SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 72779 del 24-05-2017
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Número de sentencia | STL7467-2017 |
| Número de expediente | T 72779 |
| Tribunal de Origen | Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Fecha | 24 Mayo 2017 |
G.B.Z.
Magistrado ponente
STL7467-2017
Radicación n.° 72779
Acta nº 18
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por E.A.S., mediante apoderado, contra el fallo proferido por la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, el 5 de abril de 2017, dentro de la acción de tutela que interpuso frente a la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, trámite al que fueron vinculadas el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de esta ciudad y las partes e intervinientes en el proceso que originó la queja.
- ANTECEDENTES
El accionante acudió al juez constitucional, con el propósito de obtener el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la vivienda digna, a la defensa, y al acceso a la administración de justicia, presuntamente quebrantados por las autoridades jurisdiccionales accionadas.
Adujo que desde el mes de diciembre del año 2003, posee el inmueble ubicado en la carrera 29 nº. 27-24 sur, de la actual nomenclatura de esta ciudad, cuya matrícula inmobiliaria corresponde al N° 50S-40412216, momento en que su compañera permanente C.I.C.R. lo adquirió por compra a C.T. de R., mediante escritura pública No. 4914 de 5 de diciembre de 2003, el cual fue afectado a vivienda familiar.
Afirmó que en octubre de 2007, su pareja abandonó el hogar y él continuó habitándolo en compañía de los hijos; que el 25 de julio de 2014 C.I. junto con su actual compañero, J.E.F.V., mediante escritura pública No. 5044, cancelaron la afectación a vivienda familiar; que los citados registraron como su dirección 29 nº. 27-24, lo que falta a la verdad, «pues en este inmueble reside mi poderdante y sus hijos».
Señaló que posteriormente se promovió proceso declarativo reivindicatorio, en el que propuso las excepciones que denominó nulidad de la escritura pública no. 5044 del 25 de julio de 2014 sobre cancelación afectación a vivienda familiar» y «falta de legitimación en la causa por activa, por nulidad de escritura pública no. 6353 de 19 de septiembre de 2014, al no cumplirse con la obligación de entrega de lo vendido», las cuales declaró probadas el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de esta ciudad; que la decisión fue recurrida en apelación y el Tribunal accionado la revocó.
Argumentó que la colegiatura criticada incurrió en vía de hecho por defecto procedimental porque en los términos del artículo 320 del CGP, no analizó las inconformidades del apelante y en cambio hizo «un análisis profundo sobre la calidad de poseedor que le asiste a mi poderdante sobre el inmueble objeto de las actuaciones, desechando los elementos y requisitos para que se configure tal atribución en él, CIRCUNSTANCIA JAMÁS ALEGADA POR LA PARTE RECURRENTE».
Que también incurrió en defecto fáctico porque no tuvo en cuenta la documentación allegada al expediente que demostraba que «dicha afectación fue levantada por C.I.C., incurriendo en Nulidad sustancial al no acatar los preceptos de la Ley 258 de 1996, que protege la vivienda familiar en particular la de su hijo menor de edad»; que el defecto sustancial se configura, porque no declaró la nulidad « manifiesta en la Escritura Pública No. 5044 de julio 25 de 2014, mediante la cual se cancela la afectación a vivienda familiar sin el lleno de los requisitos que la Ley exige».
Aseveró que el accionado incurrió en vía de hecho por indebida valoración probatoria, porque desconoció que tanto al accionante como a la demandante les asistía el derecho de dominio sobre el bien, toda vez que mediante escritura pública nº. 4.914 de fecha 5 de diciembre del año 2003, de la Notaría Cincuenta y Tres del Círculo de Bogotá, se constituyó una sociedad de hecho entre éstos, y se gravó el Inmueble objeto de la litis con afectación de vivienda familiar.
Con fundamento en lo narrado, pretende que se revoque la sentencia de segunda instancia, y en consecuencia, se ordene al juez de apelaciones dictar la sentencia que corresponda, teniendo en cuenta los medios de defensa y las pruebas aportadas; que además, se asegure de que la tenencia del bien inmueble objeto de la controversia le sea efectivamente restituida, porque con ello garantiza la vivienda de sus hijos.
- TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA
Dentro del término de traslado el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá, además de remitirle a la Sala de Casación Civil, en calidad de préstamo, el expediente del proceso reivindicatorio, manifestó que la sentencia que profirió el 21 de octubre de 2016 la revocó el superior el 9 de febrero de 2017
No hubo más pronunciamientos.
Mediante fallo del 5 de abril de 2017, la Sala de Casación Civil resolvió denegar la protección solicitada, tras considerar que estudiado el expediente del proceso y escuchado el CD que contiene el fallo de segunda instancia atacado, no se advierte la vulneración de los derechos fundamentales invocados, en la medida que la colegiatura accionada examinó razonablemente la actuación, lo cual descarta un actuar irregular producto de su exclusiva voluntad.
III. IMPUGNACIÓN
Además de reiterar los argumentos del escrito inicial, solicitó que se decrete la suspensión de la orden impartida por el Tribunal accionado, respecto a que «E.A.S. restituya el inmueble objeto del proceso reivindicatorio […], que es [su] lugar de habitación junto con sus hijos entre los cuales se encuentra un menor de edad»; que se proteja al citado menor y se ordene que su progenitora «entre a mediar la situación que puso en peligro su lugar de habitación al desplegar acciones presuntamente ilegales».
IV. CONSIDERACIONES
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
El amparo suplicado, en esencia, tiene como fundamento la inconformidad de la parte accionante frente a la valoración probatoria realizada por el Tribunal, que concluyó en un fallo adverso a sus intereses, pues estima que desconoció el acervo probatorio que acreditaba que tanto al accionante como a la demandante C.I.C.R. les asistía el derecho de dominio sobre el bien, toda vez que mediante escritura pública nº. 4.914 de fecha 5 de diciembre del año 2003, de la Notaría Cincuenta y Tres del Círculo de Bogotá, constituyeron sociedad de hecho, y que además gravaron el Inmueble objeto de la litis con afectación de vivienda familiar.
Al respecto debe decirse, en primer lugar, que el amparo constitucional no es procedente para controvertir la valoración probatoria en la que las autoridades judiciales apoyan sus decisiones, pues por mandato constitucional y legal están revestidos de autonomía en la formación de su convencimiento, del cual bien se puede discrepar, pero no por ello configura violación de derecho fundamental alguno. El juez de tutela no es otra instancia que...
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