hechos expuestos en ella.
Surtido el trámite de rigor, la Sala cognoscente de este asunto constitucional en primer grado, mediante fallo del 4 de febrero de 2014, concedió la presente acción de amparo, y ordenó al Tribunal Superior de San Gil, registrar y presentar el proyecto en el sub judice, consultando las disposiciones legales que gobiernan la materia.
''>Para adoptar tal determinación dijo que, sin desconocer la naturaleza subsidiaria y residual que caracteriza esta acción constitucional, en casos como el presente donde se advierte un quebranto mayúsculo al derecho, procede de manera excepcional este mecanismo de defensa; halló error protuberante en la decisión que adoptó el Tribunal el 27 de noviembre de 2013, por haber declarado la nulidad que aquí se censura, con fundamento en la causal de trámite inadecuado, «no obstante que el rito surtido se guió precisamente por las normas que regulan el juicio divisorio, que es la puntual naturaleza de la acción emprendida, máxime cuando resulta del todo paradójico que hubiese anulado meramente la mitad del trámite procesal cuando precisamente lo que adujo fue la configuración de, se repite, un “trámite inadecuado” que, entonces, existiría desde el comienzo de la actuación y no sólo en un segmento de ella, cual se expresó»>.
III. IMPUGNACIÓN
Inconforme con la anterior decisión, el tercero vinculado C.A.A. la impugnó, para lo cual expuso que este mecanismo excepcional resulta improcedente al no haberse empleado los mecanismos de defensa al alcance de la peticionaria, sin que resulten de recibo los argumentos de la tutelante referidos a la falta de interposición de los recursos procedentes contra la decisión censurada pues, –afirma-, el apoderado sustituto nunca declinó el ejercicio del mandato. Dice que si la decisión cuestionada encierra una anomalía inadmisible, no es la tutela el mecanismo para subsanarla, pues ello conllevaría avocar a una inseguridad jurídica y amparar la negligencia de las partes en la defensa de sus intereses.
IV. CONSIDERACIONES
La vía preferente de la tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, permite a todo ciudadano acudir ante los jueces en busca de una protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.
Ha estimado la Corte que lo anterior sólo acontece en casos concretos y excepcionales, con las actuaciones u omisiones de los jueces que violenten en forma evidente y grosera derechos constitucionales fundamentales, lo cual, se ha dicho, debe ponderarse con otros principios del Estado Social y Democrático de Derecho, especialmente, los concernientes a la cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial.
En ese orden de ideas, resulta improcedente fundamentar la queja constitucional en discrepancias de criterio frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales, como si se tratara de una instancia más, y pretender que el juez constitucional sustituya en su propia apreciación, el análisis que al...
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