SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 23175 del 27-01-2009
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Tribunal de Origen | Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Fecha | 27 Enero 2009 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de expediente | T 23175 |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL
Radicación N°. 23175
Acta N°. 3
Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil nueve (2009).
Resuelve la Corte la impugnación presentada por Á..E. PUERTA CORREA, contra el fallo del 16 de octubre de 2008, proferido por la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, mediante el cual negó la acción de tutela promovida por el impugnante contra la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN.
ANTECEDENTES
Á.E.P.C. inició acción de tutela contra la
autoridad judicial mencionada, por su decisión proferida el 26 de
septiembre de 2001, dentro del proceso ejecutivo hipotecario que el Banco Colpatria S.A. le inició junto con D.P.G. Posada, mediante la cual, revocó la decisión del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín que declaró imprósperas las excepciones y decretó la venta en pública subasta del bien hipotecado, para en su lugar, cesar el proceso referenciado, levantar las medidas cautelares, terminar el proceso y condenar en costas de ambas instancias a la parte demandante, por considerar que con tal decisión se vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
El amparo constitucional fue solicitado con fundamento en que la decisión cuestionada no ordenó la cancelación del gravamen hipotecario, a pesar de estar reconocido en la misma, que fueron pagadas todas las obligaciones consagradas en el título hipotecario.
Solicita que se ordene la cancelación del título hipotecario que
originó el proceso ejecutivo que le inició el Banco Colpatria, para
que "la sentencia de segunda instancia cumpla cabalmente sus objetivos" (folio 19).
TRÁMITE IMPARTIDO
Mediante auto del 2 de octubre de 2008, la Sala de Casación Civil de la Corte asumió el conocimiento de la tutela; dispuso tener como pruebas las documentales aportadas con el escrito introductor; corrió traslado a la autoridad accionada y ordenó comunicar la iniciación de la acción al Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, al Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A., a D.P.G. y demás intervinientes en el proceso ejecutivo laboral, para que se pronunciaran si lo estimaban pertinente.
El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, dentro del traslado, allegó copia del fallo que profirió dentro del proceso ejecutivo hipotecario.
De otro lado, el apoderado judicial del Banco Colpatria allegó informe en el que solicitó se declare la improcedencia del amparo, por cuanto no se cumple con el presupuesto de inmediatez, además que mantener el gravamen hipotecario no implica vulneración de derechos fundamentales al petente.
La Sala de Casación Civil de esta Corporación, mediante sentencia del 16 de octubre de 2008, negó el amparo constitucional solicitado porque consideró que la decisión judicial cuestionada se pronunció el 26 de septiembre de 2001, circunstancia que pone en entredicho la urgencia de la salvaguarda constitucional.
Afirmó adicionalmente, que la jurisprudencia de esa Sala, ha determinado que, aunque no existe un plazo específico para el ejercicio de la acción de tutela, por su propia naturaleza y en consideración al objeto de la protección a que apunta, la interposición del amparo debe I. a cabo en un término que se avenga con la inmediatez que establece el artículo 86 de la
Constitución Política, con el objeto de que la decisión no sea tardía o extemporánea.
En su escrito de impugnación, el accionante, reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
La acción de tutela consagrada en la Carta Política, otorga facultad a cualquier persona para acudir ante los jueces, en todo momento y lugar, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de estirpe constitucional, por vulneración o amenaza de ellos frente a las acciones u omisiones de una autoridad pública o de particulares. No obstante, esta acción sólo procede cuando el afectado no disponga de otros recursos o medios de defensa judiciales, a menos que exista, probadamente, un perjuicio irremediable que haga imperioso el amparo constitucional como mecanismo transitorio.
En el presente asunto, le asiste razón a la Sala de Casación Civil de esta Corporación al denegar la tutela solicitada, porque se basa en el no cumplimiento por parte de la accionante de uno de sus presupuestos necesarios para que ese mecanismo constitucional, excepcional y residual, proceda, cual es la inmediatez en la presentación de la misma, y con mayor razón, si se trata de fallos judiciales.
En efecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la procedibilidad de la acción de tutela exige su interposición dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, como quiera que está concebida como un mecanismo diseñado para hacer cesar o evitar la violación de las garantías constitucionales, precisamente cuando el interesado se ve enfrentado a una lesión inminente o actual.
Es por ello, que corresponde al juez de tutela analizar bajo los criterios de razonabilidad, el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de la presunta vulneración del derecho y la interposición de la acción.
Como en este caso la providencia cuestionada fue proferida, como con acierto lo establece la Sala Civil de esta Corporación, el 15 de junio de 2005, es evidente que el tiempo que se tomó Á.E.P.C. para ejercer la acción de tutela resulta irrazonable, lo que, de por sí, conduce a la confirmación de la decisión de primera instancia.
Por tales motivos la decisión recurrida deberá confirmarse.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión impugnada.
SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ
ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN G.J.G.M.
EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ
CAMILO TARQUINO GALLEGO I.V.D.
MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA
Secretaria
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO G.J.G.M.
Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998:
"Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales...
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