SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002023-01470-00 del 17-05-2023
| Sentido del fallo | NIEGA TUTELA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
| Número de sentencia | STC4708-2023 |
| Fecha | 17 Mayo 2023 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA |
| Número de expediente | T 1100102030002023-01470-00 |
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
STC4708-2023
Radicación n°. 11001-02-03-000-2023-01470-00
(Aprobado en sesión del diecisiete de mayo de dos mil veintitrés).
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
La Corte decide la acción de tutela promovida por Y.C.Z.M. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad. Al trámite se dispuso vincular al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de S.M., a Central de Inversiones CISA S.A. y a la Alcaldía de la Localidad 2 «Histórica R. de B.» de Santa Marta.
- ANTECEDENTES
- La gestora demanda la salvaguarda de sus garantías superiores al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulneradas en el juicio de radicado 47001310300220150010300 (01/02)
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes:
2.1. Central de Inversiones S.A. promovió un proceso ejecutivo mixto contra la tutelante, en el que, el 24 de junio de 2005[1], el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de S.M. ordenó continuar con la ejecución, decisión que fue ratificada en segunda instancia el 1 de agosto de 2006[2].
2.2. El 22 de febrero de 2018[3], el inmueble con folio de matrícula inmobiliaria 080-10455 fue adjudicado a la ejecutante y, el 14 de febrero de 2019[4], el Juzgado accionado comisionó al Alcalde Local 2 – Localidad Histórica Rodrigo de B. para su entrega, comisión radicada por la interesada en ese Despacho el 26 de marzo de 2019.
2.3. El 18 de octubre de 2021[5], la demandada solicitó la declaración de desistimiento tácito, pues habían trascurrido más de dos años desde la última actuación.
2.4. El 10 de noviembre de 2021[6], la Alcaldía comisionada realizó la diligencia de entrega, que fue suspendida.
2.5. El 6 de abril de 2022[7], el Jugado convocado negó la solicitud de desistimiento tácito, determinación que fue confirmada por el Tribunal accionado el 7 de marzo de 2023.
- La parte actora censura que se haya negado la declaratoria del desistimiento tácito, pues desde el 6 de marzo de 2019, que la demandante retiró el oficio del despacho comisorio, no realizó gestión alguna para su materialización, habiendo trascurrido más de 2 años y 4 meses de inactividad en el proceso
- Conforme a lo relatado, pretende que se decrete el desistimiento tácito en el proceso cuestionado
II. RESPUESTAS RECIBIDAS
1. La Sala accionada se remitió a los argumentos plasmados en su providencia, indicando que está ajustada a derecho y que no vulneró derechos fundamentales.
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta informó que remitió el proceso al Juzgado Segundo homólogo desde el año 2015.
3. Central de Inversiones S.A. alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, por la compraventa de la obligación realizada Compañía de Gerenciamiento de Activos S.A. el 6 de julio de 2007. Por su parte, la apoderada de esa sociedad en el proceso cuestionado defendió la legalidad de la providencia que negó el desistimiento tácito.
III. CONSIDERACIONES
1. En el sub examine, la gestora pretende la protección de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados con los autos que negaron la solicitud de desistimiento tácito por ella presentada.
2. Revisadas las actuaciones del proceso rebatido, se advierte que, el 7 de marzo de 2023, el Tribunal accionado confirmó el auto que negó el desistimiento tácito, advirtiendo que la finalidad de esta figura era «evitar la inactividad indefinida de los procesos en los despachos, a espera de que la parte interesada efectúe la actividad que procesalmente le corresponde», por lo cual, para su aplicación, resultaba imperioso verificar que se hubiera impuesto una carga a la parte procesal que promovió el trámite, pues esta no opera cuando la actividad está a cargo del juez o de la contraparte, y que el acatamiento de esa imposición sea indispensable para proseguir con el trámite, sin que dicha obligación pueda ser asumida por el juez.
Para el caso concreto, luego de citar el literal b, del numeral 2 de la norma up supra[8], el Tribunal precisó que el 26 de marzo de 2019 la ejecutante radicó en la Alcaldía el oficio de la comisión ordenada para la entrega del bien adjudicado, de manera que el proceso estuvo en inactividad por el término de 2 años, no obstante, destacó que ello no sucedió mientras el expediente estaba en la Secretaria del Despacho cognoscente, pues el asunto se encontraba a cargo de la autoridad comisionada para la diligencia.
Aunado a lo anterior, consideró que las actuaciones desplegadas por el comisionado el 12 y 15 de octubre de 2021 (fijación de aviso y solicitudes de acompañamiento para realizar la entrega del inmueble), habían interrumpido el término para dar paso al reclamado desisitimiento tácito, presentado el 18 de octubre de 2021.
3. Como se observa, la determinación cuestionada, independientemente de que se compartan o no todos sus argumentos, fue proferida después de haberse realizado una valoración motivada de las actuaciones surtidas y de la normatividad aplicable, bajo una hermenéutica plausible que no luce irrazonable y, por tanto, no habilita la intromisión del juez constitucional.
3.1. Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC11191-2020, además de determinar cuáles son las actuaciones relevantes en el proceso para evitar que se configure la inactividad que contempla el artículo 317 del Código General del Proceso, en cuanto a lo que interesa al tema debatido, señaló que:
En el supuesto de que el expediente «permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación (…) en primera o única instancia», tendrá dicha connotación aquella «actuación» que cumpla en el «proceso la función de impulsarlo», teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo…
Si se trata de un coercitivo con «sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución», la «actuación» que valdrá será entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las «liquidaciones de costas y de crédito», sus actualizaciones y aquellas encaminadas...
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