SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 69889 del 17-10-2013
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Fecha | 17 Octubre 2013 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de expediente | T 69889 |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS
Magistrado Ponente
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Aprobado acta N° 348
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013).
V I S T O S
Se pronuncia la S. sobre la impugnación presentada por el accionante A.C.R., contra el fallo proferido el 23 de septiembre de 2013 por la S. de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través del cual negó por improcedente el amparo para los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el Ministerio de Transporte y la Secretaría Distrital de Movilidad.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El ciudadano A.C.R. promueve demanda, en procura de amparo para los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad que estima conculcados por el Ministerio de Transporte y la Secretaría Distrital de Movilidad.
En sustento del amparo pretendido, refiere el actor que conduce un vehículo de servicio particular y es portador de la licencia de conducción No. 11001-0639646 de categoría 04, la cual se encentra vencida para el servicio público desde el 10 de octubre de 2006, sin que al respecto se le hubiese indicado por alguna autoridad de tránsito la prohibición de conducir vehículos particulares con el documento en esas condiciones.
Aduce que a través de los diferentes medios de comunicación el Ministerio de Transporte anunció que quienes porten licencias de conducción de servicio público vencido, debían renovarlas, habiendo autorizado realizar operativos pedagógicos hasta el 15 de octubre del año en curso, respecto de los ciudadanos que presenten las licencias antiguas de categorías 04, 05 y 06 ó C1, C2 y C3.
Igualmente, manifiesta que en respuesta a consulta presentada ante el Ministerio de Transporte en mayo del presente año, se le informó que la Ley 769 de 2002, conservó la disposición en virtud de la cual las licencias de conducción de servicio particular eran indefinidas, por lo que considera que quienes porten licencias de conducción de servicio público vencidas, pueden conducir vehículos de servicio particular sin restricción alguna.
Igualmente, alude que tiene derecho a la sustitución gratuita señalada en la ley, toda vez que porta licencia de conducción categoría 04 vigente para el servicio particular y no cumple las condiciones técnicas señaladas por la ley citada, ni la Resolución 623 de 2013 expedida por el Ministerio de Transporte, sin embargo, al solicitar dicho trámite le advirtieron que debe cancelar la suma de $ 152.800 por concepto de exámenes médicos en un centro de reconocimiento de conductores, de tal suerte que a partir del 15 de octubre del año que avanza, no podrá conducir su vehículo particular.
De esta manera, considera que con el actuar de los demandados, se están amenazando los derechos fundamentales invocados, dado que cumple los presupuestos señalados en el parágrafo 1º, artículo 17 del Código Nacional de Tránsito, modificado por el artículo 2º de la Ley
1383 de 2010.
En consecuencia, solicita que se ordene a los accionados suspender el proceso de renovación de las licencias de conducción de servicio público vencidas para quienes operan servicio particular, no se le exija renovar su licencia mientras conduzca un vehículo de servicio particular y, se le permita realizar dicho trámite gratuitamente.
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS
La Subdirectora de Tránsito del Ministerio de Transporte luego de referirse a la normatividad que regula las distinciones de los dos tipos de licencias de conducción existentes, se opone a las pretensiones de la demanda toda vez que ante el vencimiento de la licencia es necesario que el actor cumpla con los trámites de renovación.
Por su parte, la Directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Movilidad y la apoderada judicial de la Superintendencia de Puertos y Transporte, alegan falta de legitimación en la causa por pasiva.
FALLO IMPUGNADO
El Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo invocado, advirtiendo para ello que si lo pretendido por el actor es cuestionar la legalidad de la Resolución 623 del 7 de marzo de 2013, emitida por el Ministerio de Transporte, para ello cuenta con la acción de nulidad ante la jurisdicción contencioso administrativo, a efectos de plantear sus inconformidades, y en dicho proceso podrá solicitar la adopción de medidas tendientes a suspender su aplicación.
Además, precisó que como se contempla en el numeral 2º, artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la inviabilidad de la acción refulge evidente en el presente caso, por tratarse de un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, sin que se hubiesen acreditado presupuestos que estructuran el perjuicio irremediable.
Por último, destacó que frente a la vulneración al derecho a la igualdad, el actor no asumió la carga argumentativa que le correspondía, en tanto no señaló en qué caso especifico las entidades accionadas obraron en forma diferente, información que se requería para realizar el respectivo test de igualdad.
IMPUGNACIÓN
El accionante impugna el fallo de tutela proferido por la S. Penal del Tribunal Superior de Bogotá insistiendo en la procedencia del amparo, efecto para el cual retoma los argumentos de la demanda.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
De conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta S. para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, en tanto lo es en relación con la decisión adoptada por la S. Penal del Tribunal Superior de Bogotá de la cual es su superior funcional.
La acción de tutela fue concebida en la Constitución de 1991 como un mecanismo preferencial para brindar protección directa, inmediata y efectiva a los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades en ejercicio de sus funciones, o también por los particulares en los casos específicamente señalados en la ley.
Impera precisar, que en punto de la petición de protección constitucional elevada por el ciudadano A.C.R., su fundamento en esencia se centra en cuestionar las medidas contenidas en la Resolución 623 expedida el 7 de marzo de 2013 por el Ministerio de Transporte, a través de la cual se implementó el nuevo formato de licencia de conducción, valga decir, el objeto de la demanda es un acto general, impersonal y abstracto.
De esta manera, la improcedencia de la acción deviene evidente, porque así lo prevé el numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991:...
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