SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002018-00415-01 del 09-05-2018

n.° 11001-02-04-000-2018-00415-01

MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada ponente

STC5973-2018

Radicación n.° 11001-02-04-000-2018-00415-01

(Aprobado en sesión de dos de mayo de dos mil dieciocho)

Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

Se decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 6 de marzo de 2018, mediante la cual la Sala de Casación Penal de esta Corporación negó la acción de tutela promovida por Jimmy Leonardo Herrera Hernández en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, vinculándose al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Palmira y a las partes e intervinientes en el juicio n°. 2010-00393 que cursa en su contra.

ANTECEDENTES

1. El gestor demandó la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, «libertad» y «presunción de inocencia», presuntamente vulnerados por la autoridad acusada.

2. Arguyó, como sustento de su reclamo, en síntesis, que:

2.1. En audiencia realizada el 19 de diciembre de 2012 dentro del radicado n°. 2010-00393 se le imputó el punible de «TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE [DE] ESTUPEFACIENTES», sin imponérsele «medida de aseguramiento»; y el juzgado vinculado profirió fallo el 6 de julio de 2017 absolviéndolo; determinación que fue apelada «por la Fiscalía Delegada y la Procuraduría Judicial Penal».

2.2. El 14 de noviembre de 2017 el Tribunal recriminado dictó sentencia revocando la decisión y lo condenó a la pena principal de 6 años de prisión, al hallarlo penalmente responsable del citado delito y ordenó su captura; también precisó que contra dicha providencia solamente «procede el recurso de casación».

2.3. Su defensor solicitó la «Nulidad Relativa» a fin de que se revocara el numeral que dispuso que «contra esa decisión sólo procedía el recurso Extraordinario de Casación», y se permitiera la formulación de la «apelación» a fin de garantizarle la doble instancia; igualmente, para que se cancelaran «las órdenes de captura emitidas en [su] contra», por considerar que estas «sólo procederían en caso de […] confirmar[s]e la sentencia condenatoria».

2.4. En proveído de 23 de enero de 2018 el magistrado ponente ordenó «notificar a las partes e intervinientes que contra dicha sentencia procede recurso de apelación, el cual se podrá interponer dentro de los cinco días siguientes a la notificación de es[e] auto»; y referente a la petición de «cancelación de la orden de captura», adujo que «ello no es posible dado que en la sentencia no se le concedió sustitutivo alguno».

2.5. Su mandatario judicial oportunamente interpuso y sustentó el «recurso de apelación».

2.6. Aduce que la Corporación querellada incurrió en «defecto procedimental absoluto» al ordenar «la expedición inmediata de las órdenes de captura en [su] contra, sin que se haya surtido el RECURSO DE APELACIÓN; es decir, sin que la sentencia condenatoria estuviera en firme y sin analizar y argumentar conforme los diferentes lineamientos jurisprudenciales, la necesidad de la privación de la libertad», vulnerándole las prerrogativas superiores invocadas.

3. Pidió, conforme a lo relatado, se disponga, «la cancelación del requerimiento privativo de [su] libertad […], por no estar en firme el fallo que [lo] condenó» (ff. 1-13 cuad. 1).

4. Mediante auto de 27 de febrero de 2018, la homóloga de Casación Penal admitió la solicitud de protección (f. 52 ibíd.); y el 6 de marzo siguiente negó el amparo (ff. 87-95 ib.), siendo impugnado por el quejoso (f. 100-104 ib.).

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS

1. El magistrado ponente de la Colegiatura censurada manifestó atenerse a los fundamentos consignados en las decisiones cuestionadas, de 14 de noviembre de 2017, que desató la alzada presentada contra la sentencia absolutoria de 6 de julio de ese año; el auto de 22 de enero de 2018 que resolvió la petición de suspensión de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria; y, el proveído de 23 siguiente que se pronunció frente a la solicitud de conceder la apelación contra el fallo condenatorio (f. 67 cuad. 1).

2. El juez vinculado informó que el asunto con radicado 2010-00393 donde aparece como acusado el accionante fue remitido a la Sala Penal del Tribunal querellado el 25 de julio de 2017 para surtir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 6 de julio de ese mismo año mediante la cual fue absuelto (f. 61 cuad. 1).

LA SENTENCIA IMPUGNADA

La homóloga de Casación Penal negó el amparo, para lo cual, precisó que en el sub judice «es de plena aplicación lo previsto en el artículo 450 de la Ley 906 de 2004», que dispone que «si al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia. Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento», y que al interpretar esa norma esa Corporación expuso que «[p]or mandato del anterior precepto se hace necesario que los jueces observen que en los términos de la Ley 906 de 2004 la ejecución de la sentencia y las órdenes que en ella se imparten, especialmente cuando se condena a un procesado a pena privativa de la libertad y se le niegan subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo que la privación de la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del fallo» y que «Excepcionalmente el juez podrá abstenerse de ordenar la captura inmediata. En este caso recae sobre el servidor judicial una carga argumentativa conforme la cual debe justificar amplia, razonada y...