SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 0500022130002023-00015-01 del 08-03-2023 - Jurisprudencia - VLEX 931036805

SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 0500022130002023-00015-01 del 08-03-2023

Sentido del falloREVOCA NIEGA TUTELA
EmisorSALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
Fecha08 Marzo 2023
Número de expedienteT 0500022130002023-00015-01
Tribunal de OrigenSala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia
Tipo de procesoACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA
Número de sentenciaSTC2182-2023

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Magistrado Ponente

STC2182-2023

Radicación n° 05000-22-13-000-2023-00015-01

(Aprobado en sesión del ocho de marzo de dos mil veintitrés)

Bogotá D.C., ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

La Corte decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 2 de febrero de 2023, con la cual se concedió el amparo invocado por E.P.P. contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó. Al trámite se vinculó a las partes e intervinientes en el proceso de liquidación de sociedad conyugal de radicado 2021-00565.

  1. ANTECEDENTES

1. La promotora –a través de apoderado- reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, igualdad y acceso a la administración de justicia. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene:


2. Ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó se adelantó el proceso de liquidación de sociedad conyugal mencionado, promovido por G.M.C. contra E.P.P.. El estrado judicial -con auto del 26 de mayo de 2022-[1] fijó para el 4 de agosto siguiente, llevar a cabo la audiencia de inventarios y avalúos.

2.1. Arribada la calenda referida, el apoderado de la demandada solicitó aplazamiento de la diligencia a través de correo electrónico[2]. El despacho le respondió veinte minutos más tarde por el mismo medio[3], informándole que aceptaba lo peticionado e indicándole que esta quedaba reprogramada para el 8 de septiembre siguiente a las 2 pm.

2.2. El abogado de la parte pasiva pidió información acerca de qué había sucedido con la mentada actuación; sin embargo, no recibió respuesta. Por este motivo, el 23 de septiembre ulterior, fue con su poderdante a las instalaciones del Juzgado para averiguar qué había sucedido. Allí le comentaron que la audiencia se desarrolló en la fecha prevista y, como no hubo objeciones a los inventarios y avalúos, estos fueron aprobados.

2.3. En vista de lo anterior, con memorial radicado el mismo día[4], la demandada presentó incidente de nulidad, el cual fue negado con providencia del 25 de octubre de 2022[5].

2.4. Inconforme, el incidentante interpuso recurso de reposición y, en subsidio apelación[6]. No obstante, la autoridad citada -con auto del 5 de enero de 2023-[7] resolvió rechazar por extemporáneos los recursos.

2.5. Así las cosas, la promotora adujo que la agencia judicial celebró la audiencia de inventarios y avalúos sin que previamente hubiera programado y notificado en debida forma. Instó que se le ordene al Juzgado accionado que reprograme la audiencia de inventarios y avalúos.

  1. RESPUESTAS RECIBIDAS

1. El Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó[8] apuntaló que no es cierto que no se haya notificado el auto de reprogramación de la audiencia de inventarios y avalúos, comoquiera que este fue remitido al correo electrónico del representante judicial de la aquí recurrente, procedimiento permitido por el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022. Asimismo, resaltó que la quejosa interpuso extemporáneamente el recurso de reposición y apelación contra el proveído que denegó la solicitud de nulidad, por tanto, señaló que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad.

2. El apoderado de G.M.C. Cuadrado[9] solicitó que fuera declarado improcedente el resguardo, habida cuenta que la promotora impetró por fuera de término los medios impugnatorios con que contaba para atacar la determinación del 25 de octubre de 2022.

III. LA SENTENCIA IMPUGNADA

''>El a quo >constitucional concedió el amparo. Ordenó que se deje sin efectos todas las actuaciones surtidas desde el 4 de agosto de 2022 dentro de la causa natural. Y dispuso que se fije nueva fecha para la audiencia de inventarios y avalúos. En sustento de lo anterior, manifestó que la autoridad judicial confutada incurrió en defecto procedimental, por cuanto «celebró una audiencia de inventarios y avalúos que en ningún momento fue previamente programada mediante providencia judicial debidamente notificada», inobservando de esta forma lo establecido por los artículos 279 y 295 del C.G.P.

IV. LA IMPUGNACIÓN

La presentó el titular del Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó. Reiteró que el resguardo no cumple con el requisito de la subsidiariedad. Lo anterior, toda vez que la gestora desperdició los medios procesales con que contaba para atacar la determinación que negó el incidente de nulidad por indebida notificación.

V. CONSIDERACIONES

1. En el asunto sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales de la actora, con ocasión del presunto yerro en que incurrió la autoridad judicial accionada al momento de fijar fecha en que se surtiría la audiencia de inventarios y avalúos.

2. De entrada se advierte que la decisión del a quo constitucional habrá de ser revocada. Y, en su lugar, se declarará la improcedencia de la súplica.

3. Escrutado el material probatorio, se observa que no se cumple con el presupuesto general de la subsidiariedad exigido en esta senda extraordinaria. Ello pues, la promotora presentó de manera extemporánea los recursos con que contaba para atacar el auto del 25 de octubre de 2022[10], con el cual se negó el incidente de nulidad intentado de cara a la audiencia de inventarios y avalúos, el cual fue fundamentado en una indebida notificación de la determinación que estableció la data en la que esta diligencia tendría lugar, argumentos que reitera en este escenario constitucional.

Lo expuesto evidencia que la incuria en la utilización de los medios impugnatorios para atacar los desacuerdos frente a la determinación del juez, imposibilitan el uso de esta senda constitucional, aún más si se tiene en cuenta que no es la dirección para redimir oportunidades legales fenecidas pues, no interponerlas o ejercerlas indebidamente, conlleva a que las partes involucradas en la determinación estén sometidas a sus efectos contrarios, en la medida que son la consecuencia de su dejadez[11].

4. Para terminar, y a pesar de la loable argumentación del a-quo constitucional, deviene imperioso subrayar que el juez constitucional no puede arrogarse la competencia para entrar a discernir si la nulidad propuesta en el pleito natural era pertinente, relevante o si estaba debidamente encausada pues, precisamente, toda discrepancia que tengan las partes deben ser ventiladas en desarrollo del litigo y ante la autoridad cognoscente, quien es la llamada a resolver de fondo los reproches e inconvenientes que acaezcan. Sumado a que...

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