SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº 19534 del 27-02-2003
| Sentido del fallo | NO CASA |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Laboral de Barranquilla |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Fecha | 27 Febrero 2003 |
| Tipo de proceso | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de expediente | 19534 |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION LABORAL
Magistrada ponente: I.V.D.
Radicación 19534
Acta 13
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil tres (2003).
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de TERESITA PEREZ MERCADO contra la sentencia dictada el 20 de marzo de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario laboral que le sigue al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
I. ANTECEDENTES
TERESITA PEREZ MERCADO inició proceso ordinario laboral para que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES fuera condenado a pagarle una pensión por la pérdida de su capacidad laboral, con fundamento en que el 19 de diciembre de 1990 sufrió un accidente de trabajo, por el que el médico laboral del demandado le certificó una incapacidad laboral del 40%, ante lo cual le solicitó la respectiva prestación económica, que le fue negada, con el argumento de no ser ella inválida, pues se basó tal instituto en el artículo 24 del Acuerdo 155 de 1963, que no le era aplicable porque regula las afectaciones que no superen el 20%, olvidando que el legislador prohibió la compensación de padecimientos como el suyo, al que le corresponde como prestación una pensión.
Al contestar la demanda el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sin aceptar los hechos, propuso la excepción de inexistencia de la obligación, que sustentó argumentando que “para obtener la pensión solicitada por el actor (sic) se deben reunir ciertos requisitos como son los señalados por el I.S.S. en las Resoluciones que negaron el derecho. Al no cumplir con esas exigencias el derecho no nace…” (Folio 33).
Mediante fallo del 23 de mayo de 2001 el juzgado de conocimiento, que lo fue el Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, absolvió al demandado de todos y cada uno de los cargos, sin condenar en costas.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Al resolver el grado jurisdiccional de consulta, con la sentencia acusada en casación el Tribunal confirmó el fallo de primer grado, sin imponer costas en ese grado.
Una vez asentó que en casos como el sometido a su estudio el empleador está obligado a responder por el riesgo si el Seguro Social no lo ha asumido, se refirió a lo dispuesto por los artículos 193, 203 y 204 del Código Sustantivo del Trabajo, para luego afirmar que “antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la disminución de la capacidad laboral del trabajador, proveniente de un accidente de trabajo no acarreaba el derecho a pensión, sino simplemente a la asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y a una indemnización en dinero en proporción al daño sufrido, lógicamente de acuerdo con la tabal (sic) de valuación de incapacidades previstas en el artículo 209 del C.S.T.” (Folio 9 del cuaderno del Tribunal).
Señaló, igualmente, que a la situación planteada le es aplicable el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 y como la calificación visible a folios 62 a 65 se ciñe a lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de esa Ley, y en ella se indica que la pérdida de la capacidad laboral es apenas del 30.1%, es evidente que no es dable la pensión de invalidez que se reclama en la demanda.
III. RECURSO DE CASACION
En la demanda con la que se sustenta el recurso (Folios 7 a 11 del cuaderno de la Corte), que no fue replicada, la recurrente le pide a la Corte que case la sentencia del Tribunal, para que en instancia revoque la del juzgado, “ Y EN SU LUGAR CONDENE AL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES A RECONOCER Y PAGAR A FAVOR DE T.P. MERCADO UNA PENSION DEFINITIVA DE INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE EN BASE A LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL QUE LE FUE DIAGNOSTICADA DESDE EL DIA EN QUE SUFRIO EL ACCIDENTE DE TRABAJO” (Folio 9 del cuaderno de la Corte).
Con ese propósito formula un cargo en el que por la vía directa la acusa por “VIOLAR DIRECTAMENTE, el artículo de la ley 90 de 1946 (sic); los artículo (sic)15, 19, 21 y 24 inciso 2º del Decreto 3170 de 1.964 que adopto o entro (sic) a regular el acuerdo 11 de 1.963 del Instituto de Seguros Sociales; artículo 21 del C. S.T., por FALTA DE APLICACIÓN, y artículo 38 de la Ley 100 de 1.993 por INDEBIDA APLICACIÓN” ( Ibídem).
En la demostración del cargo sostiene que el artículo 15 del Decreto 3170 de 1964, define la incapacidad permanente parcial, que la suya es incapacidad funcional y de conformidad con el 19 de ese estatuto supera el mínimo exigido por el legislador para obtener la pensión mínima establecida en ese decreto, habida consideración de que se le diagnosticó en el año de 1990 una incapacidad laboral del 40%, lo que determinaba una dificultad para volver a conseguir trabajo.
Afirma que de conformidad con el artículo 21 del precitado decreto, y según la tabla de valuación y la evaluación que le fue determinada, tiene derecho a que el demandado le reconozca la pensión de invalidez permanente parcial, conforme a la incapacidad que le fue diagnosticada. Asevera que según el artículo 24 del multicitado decreto, cuando la reducción de la capacidad de trabajo es superior al 20%, el derecho pensional no se puede sustituir por una indemnización e insiste en que la graduación de su incapacidad laboral está por encima de la exigencia del legislador, “y el asegurador se encuentra obligado a respetar lo que ordena el imperio de la ley, situación de orden legal que es indiscutible por lo ostensible” (F. 10 del cuaderno de la Corte).
Aduce que según el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, “en caso de presentarse el conflicto por disposición del legislador en el anotado precepto (21), la norma que se aplicaría para desatar la controversia, es la más favorable en protección a los intereses proteccionistas garantizados por el Estado” (Ibídem).
Para la recurrente si el Tribunal hubiera aplicado las anteriores disposiciones sustanciales no habría absuelto al demandado y por el contrario, lo habría condenado a la prestación pensional que ella le solicitó, pero aplicó el artículo 38 de la ley 100 de 1993, por considerar que era la disposición legal que regulaba el asunto en controversia, a pesar de que no regía para la época del infortunio, por lo que le hizo producir efectos no permitidos por el legislador.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Pese a que encontró debidamente acreditada la afiliación de la actora al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y que concluyó que el patrono debe responder por el riesgo, pero sólo cuando ese instituto no lo ha asumido, como fundamento jurídico para arribar a la conclusión sobre la improcedencia de la pensión reclamada el Tribunal argumentó que “antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la disminución de la capacidad laboral del trabajador no acarreaba el derecho a pensión, sino simplemente a asistencia médica quirúrgica, hospitalaria y a una indemnizaciones (sic) en dinero en proporción al daño sufrido…” (Folio 9 del cuaderno del Tribunal).
Tal como con atino lo indica la censura, la anterior conclusión resulta por completo desacertada, pues, como es suficientemente sabido, para los trabajadores afiliados al instituto demandado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 existía una completa reglamentación del seguro social obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en la que se consagraron prestaciones económicas para la incapacidad laboral y, dentro de ellas, pensiones otorgadas de acuerdo con el porcentaje valorado de la correspondiente pérdida de la capacidad de trabajo.
En efecto, por medio del Acuerdo 155 de 1963, expedido por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que en el cargo se enuncia...
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