SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 35677 del 25-03-2008
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de expediente | T 35677 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Fecha | 25 Marzo 2008 |
TUTELA 35677
J.V.G.C. Y OTROS
IMPUGNACION
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS
Magistrado Ponente:
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
Aprobado Acta No. 063
Bogotá, D.C, veinticinco (25) de marzo de dos mil ocho (2008)
VISTOS
Procede la Sala a pronunciarse acerca de la impugnación interpuesta a través de apoderado por el señor JUAN VICENTE GOMEZ CASTRELLON y otros, respecto de la decisión adoptada el 1 de febrero de dos mil ocho (2008), por la Sala de Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por cuyo medio negó la tutela promovida en contra de la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la presunta amenaza al desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso.
LA DEMANDA
Actuando a través de apoderado, JUAN VICENTE GOMEZ CASTRELLON, NEHEMÍAS RIVAS BARONA, AUCILIER DE J.A.S., L.P.Q., R.T.O., D.V.Z., L.G.T., M.R., OLMES DURÁN IBAGUEN, H.A.S., HERNÁN LOAIZA QUINTERO, R.C.G., CESAR AUGUSTO ARBOLEDA, J.R.R., I.H.P., RAMIRO MANTILLA VÉLEZ, F.M.D., JOSÉ JAIME CALDERÓN GÓMEZ, J.T.V., E.P., N.C.B., TITO PAREDES REINA, J.G.C., L.C.R., CARLOS SALGUERO BERMÚDEZ, J.A.M.P., J.B.I., W.R.R., HÉCTOR CASTILLO CÓRDOBA, J.G.S., IGNACIO LEMUS POTES, C.L.O., V.P.B., EDWIN ZAPATA RESTREPO, E.Z.B., ÁLVARO MORALES MAYA, E.V.J., Á.R.M., J.C.V.M., D.R.B., JAIME ANAYA MORELOS, D.C.B., JOSÉ HURTADO PAZ, G.R.G., JOSKIN MANOSALVA AHUMADA, H.Y.E., W.E., G.S.V., F.T.P., GIANCARLO DAMATO FORERO, O.M.M., JULIO RAMÍREZ LAINO, JORGE GUTIÉRREZ LOAIZA, J.M.H., JORGE EMILIO VÁSQUEZ MOLINA, G.J.R.C., EVERT HURTADO PAZ, A.A.P., M.P.G., PERLAZA MONTAÑO, P.L.C., R.B.Q., D.H.B.R., JAVIER ESTUPIÑÁN ESTUPIÑÁN, J.G.M., ROBERTO RAMÍREZ MUNIVE, R.C.R., O.R.G., D.G.A., C.P.R., YESID VARGAS CUENCA, H.M.S., R.E.G., EFRAÍN GUERRERO SÁNCHEZ, J.Á.L., NORBERTO QUIROGA POVEDA, N.J.Q., R.R. MERCADO, LUIS HORACIO RESTREPO MARTÍNEZ, J.L.V.T., G.G.C., A.C.R., ANDRÉS CONTRERAS PORTO, J.P.A., CARLOS RENDÓN AGUDELO, J.F.B., J.R.P., A.U.C.E., J.D.R., JORGE CAICEDO ROSERO, E.D.R., G.C.D., A.G.R., F.G.I., G.S.V., R.M.S., MARU LEIVA ASTAIZA, M.M.A., WILLIAM GIL PERÉNQUEZ, G.G.M., GERMÁN VÁSQUEZ SÁNCHEZ, O.C.A., LUIS LÓPEZ GÓMEZ, U.P.Q., LUIS ÑAÑEZ DUARTE, G.G., H.F.G., J.R.G., HÉCTOR GARCÍA BENGOECHEA, M.J.M., JAIME SALGUERO PÉREZ, P. DUQUE DUQUE, W.T.E., GUSTAVO MELÉNDEZ DÍAZ, JULIO O.M., JAVIER GONZÁLEZ SANDOVAL, E.M.B.G., E.R.M., E.E.C., RAMEL MARRUGO CASTRO, A.B.S., FORTUNATO SÁNCHEZ YAROE, L.F.A.P., L.V.L., RICARDO GONZÁLEZ DURANGO, J.L.M., WILLIAM VALENCIA DÍAZ, J.J.P.G., MIGUEL VILLARREAL ARCHILA, O.G.B., EVERT RAMÍREZ ESTUPIÑÁN, F.L.L., HÉCTOR GIRALDO VELAZCO, R.C.R., GILBERTO, GILBERTO SÁNCHEZ MONSALVE, NIEXI GARCÍA LÁMELA, VÍCTOR PALMERA QUINTANA, JULIO OLIVARES AMARIS, MARLON RODRÍGUEZ CASTRO, JEITER URIBE QUINTERO, F. DUQUE DUQUE, DANIEL SEGURA RODRÍGUEZ, R.G.B., ANGELMIRO CÁCERES GARCÍA, H.C.M., JOSÉ MONTENEGRO JARAMILLO, J.C.G.F., J.C.M.C., CARLOS MARIO VALENCIA, G.T.R., J.M., JOSÉ CORREDOR IBAGUÉ, R.P.C., JUAN JOSÉ MARTÍNEZ VEGA, H.O.J., ULISES MALKUN BERNADES, P.P.R., J.Á. CASAS, J.R.E. y J.C.Y., interponen demanda de tutela en contra de la Presidencia de la República y el Ministerio de relaciones Exteriores.
El fundamento lo constituye el considerar que el P. de la República ha venido eludiendo su obligación de solicitar el condicionamiento imperativo, o por lo menos de exigir a los Estados Unidos de América la obligación y garantía en la cual se determine que el extraditado va a ser procesado únicamente por los hechos que motivaron la petición de extradición, lo que ha generado que el Estado requirente haya condenado a algunos extraditados por hechos distintos por los que fueron requeridos, como sucedió en “el caso de los plataneros” donde Gabriel Consuegra Martínez, G.C.A. y Fabián Dacarett Yidi, quienes fueron entregados en extradición y estando en territorio ajeno fueron obligados a aceptar cargos distintos bajo la amenaza de afrontar un proceso cuya duración iría “sobre los siete años”, situación que también le puede ocurrir a JUAN VICENTE GÓMEZ CASTRELLON quien es persona humilde, cuenta con 70 años de edad y está detenido desde hace más de 30 meses, toda vez que el Gobierno, al igual que en casos anteriores no solicitó el condicionamiento para que no se le vaya a juzgar por un hecho distinto al que motivó la solicitud de extradición, situación que sin duda alguna vulnera el debido proceso, toda vez que está en la obligación de exigir el condicionamiento que impone el artículo 494 del Código de Procedimiento Penal.
Afirma que dentro del proceso de extradición, la petición de garantías es un acto exclusivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cuyo trámite no existe actuación alguna por parte del extraditado ni su defensor. No obstante, con el fin de demostrar que el Gobierno viene vulnerando de manera abierta y a conciencia su obligación de requerir y exigir el condicionamiento o garantía reclamado, acompaña como prueba un derecho de petición suscrito por una abogada dentro del trámite de extradición que se adelantó en contra de otro ciudadano, en el cual el Ejecutivo vulneró el debido proceso.
Su pretensión se encamina a que se suspendan los actos de entrega en extradición, hasta tanto el Gobierno Colombiano remedie en forma positiva su actuación frente a las extradiciones solicitadas y exija las garantías acordes con el estatuto Procesal Penal.
LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, concluyó con la negativa del amparo al considerar que de las pruebas aportadas a la acción se estableció que los procesos de extradición de los 160 accionantes han estado precedidos del cumplimiento íntegro de la normatividad penal que rige la materia, ya que en...
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