SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 94257 del 11-08-2021
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN LABORAL |
| Número de sentencia | STL10454-2021 |
| Fecha | 11 Agosto 2021 |
| Tribunal de Origen | Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de expediente | T 94257 |
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado Ponente
STL10454-2021
Radicación no 94257
Acta nº 30
Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Corte la impugnación interpuesta por MIGUEL ÁNGEL ESCOBAR DÍAZ a través de apoderado judicial, contra la sentencia emitida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL de fecha 14 de julio de 2021, dentro de la acción de tutela promovida por la parte recurrente, en contra de la SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO, trámite que se hizo extensivo a las partes y los intervinientes del juicio civil a que alude en el escrito de tutela identificado con el radicado 50001310300220140006501.
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ANTECEDENTES
El promotor del resguardo, en su propio nombre, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, acceso a la libre administración de justicia, debido proceso e igualdad de las partes, al considerar, que fueron desconocidos por parte de la autoridad judicial invocada.
De lo alegado por la actora en su ambiguo escrito genitor y de las pruebas obrantes en el plenario, se logra extraer, que el hoy invocante fue demandado por la señora N.Á.A., quien pretendió «que se declare que existió una sociedad de hecho entre concubinos desde el primero (1º) de marzo de mil novecientos ochenta y tres (1983), hasta el primero (1º) de diciembre de dos mil nueve (2009), así como su disolución y su liquidación» (f.º 1 sentencia de 2ª).
Que el proceso fue conocido inicialmente, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villaviencio, quien a través de audiencia pública celebrada el 14 de diciembre de 2017, emitió sentencia de primer grado denegando las pretensiones del petitorio.
Que inconforme con la anterior determinación, la parte activa la apeló, y el Tribunal fustigado, a través de sentencia de fecha 4 de junio de 2021, revocó la decisión del a quo, para en su lugar declarar:
[…] que entre los señores N.Á.A. y Miguel Ángel E.D. existió una sociedad de hecho, entre enero de mil novecientos ochenta y cinco (1985), hasta el primero (1º) de diciembre de dos mil nueve (2009). En consecuencia, en estado de disolución y liquidación.
TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito propuestas por el demandado, según precisa el argumento.
CUARTO: CONDENAR en costas procesales en ambas instancias a la parte demandada, regulando las agencias en derecho en este grado de conocimiento en dos millones de pesos ($ 2.000.000, oo M/Cte.), según los parámetros del Acuerdo No. 1887 de 2003, aplicable para el momento de presentación de la demanda. No obstante, la liquidación deberá seguir las directrices consagradas en el artículo 366 del compendio procesal civil vigente. (fs.º 13 a 14).
Censuró el promotor, que el colegiado encausado con la decisión adoptada en precedencia, incurrió en una vía de hecho, al no efectuar una adecuada valoración del material probatorio, y que tal circunstancia, desconoce las prerrogativas constitucionales conculcadas, en tanto, «peligra mi futuro, como mi modesto único patrimonio, el cual vincule y clarifique a la fe pública, y a dicha señora , y por invención extraña de los accionados, me veo precisado a acudir a esta instancia especial constitucional, máxime que omiten vincular, la propiedad común que figura en cabeza de la accionada, ubicado en el barrio La Vega, carrera 32 A No. 5-23 donde vive regularmente la accionante, y no en mi vivienda, pues la comparto es con una hija común , y no ella propiamente dicha.» (f.º 8)
C. solicitó, que se deje sin valor y efectos la sentencia emitida por el órgano judicial reprochado, de fecha 04 de junio de 2021.
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TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA
Mediante proveído de 2 de julio de 2021, la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, admitió la acción, dispuso su notificación para garantizar el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción, vinculó a todas las partes y terceros intervinientes dentro del proceso judicial motivo de resguardo constitucional.
Dentro del término dispuesto por el a quo constitucional, la apoderada de la señora N.Á., se pronunció frente a las formulaciones pretendidas por el invocante, y solicitó, que se declarara la improcedencia del presente trámite, al advertir que se incumple con los requisitos de procedibilidad; como sustentó expuso:
Ahora si el señor accionante pretende que se incluya un bien que presuntamente el dice pertenece a la señora Álvarez Ariza dicha petición debió efectuarla dentro del proceso principal y no es esta la instancia para alegar posibles circunstancias que por desidia y desatención al trámite procesal no alegaron en la oportunidad y en la instancia respectiva, así mismo es dejar claro que esa a través de un certificado de libertad y tradición el documento idóneo para demostrar la titularidad y propiedad de un bien inmueble u no con simples manifestaciones engañosas puesto que el accionante es conocer que la señora N.Á.A. no tiene ni registra a su nombre bienes inmuebles de ningún tipo y que la afirmación que el accionante hace respecto al inmueble del barrio la Vega es direccionada a engañar al Magistrado instructor de la presente acción constitucional. (fs.º 1 – 9).
Las demás partes y vinculados guardaron silencio.
A través de fallo de fecha 14 de julio de 2021, la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, negó el amparo, argumentando que la decisión emitida dentro del proceso motivo de resguardo se profirió bajo las reglas de la razonabilidad, para lo cual dispuso:
[…]
Sobre el particular, se observa que el Tribunal accionado,...
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