SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 53997 del 04-06-2014
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Civil - Familia - Laboral de Valledupar |
| Fecha | 04 Junio 2014 |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Número de expediente | T 53997 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de sentencia | STL6983-2014 |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL
G.H.L.A.
Magistrado ponente
STL6983-2014
Radicación n.° 53997
Acta 19
Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil catorce (2014).
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COONSOCIAL, contra la sentencia de fecha 11 de abril de 2014, dictada por la SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR, dentro de la acción de tutela promovida por la arriba mencionada contra el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO de esa misma ciudad.
I. ANTECEDENTES
Por conducto de apoderado judicial, la Cooperativa de Trabajo Asociado Coonsocial instauró acción de tutela a fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y contradicción, a la igualdad, y de acceso a la Administración de Justicia, presuntamente vulnerados por el accionado.
Refiere la accionante, que otorgó poder para la defensa de sus intereses dentro del proceso ejecutivo laboral de K.C.M.M., radicado n.º 2011-0315, el cual fue presentado al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar el 17 de octubre de 2013, sin que se le haya reconocido personería; que el 13 de noviembre siguiente, la parte demandante presentó solicitud de terminación del proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil, por pago total de las obligaciones laborales, intereses, gastos del proceso y honorarios de abogado; el 19 de noviembre la apoderada de la ejecutante arrimó al juzgado un documento de «acuerdo de transacción» suscrito por las partes; pero el mismo está viciado de nulidad de conformidad con los artículos 340 del Código de Procedimiento Civil y 312 del Código General del Proceso, porque fue firmado únicamente por la apoderada de la demandante, sin tener derecho de postulación respecto de la parte demandada, el acuerdo fue presentado únicamente por la parte actora y el Juzgado no dio traslado a la parte demandada, y nunca hizo pronunciamiento sobre el contenido del mencionado «acuerdo de transacción».
Adujo que la ejecutante ignoró al apoderado del demandado esa calidad, utilizó maniobras engañosas, y convenció al representante legal de la accionante para que firmara, a espaldas de su abogado, un documento adicional, porque el pago se había realizado con anterioridad; que el 31 de enero de 2014, con fundamento en el artículo 117 del Código de Procedimiento Civil, la apoderada de la actora en la ejecución pidió que se ordenara el desglose del documento contentivo de la transacción, aportado el 19 de noviembre de 2013, y se dejara sin efecto el mismo, alegando que los extremos litigiosos, de manera unánime, acordaron ampliar los términos de la transacción y elaborar un nuevo documento, pero tal solicitud no podía ser tenida en cuenta como consensuada, porque se trataba de una decisión unilateral de la demandante; que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, por auto del 4 de febrero de 2014, accedió a la solicitud y ordenó el desglose del «acuerdo de transacción», por lo que este documento salió del expediente sin surtir ningún efecto, dado que el Juzgado nunca se pronunció sobre el mismo.
Agregó que en memorial del 10 de marzo de 2014, pidió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar aceptar la solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación, que la apoderada de la demandante había cursado el 13 de noviembre anterior, y además pidió al Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, vigilancia administrativa, pues consideró que las actuaciones del Juzgado y de la ejecutante estaban violando el debido proceso; que la apoderada de la demandante pidió, por su parte, no tener en cuenta la constancia de pago total de la obligación, porque no correspondía a la realidad, dado que hizo parte de un «acuerdo de transacción» que luego se dejó sin efecto, y porque se firmó un nuevo pacto entre las partes, pero no se tacho de falso el documento a la luz del artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, como se indica para este caso.
''>Dijo que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, por auto del 13 de marzo de 2014 consideró que el memorial de terminación del proceso, del 13 de noviembre de 2013, por pago de la obligación fue presentado por> la parte ejecutada, lo que no es cierto porque esa solicitud de terminación procesal fue obra de la parte demandante; que luego dijo que tal petición no podía tenerse en cuenta porque se dejó sin efecto expresamente, mediante la comunicación del 19 de noviembre siguiente, lo que tampoco consulta la realidad porque esa retractación fue exclusiva de la parte demandante, y en providencia del 4 de febrero de 2014 dijo el fallador que para aceptarla «…requiere consenso de ambas partes y si una se retracta antes de su aprobación lo deja sin efectos y no puede servir de base para ponerle fin al proceso».
Adujo que de acuerdo con lo anterior, cobró vigencia la solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación, máxime que por memorial de 10 de marzo de 2014, el apoderado de la accionante aportó el original del recibo en que consta el pago total, a satisfacción, por la suma de $35’021.269; que en consecuencia, debió el Juzgado direccionar su fallo en ese sentido, pues quedó demostrado el pago de la obligación.
Pidió que se deje sin efectos y/o se invalide la providencia dictada el 14 de marzo de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, en el proceso ejecutivo laboral de K.C.M.M. contra la accionante, y se le ordene dictar una nueva con fundamento en los argumentos expuestos en esta tutela.
- TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA
Mediante proveído del 2 de abril de 2014, el a quo admitió la acción de tutela, ordenó notificar al accionados, con el fin de que ejercieran los derechos de defensa y contradicción.
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, dijo que no se accedió a la terminación del proceso por pago, por manifestación expresa de la pare ejecutada, en el sentido de que la obligación no había sido pagada en su totalidad, y que en efecto la apoderada de la demandante, el 31 de enero de 2014 dijo que retiraba la solicitud de transacción porque las partes acordaron ampliar los términos del acuerdo y elaborar un nuevo documento, aspecto que indicaba la voluntad de una de las partes de dejar sin efecto el contrato transaccional antes de que el Juzgado hubiera hecho pronunciamiento al respecto. Agregó que el auto de fecha 13 de marzo de 2004, por el cual negó la terminación del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares, y dio impulso al proceso ordenando llevar adelante la ejecución y liquidar el crédito, fue notificado en estado n.º 0043 del 17 de marzo siguiente, sin que la parte actora haya impugnado esa decisión.
III. DECISIÓN IMPUGNADA
Mediante sentencia del 11 de abril de 2014, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar negó el amparo pedido.
Consideró que, en tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, las cuales solo proceden en casos excepcionales, según la reiterada y abundante jurisprudencia al respecto, la tarea del accionante debe ser más seria y precisa que en otros casos, porque corresponde desvirtuar la presunción de legalidad de que están revestidas esas actuaciones; que el primer requisito general de procedibilidad se refiere al agotamiento de los medios y recursos de defensa judicial ordinarios, dada la subsidiariedad de esa acción; que en lo que atañe a las decisiones contenidas en autos, la Corte Constitucional ha dicho que deben ser discutidas a través de los recursos idóneos previstos por el legislador o cuando resulta urgente para prevenir un perjuicio irremediable.
Al estudiar el caso concreto, encontró que el Juzgado accionado dio trámite en debida forma a las peticiones de las partes, y la decisión...
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