SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1300122130002021-00172-02 del 04-06-2021
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
| Fecha | 04 Junio 2021 |
| Número de expediente | T 1300122130002021-00172-02 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Civil - Familia de Cartagena |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de sentencia | STC6516-2021 |
H.G.N.
Magistrada ponente
STC6516-2021
Radicación nº 13001-22-13-000-2021-00172-02
(Aprobado en sesión virtual de dos de junio de dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021).
Desata la Corte la impugnación del fallo proferido el 12 de mayo de 2021 por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la tutela que la Compañía Promotora 47 S.A.S. le instauró al Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa urbe, extensiva a Procurador 26 Judicial II para Asuntos Administrativos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Alcaldía Distrital, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, la Inspección de Policía n° 2 y el Juzgado Décimo Segundo Administrativo, todos de la misma ciudad.
ANTECEDENTES
1.- La libelista, a través de apoderado, reclamó la protección de los derechos al «debido proceso y acceso a la administración de justicia» para que, en consecuencia, se ordenara «dejar sin efecto las providencias del 10, 17 y 24 de febrero de 2021 y, en su lugar se declare incompetente para conocer el asunto».
En sustento, narró que G.F.R., en calidad de Procurador 26 Judicial II para Asuntos Administrativos, formuló acción de cumplimiento en su contra y del Distrito de Cartagena, de la que conoció inicialmente el Juzgado Décimo Segundo Administrativo de esa sede (3 feb. 2021), quien declaró «equívocamente» no tener jurisdicción «al versar la queja sobre un asunto urbanístico y la remitió a la jurisdicción civil».
A., que el juzgado acusado admitió la demanda (rad. 021-00027-00), a la que la vinculó, junto con la Inspección de Policía n° 2 de Cartagena y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (10 feb. 2021), sin advertir su «falta de competencia», porque, en su criterio, «le corresponde únicamente al juez administrativo».
Indicó que inconforme interpuso recurso de reposición, rechazado bajo el argumento que «conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 393 de 1997, aplicable en lo no regulado por la Ley 388 de 1997, salvo la sentencia y el auto que deniegue la práctica de pruebas, las providencias que se dicten en el trámite de la acción de cumplimiento carecen de recurso» (17 feb.).
Señaló que «la aplicación supletoria de la Ley 393 de 1997 en las acciones de cumplimiento reguladas por la Ley 388 de 1997» era un asunto nuevo no definido en el proveído impugnado, por lo que nuevamente acudió en reposición contra este, herramienta que también fue «rechazada de plano» (24 feb.).
Alegó defecto procedimental absoluto, en tanto el estrado encartado «asumió el conocimiento del proceso sin competencia para ello» y sustantivo «por indebida aplicación de una norma (…) y por error grave de interpretación».
2.- El Juzgado Décimo Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena pidió denegar la guarda, dado que no se materializó transgresión alguna a las prerrogativas de la impulsora.
El Noveno Civil del Circuito allegó el enlace del juicio debatido para su inspección, al que, afirmó, ha impartido el trámite especial «teniendo en cuenta la competencia especial y excepcional para acciones de cumplimiento en materia urbanística asignada a los Jueces Civiles del Circuito en los términos del artículo 116 Numeral 1 de la ley 388 de 1997 se admitirá la presente acción y se dará aplicación concordante en lo no regulado por dicha preceptiva a la ley 393 de 1997».
La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural y la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, adujeron falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no se evidenció vulneración de garantía alguna de su parte.
La Inspección de Policía n° 2 de Cartagena sostuvo que «en el fallo policivo que profirió el 9 de octubre de 2018 contra la PROMOTORA 47 S.A.S. le ordenó restituir 619,59 mts2 de antejardín que corresponden a espacio público, pero dicha sociedad no ha cumplido ese mandato, ni ha sido posible contar con el apoyo del Distrito de Cartagena para efectuar una ‘diligencia de demolición’ que permita recuperar el área ocupada de manera irregular».
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACIÓN
El a quo negó el auxilio, en tanto halló razonables los pronunciamientos reprochados.
La gestora apeló exponiendo los mismos planteamientos inaugurales, agregando que, en su opinión, el Tribunal estaba en la obligación de dirimir el fondo del asunto, porque en el veredicto no realizó mayores reflexiones al respecto y tampoco respondió los argumentos presentados en el resguardo.
CONSIDERACIONES
1.- De la evidencia allegada al plenario, ab initio se advierte el fracaso de la salvaguarda y la consiguiente convalidación de lo combatido, porque avizora la Sala que los interlocutorios por medio de los cuales el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, «admitió la demanda de acción de cumplimiento y rechazó los recursos de reposición contra tal providencia», en el expediente n° 021-00027-00, no fueron el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jurídico o de la realidad procesal, sino que para ello tuvo en cuenta la normatividad que rige el caso.
En efecto, avocó el conocimiento de la «acción de cumplimiento» instada por el Procurador 26 Judicial II para Asuntos Administrativos contra el Distrito de Cartagena y la accionante (10 feb. 2021), porque concluyó que era el competente para ello y que el libelo introductorio reunía las «exigencias de ley».
Para ello, partió del hecho que,
«las Resoluciones No. 001 del 09 de octubre de 2018 proferida por la Inspectora de Policía de la Comuna Nº. 2, así como las Resoluciones 7589 del 26 de octubre de 2018 y 7629 del 26 de octubre de 2018 proferidas por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito de Cartagena, hacen alusión a la afección de los bienes de interés cultural y a la vulneración de...
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